Creo que ha llegado el momento de concentrar las energías en las principales tareas que el gobierno de Edmundo González Urrutia deberá afrontar a partir del 10 de enero. Tienen argumentos los expertos en políticas públicas que señalan que el tamaño y profundidad de los problemas existentes en Venezuela muy probablemente exceda, en los hechos, incluso la planificación más minuciosa. Sin embargo, no es posible, a 12 semanas de ese momento, continuar analizando, por ejemplo, la salida de González Urrutia de Venezuela; es urgente debatir y establecer las prioridades que el nuevo gobierno deberá enfrentar.
Ofrezco en este artículo un cuerpo de 11 ámbitos de desempeño, que González Urrutia, sus ministros y altos funcionarios podrían considerar. Por supuesto, no son los únicos y no se proponen aquí como excluyentes. Son, en cierto modo, los que creo imprescindibles. Pero es probable que haya otras cuestiones sustantivas que merezcan ser atendidas desde el primer día, como por ejemplo las familias cuyos miembros sobreviven en estado crónico de hambre y presentan graves cuadros de desnutrición: a esos venezolanos en condiciones de extrema vulnerabilidad habrá que darles respuestas inmediatas, sin demoras.
En un sentido general, la primera tarea será la de avanzar en la recuperación del Estado de Derecho. La revisión a fondo del sistema judicial, en toda su estructura, tendrá que ser abordada de forma urgente. Por fortuna, en Venezuela hay profesionales del Derecho suficientes y competentes para afrontar la complejidad del desafío. Se trata, como el lector puede suponer, de un terreno de arenas movedizas, que requerirá tomar decisiones con tino y criterio. Asociada a la revisión del sistema judicial, será necesario actuar para que la estructura documental del país -registros y notarías- se convierta en una red de alto profesionalismo, ajena al uso político y la corrupción, que son su principal signo actual.
El crecimiento de la producción nacional es la siguiente prioridad que quiero anotar aquí. Hay que poner al país a producir. Dejar de perseguir a los empresarios -del campo, las industrias y los servicios- y, al contrario, crear políticas de incentivos fiscales y arancelarios que estimulen la producción, la creación de empleos de calidad y el aprovechamiento de las potencialidades económicas del país, que son inmensas. El objetivo de estimular la producción tendrá que incluir el ajuste o derogación de los cientos de requisitos, reglamentos y medidas leoninas que un sinnúmero de organismos toman a diario contra empresas, empresarios y trabajadores. El derecho al trabajo debe ser reivindicado en Venezuela.
El siguiente tema, el de Pdvsa y la política petrolera nacional, es otra cuestión espinosa. Dentro y fuera del país hay mercados esperando por “el regreso” de Venezuela a los mercados de petróleo, combustibles, gas y productos petroquímicos. La demanda sigue allí, por lo tanto, la pregunta es de dónde saldrán los enormes recursos financieros que serán necesarios para que Venezuela recupere su industria petrolera. Y la respuesta, la única viable, es que deben provenir de inversionistas nacionales y extranjeros, supervisados por el Estado. No hay otro camino, como no hay otro para las industrias mineras y las industrias básicas: o se crean las condiciones para atraer a los inversionistas o la mengua económica del país continuará irreversible en toda la región de Guayana.
Aunque lo mencioné de pasada dos párrafos atrás, quiero detenerme en la cuestión del enorme potencial que tiene el campo venezolano. En pocos años podría convertirse en una referencia en América Latina. Para ir hacia allá hay que dotarla de seguridades: seguridad física y social para sus propietarios y trabajadores, seguridad con relación a la propiedad de las tierras, seguridad en el suministro de insumos y asesoría técnica necesaria.
El quinto aspecto que quiero mencionar es un tema controvertido. Pero es inevitable: hay que parar la corrupción. Hay que impedir que se reproduzca en la Venezuela que viene. Hay que crear mecanismos contralores eficaces, hacer uso de las nuevas tecnologías, hablar de la corrupción en escuelas y universidades, castigar al corrupto de forma ejemplar. Y no olvidar que los cuerpos policiales y de apoyo al sistema judicial (como por ejemplo, los custodios de las cárceles, deben ser supervisados), son, ahora mismo, perversos núcleos de formas insólitas de corrupción.
La restitución de las libertades en Venezuela debe ser un paquete de medidas que incluya la liberación inmediata de los presos políticos; la derogación de todas las medidas que han provocado el cierre de diarios, emisoras de radio y televisión; el establecimiento de garantías para el libre derecho a informar y a opinar. A estas medidas hay que añadir otras de carácter jurídico: hay que limitar la potestad del Estado de bloquear los medios de comunicación. Esta es, en mis prioridades, la número seis, garantía de la que deberá ser una refundación del modelo democrático venezolano.
Dos cuestiones fundamentales, pero inseparables la una de la otra, son, por una parte, la reducción del tamaño del Estado, que ha alcanzado proporciones grotescas en los 25 años de régimen de Chávez y Maduro, lo cual exigirá eliminar organismos disfuncionales e innecesarios, reducir otros y fusionar los que actúan duplicando funciones. Y, por la otra, el cumplimiento del deber de profesionalizar la función pública, ahora mismo, en sus más altos niveles de incompetencia, clientelismo, nepotismo, arbitrariedad y corrupción.
La octava dimensión de mi lista se refiere a los programas sociales -CLAP y otros-, que deben ser despolitizados, saneados, sometidos a controles de calidad y destinados a quienes realmente los necesiten. Los programas sociales no pueden continuar siendo fuentes de indignidad, humillación, coacción social, política o personal.
Las novena y décima dimensiones son enormes y evidentes tareas, que reclamarán también esfuerzos y grandes inversiones: me refiero al sistema de salud y al sistema educativo, que demandarán verdaderos programas de Estado para ser rediseñados a fondo, al tiempo que se toman medidas de emergencia para lograr la operatividad básica necesaria en centros de salud de todo tamaño y, en su ámbito respectivo, en el funcionamiento de escuelas, liceos, universidades y otros centros semejantes. En centros de salud y en centros educativos hay graves problemas de infraestructura, dotación, operaciones y recursos humanos, que no podrán encontrar la solución que requieren sin la participación activa de sus trabajadores y usuarios.
Por último, el undécimo ámbito, que llamo de Seguridad Interna y Externa, incluye a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policiales, ahora mismo, unos y otros asociados e inseparables de las fuerzas del mal: narcotráfico, guerrillas, paramilitares, colectivos, atracadores, secuestradores y más, dentro y fuera del territorio. No tengo respuestas específicas a la pregunta de cómo afrontar tan complejas realidades. Pero si una lección cabe aprender de las buenas experiencias de otros países es la del relevo: hay que darle paso para que la conducción de las instituciones pase a manos de las generaciones más jóvenes, para que sean ellas las responsables de emprender nuevos rumbos, con una conciencia muy despierta de lo que significa el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la vida en democracia.