Quienes frecuentan la lectura de esta columna saben que procuramos ofrecer precisiones y análisis sobre acontecimientos relevantes en el ámbito internacional relacionándolos con los de la vida interna. Asimismo, ofrecemos opiniones –siempre de la mejor buena fe– reconociendo que las mismas no tienen necesariamente que estar exentas de nuestra posición como militantes de la democracia, la justicia y la verdad, lo cual –en este momento crucial de la patria– nos ubica en la decidida oposición al régimen que aún controla los resortes desde Miraflores.
La semana pasada pusimos de manifiesto nuestra bienvenida al informe presentado por la Misión Independiente de Verificación de Hechos (IFFM) resultante de un mandato encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual desnudó la sangrienta realidad que en esa materia se escenifica día a día de forma sistemática en contra de quienes son opositores o son percibidos como tales por los amos del poder. Para entonces el referido informe no había sido presentado ni desmenuzado ante el organismo que lo encargó ni tampoco había comenzado la temporada de debates públicos de la 75ª Asamblea General de la ONU que este año –por razón de la pandemia– se lleva a cabo de manera virtual aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías.
En su momento y en diversas entrevistas con los medios de comunicación calificamos el informe como un “regalo” del cielo en la medida en que llega en circunstancia definitoria de la vida venezolana y por ello debe contribuir de manera importante para que el tablero de nuestra realidad sufra un vuelco decisivo.
En el curso de la semana se escenificó en Ginebra, ante el Consejo en pleno, el informe presentado por sus autores, que revelaron en su más descriptiva crudeza las técnicas de tortura que practican quienes se desempeñan en los diferentes organismos de seguridad de Estado. La metodología, sistematización y profundidad de las averiguaciones no deja lugar sino para creer que lo allí expresado es real. Aun así, quien fungió como jefa del grupo –la portuguesa Marta Valiñas– señaló con acierto que todo ese material más que suficiente para lograr convicción plena, pudiera no ser suficiente para su presentación en un juicio penal tradicional, pero que ciertamente tiene todos los elementos para generar presunción realista sobre su veracidad. Lo mismo es válido para las responsabilidades atribuibles a quienes integran la “cadena de mando”.
Como era de esperar, de seguidas correspondió al representante de Venezuela (gobierno de Maduro reconocido por la ONU) hacer el descargo pertinente por boca del embajador Jorge Valero, quien se despachó con un discurso leído a los apurones, con tono desprovisto de propia convicción, de redacción que revelaba el lenguaje y lugares comunes de la asesoría cubana y los epítetos de la “democracia popular” que practica Kim Jong-un en Norcorea. Sencillamente vergonzoso y más aún de boca de un hombre que sin ser diplomático profesional lleva largo tiempo en esas lides y que en su momento se distinguió por la ponderación aun dentro del campo “bolivariano”.
El siguiente capítulo de la saga fue la surrealista presentación del “fiscal” Tarek William Saab y subsiguiente explicación “al mundo” del canciller Arreaza, quien tiene la capacidad de expresar el más puro cinismo envuelto en el ropaje de sus buenos modales. Para ese señor todos los sufrimientos provienen de las sanciones impuestas por el “imperio del mal” sin que ninguno de los inconvenientes se haya originado en todo lo que ya los venezolanos conocemos de sobra.
El informe de los expertos recibió reconocimientos y también críticas en tanto y en cuanto el Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 países muchos de los cuales no son nada respetuosos de la vigencia de los mismos, empezando por Venezuela, continuando con Arabia Saudita, China, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Eritrea, Filipinas, Nicaragua y pare usted de contar (Cuba y Libia fueron prominentes miembros hasta hace poco).
Afortunadamente la jornada culminó con una importante alocución del presidente (e) Guaidó dirigida a las delegaciones de los Estados que reconocen su gobierno. Es necesario explicar que contrario a lo que es la matriz de opinión pública, el discurso no fue pronunciado ante la Asamblea General toda vez que el gobierno (e) no es reconocido sino que fue “Con motivo de la Asamblea General” y transmitido a un salón, allí mismo en Nueva York, donde se hallaban congregados los invitados. La masiva difusión mediática y por las redes permitió un impacto de primer orden, tal vez más internacional que nacional dados los cortes de luz. Sea como fuere debe reconocerse la titánica y eficiente labor de los representantes designados por nuestra Asamblea Nacional que consiguieron meterse hasta por las ventanas para lograr que nuestra tragedia sea conocida y tomada en cuenta.
Las palabras de Guaidó fueron claras, terminantes, enfáticas y convincentes. Este columnista calificaría la pieza entre las mejores emitidas por él. Lo más importante es resaltar que por fin el presidente (e) solicitó la aplicación del principio de la “Responsabilidad de Proteger” que aun sin ser jurídicamente obligatorio va cobrando relevancia doctrinaria. Es posible que hasta la mismísima María Corina haya quedado agradada. La cuestión es saber si ahora que se ha allanado el marco para recibir la “protección” habrá quien sienta el deber moral de acudir a “protegernos” en época de pandemia, con sus propios recursos y ante una inminente elección presidencial en Estados Unidos. Lo dudamos, igual como hemos expresado –sin equivocarnos hasta ahora– nuestra reserva con el 187.11 y el TIAR.
Resumen: este entuerto lo debemos resolver los venezolanos. Si alguien colabora con algo más que declaraciones y sanciones, pues mucho mejor, pero visto está que a estas alturas nadie va a mandar a sus soldaditos para que contraigan covid-19 en Venezuela.