El título de estas notas es una afirmación del doctor Ricardo M. Rojas que recoge su preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno argentino debido a la pandemia. Es una preocupación y denuncia que también compartimos en Venezuela.
Con ocasión de esta pandemia todos los gobiernos, con pocas excepciones, han adoptado medidas similares que incluyen aumento del gasto público; aumento de impuestos; restricción de tránsito; restricción del ejercicio de libertades económicas (solo se permiten las que se consideran esenciales en las áreas de salud, alimentos, medicinas, transporte); fijación de precios en ciertos insumos médicos; suspensión del pago de servicios como arrendamientos.
En el caso específico de Venezuela, dentro de las medidas adoptadas por el estado de alarma se dictó el Decreto Nº 3 (publicado en la Gaceta Oficial N° 6.522 Extraordinario, el 23 de marzo de 2020), que suspende hasta el 1° de septiembre de 2020 el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y los destinados a vivienda principal; por un plazo de 6 meses no se puede intentar ninguna medida de desalojo; las partes de los contratos de arrendamiento “podrán” acordar términos especiales de la relación arrendaticia para adaptarla a la suspensión de pagos y “podrán” fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento para que en ningún caso se obligue al arrendatario a pagar el monto íntegro de los cánones y demás conceptos acumulados de manera inmediata al término de la suspensión de los pagos de los cánones de arrendamiento.
Este tipo de medidas constituye una profundización de la política sistemática de violación de la propiedad que desde el Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad identificamos y denunciamos desde el año 2005. En otras oportunidades se han dictado medidas similares como clasificar los arrendamientos como servicios de primera necesidad; congelamiento de los cánones de arrendamiento; fijar parámetros para los contratos de arrendamientos; establecer el control y supervisión de un ente regulador en esta materia, además de los ya existentes. Todas estas medidas dictadas, además, sin que exista un estado de excepción.
Momentos como los actuales son empleados como excusa, y con el lamentable aval de la mayoría de las personas, para violar la propiedad privada; cercenar la libertad económica; cercenar la libertad de contratación; sustitución de la voluntad de los privados por la del Estado.
Medidas similares fueron adoptadas por el presidente de El Salvador y fueron aplaudidas por la inmensa mayoría. Pocas voces han cuestionado estas medidas de Nicolás Maduro. La respuesta es sencilla. Ante la situación de pánico, incertidumbre y ansiedad comprensibles por la pandemia, de manera automática se ha caído en un falso dilema: vida o economía.
Lamentablemente no se ha entendido que la economía es el instrumento para sostener la vida y es un error contraponerlos. En situaciones como las actuales, debemos permitir aún más espacio a la voluntad privada porque son formas genuinas de cooperación humana y el Estado solo debería actuar en casos de abusos y excesos que perjudiquen los derechos y libertades de otros o cuando el sector privado pueda colapsarse en su respuesta (principio de subsidiariedad).
A pesar de las dificultades que atravesamos, debemos advertir los discursos populistas que terminan cercenando derechos y libertades y polarizando a las sociedades. Para estos días en que nos toca quedarnos en casa tratemos también de seguir los debates actuales desde las voces liberales, que afortunadamente son muchas. En este sentido, recomiendo seguir las redes de Cedice Libertad; de Álvaro Vargas Llosa; de Alberto Benegas Lynch hijo; de Ricardo M. Rojas; de María Blanco.