“No hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar
para salvarnos de nosotros mismos”
Carl Sagan
A propósito del título de este artículo establezco, arbitrariamente, tres etapas para considerar la participación del Estado en materia de vivienda, la primera desde el gobierno de Gómez (1935), hasta la caída del gobierno de Pérez Jiménez; la segunda, desde la instauración de la democracia hasta el triunfo de Chávez y la tercera, desde el inicio de su gobierno hasta hoy.
En la primera etapa ubico a los gobiernos de Gómez, López Contreras, Medina Angarita, el trienio, llamado Revolución de Octubre, (1945-1948), la Junta de Gobierno que lo derrocó y la dictadura de Pérez Jiménez.
Al principio las actividades estuvieron orientadas al financiamiento y la promoción, regidas por el Banco Obrero, (gobierno de Gómez, 1928), el cual nació adscrito al Ministerio de Fomento y con sede en Maracay, su misión, para ese momento era promover y financiar viviendas baratas e higiénicas para los obreros pobres, a la muerte de Gómez, con el advenimiento a la presidencia de López Contreras, se muda la sede en 1936, a Caracas y le asignan como misión construir urbanizaciones y luego, al vincular la producción de viviendas a la lucha contra el paludismo, se amplía sumisión, como ente de atención a la salubridad pública y generador de empleo, mediante la producción de viviendas.
En ese periodo de gobierno se crea (1938) la Dirección de Urbanismo del Distrito Federal, lo que constituye el primer acto en que se asume la cuestión urbana como una función de Estado, crean el Plan Rotival, que parece ser el primer intento oficial de ordenar la ciudad.
Isaías Medina Angarita (1941-1945) le da continuidad al enfoque del gobierno anterior y el organismo rector de la producción de viviendas (BO) continúa con la misión de construir urbanizaciones, impulsan las políticas de construcción de infraestructuras, crean el INOS, (1943), con la finalidad de desarrollar los acueductos, las cloacas y el alcantarillado de las principales ciudades, amplían las competencias de la “División” de Malariología, se inicia la construcción de los acueductos rurales y crean también la Comisión Nacional de Urbanismo que da inicio a la formulación de los planes reguladores.
En este periodo, en materia de vivienda se da un importante paso, al considerar por primera vez la necesidad de sustituir los ranchos por “viviendas salubres” y se empieza a considerar la necesidad de adquirir tierras para el desarrollo urbano futuro.
Durante el periodo llamado por algunos el Trienio adeco, (1945-1948), gracias a la convulsión política del momento, no se dieron pasos significativos en cuanto a vivienda aunque continuaron los planes del periodo anterior, luego, del derrocamiento de Gallegos, la dictadura dirigida por la Junta de Gobierno, continuó con las mismas políticas del periodo medinista, con un fuerte énfasis en la construcción de infraestructura, se adscribe el ente rector de vivienda, el Banco Obrero al MOP y se crea el Taller de Arquitectura del Banco Obrero, donde participó el maestro Villanueva.
A partir de 1952 asume el gobierno Marcos Pérez Jiménez e inicia las actividades más impactantes, hasta ese momento en materia de producción de vivienda, es la etapa de los bloques y superbloques y de la erradicación, por la fuerza, de las barriadas populares, para construir nuevas viviendas, con centradas principalmente en el Distrito Federal, incluidas La Guaira y Maiquetía.
Algunos autores estiman que lograron brindar alojamiento, aproximadamente al 12% de la población del Distrito Federal.
Pese al impacto urbano no se registran avances legales importantes en cuanto al derecho a la vivienda y el reconocimiento de los sectores populares.
En la siguiente etapa, establecida a propósito de este artículo, el llamado periodo democrático, estuvo marcado por una intensa búsqueda de soluciones en los aspectos relativos a la tenencia de la tierra (suelo urbano), financiamiento, diseño de políticas de viviendas, el establecimiento de un marco legal acorde y a la investigación en materia normativa.
Cronológicamente podemos señalar que en 1958 se crea el Programa de Vivienda Rural, en 1960 Rómulo Betancourt, eleva el nivel jerárquico de la División de Malariología del MSAS a Dirección General, lo que le permitía una mayor libertad funcional, que le llevó a tener una gran incidencia en las zonas rurales del país.
En 1961 crean el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos (SNAP) que da origen a la banca hipotecaria.
En 1962 nace la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (Fundacomun) orientada al equipamiento comunal.
En materia de financiamiento, fundan en 1966 el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (Banap).
El BO inicia la producción masiva de viviendas, se involucra al sector privado en la producción de viviendas de interés social, en 1975 se transforma en Inavi y se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, con una misión tan amplia en materia urbana, que permitió, según algunos analistas de la materia, que el negocio inmobiliario privara sobre las actividades orientadas a conformar el banco de reserva de tierras urbanas, necesarias para la producción de viviendas.
La creación del Ministerio de Desarrollo Urbano (Mindur), en 1976, dio un gran impulso a la construcción de viviendas y a la normatización de la actividad.
Durante los setenta y ochenta se da un proceso de explosión urbana incontrolada y surgen los primeros movimientos sociales urbanos reclamando reivindicaciones en cuanto a viviendas y servicios, los gobiernos habían ignorado las necesidades y los derechos urbanos de los sectores populares, prácticamente hasta 1987, cuando promulgan la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, de carácter reglamentario, donde se esboza la necesidad de producir viviendas populares, sin reconocer plenamente la existencia y los derechos de los barrios que alojaban a más del 50 % de la población urbana.
En 1989 se transforma el programa de vivienda rural en el Servicio Autónomo de Vivienda Rural (Savir) y se empiezan a construir las viviendas rurales hasta en el perímetro urbano, sin considerar el impacto que causa su tipología en las ciudades.
En 1990 se reconoce el derecho a la vivienda como parte de la seguridad social, al promulgar la Ley de Política Habitacional, se establece el ahorro habitacional, crea el Conavi, como organismo asesor en materia de vivienda, con acción directa en las comunidades a través de las OCV y las OIV.
(Hago este señalamiento pese a la existencia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), suscrito por Venezuela en junio de 1969. que reconoce el derecho a la vivienda.Artículo 11. 1)
En 1993 la LPH, es revisada para adecuarla a la descentralización, en ese mismo año reforman la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito, que transforma las EAP en Bancos universales, dándole una certera puñalada al crédito hipotecario para la clase media y los sectores populares.
Por otro lado, salvo el esfuerzo expresado en el Programa de Habilitación Física de Zonas de Barrios (PHFB), realizados en el Área Metropolitana de Caracas, no se observan otras acciones importantes, hasta 1998, fecha en que se cierra el periodo denominado IV República.
El tratamiento del tema de la vivienda popular o vivienda de interés social, como se le identificó luego, está inevitablemente ligado a la existencia de los sectores denominados barrios populares, en los cuales se ha intervenido de diversas maneras, desde la acción violenta para sustituirlos ranchos por viviendas, pasando por intentos de incorporación a la estructura urbana, ordenamiento, creación de módulos de servicios, equipamiento, creación de viviendas en pendientes y unidades baño, consolidación, mejoramiento urbano, hasta la habilitación física de barrios.
Mil intentos, todos válidos y necesarios, pero siempre bajo el enfoque predominante de los grupos de intereses.
En la tercera etapa, que ubico desde el ascenso al poder del socialismo del siglo XXI, hasta hoy, se puede señalar que se han hecho esfuerzos por considerar tanto las experiencias anteriores, como el conocimiento de los técnicos, para lograr el diseño de políticas y planes integrales de construcción de vivienda.
Esta última etapa se inicia con una gran ventaja, respecto a las anteriores, la vivienda constitucionalmente es considerada un derecho, que la define más allá de las condiciones mínimas de habitabilidad, incorpora el derecho a los servicios, considera el concepto de hábitat, visibiliza las relaciones vecinales y comunitarias sin consagrar, todavía, el derecho al disfrute de los espacios públicos, tampoco reconoce explícitamente los derechos urbanos, pero es un importante avance en muchos aspectos.
Además de este hecho en este periodo, se reguló la Ley de Política Habitacional, se legisló en materia de financiamiento, tenencia y propiedad de las tierras urbanas, se crearon los CTU, se consolidó el sistema nacional de vivienda y se liberó a la vivienda popular de las presiones del mercado, conceptualmente se pasó de la vivienda de interés social al concepto de vivienda digna lo que significa que se le dio más importancia, teóricamente, al aspecto cualitativo que al cuantitativo del problema, también se modificó radicalmente la estructura institucional y funcional para manejarlo y se invirtieron ingentes recursos, en definitiva se le dio un vuelco al problema de la vivienda en cuanto a enfoque, gerencia, organización y mecanismos de implementación, aspectos que según la postura ideológica de cada analista, podrá considerarse positivo o negativo, lo cierto es que la experiencia ha resultado innovadora en muchos aspectos.
Se debe resaltar que, a efectos de la planificación, la población objetivo se amplió de tal manera, que cubre desde las personas en situación de calle, hasta las familias en situación de riesgos naturales, reconoce la atención a las viviendas existentes, visibilizan y prevén la atención a los barrios.
Sin embargo, pueden señalarse aspectos que han incidido en los resultados, entre ellos la excesiva concentración de la actividad en el Estado, la exclusión de la iniciativa privada, la ocupación de espacios urbanos en detrimento de la trama urbana y la ciudad, la tipología de vivienda asumida, la poca atención brindada a la creación de infraestructura de los servicios puntuales, especialmente en los sectores de salud, educación y transporte.
Otro aspecto que incidió en los resultados ha sido la frecuente remoción de las autoridades y el carácter de emergencia en la implementación de los programas de construcción de viviendas, probablemente motivado por las exigencias que planteó el deslave de Vargas.
Resulta factible pensar que la prisa constructiva motivó la improvisación en la tipología de vivienda construida y el notorio descuido de un importantísimo aspecto en la solución del problema, como es la investigación de nuevos e innovadores sistemas constructivos.
Se cambió todo, pero se siguen construyendo las viviendas con el sistema tradicional.
Tanto en las etapas anteriores, como en la actual, la investigación de nuevos métodos constructivos ha sido esporádica, pese a que se han tenido experiencias exitosas como las de Jorge Castillo, Henrique Hernández, “Mikel” Menéndez, Fruto Vivas y otros, que no me vienen a la memoria, algunas impulsadas institucionalmente y otras con sistemas importados por contratistas ambiciosos.
En la actual coyuntura es necesario retomar las investigaciones de sistemas de prefabricación, que integren la producción industrial de la vivienda, con la autoconstrucción en la etapa de “instalación” y la asistencia técnica permanente.
Debemos reconocer que los principales constructores del país son los habitantes de los sectores populares y brindarles la oportunidad de reducir la “progresividad” en la solución de su vivienda, ofrecerles al menos la posibilidad del proyecto “definitivo” y facilitarles la adquisición de módulos o “partes” de la misma, brindarles la opción de adquirir elementos mayores que un simple ladrillo o el saco de cemento, para “ensamblar” su vivienda o para mejorarla.
Resulta necesario promover la investigación, en este sentido, se propone crear un sistema nacional de fabricación de viviendas populares, descentralizado a tal punto, que tanto los municipios como las comunas, puedan montar pequeñas plantas de prefabricación, que ofrezcan desde la vivienda (unifamiliar) definitiva hasta módulos y “partes” de la misma, la asistencia técnica desde la etapa de proyecto hasta la entrega de la llave y orientación en cuanto a jardinería exterior y mantenimiento.
Las plantas semindustriales que se proponen deben estar en capacidad de producir, módulos de vivienda, de escuelas, pequeños galpones, posadas y parte del mobiliario urbano, tales como paradas, pisos para caminerías, (losetas y adoquines para parques, aceras y brocales) bancos, materos, papeleras, defensas de concretos, barandas, rejas de concreto, postes y estantillos de concreto, luminarias, etc.
Nota: No cito los autores consultados por razones de espacio, pero les agradezco.