OPINIÓN

Pdvsa: robaron sin siquiera disimular

por Adolfo P. Salgueiro Adolfo P. Salgueiro

Ya es poco lo que puede asombrarnos a los venezolanos en materia de corrupción, especialmente en lo que a Pdvsa se refiere, pues aquello se ha convertido en objeto del saqueo sin disimulo donde ni siquiera formas de alguna sofisticación son necesario cuidar para robar a la que alguna vez fue orgullo no solo del Estado venezolano sino de todos nosotros, sus ciudadanos.

De paso, bueno es recordar que para que haya corrupción se precisan dos partes: el corrupto y también el corruptor.

En estos mismos días es que acaba de destaparse en Estados Unidos, a través de una demanda presentada en un tribunal federal de Nueva York, un escándalo que no solo arropa a la filial USA de la empresa petrolera venezolana, sino que por el otro lado involucra a una de las tantas empresas de maletín que operan en el estado de Florida, de nombre Inter American Consulting cuyo dueño es un veterano exlegislador primero estadal y luego federal del “imperio” cuyo nombre es David Rivera, quien en 2017 fue contratado por Pdvsa en condición de “lobbista” con el encargo de mejorar la pésima imagen merecidamente ganada por nuestra petrolera roja-rojita. Para intentarlo se firmó un contrato por 50 millones de dólares a pagar en cuotas mensuales durante los 6 meses de vigencia del acuerdo.

El lobbista –o cabildero como también se les dice– contactaría personalidades claves de Estados Unidos que tuvieran influencia en las recomendaciones políticas y toma de decisiones. Los progresos en la gestión debían reflejarse en informes periódicos  mensuales detallados. A cambio de ello recibió de entrada, de las arcas de Pdvsa, 3 pagos por 5 millones de dólares cada uno sin haber entregado sino apenas un par de resúmenes con puras generalidades con ninguna información puntual y sin que se avizorase progreso alguno en la gestión encomendada. Después de aquella arrebatiña ocurrió que el gobierno del señor Trump dejó de reconocer a Maduro como mandatario legítimo de Venezuela y traspasó su reconocimiento a Guaidó, con lo que Pdvsa USA, Citgo y otros activos situados en Estados Unidos dejaron de reportar a Caracas y pasaron a depender de las autoridades que para esas mismas empresas designó Guaidó. Como es de suponer los nuevos ejecutivos desconocieron el burdo y corrupto entramado “robolucionario” y no solo se negaron a pagar los 35 millones de dólares aún pendientes sino que ahora demandan a Inter American Consulting (Rivera) por incumplimiento, toda vez que dicha empresa no llevó a cabo –ni su dueño– las obligaciones acordadas en el contrato.

Queda en evidencia aquí el impacto concreto del reconocimiento de Washington a Guaidó como presidente (E) y el retiro del mismo a quienes aún usurpan el poder. Las  nuevas autoridades –designadas por la Asamblea Nacional–  descubren el guiso y acuden a la justicia para reclamar.

Adicionalmente, el exlegislador cubano-americano  (Rivera) que en su momento fue elegido por el distrito electoral del Sur de Florida, donde  vive la mayor concentración de la diáspora cubana y venezolana, resulta haber estado trabajando para el chavismo-madurismo, cuyo solo nombre provoca escozor entre quienes habitan y votan en ese circuito. Afortunadamente en Estados Unidos no funciona aquello de que “el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón” y ya se ha puesto en marcha el escándalo  desatado por la evidencia de la traición política y corrupción personal del señor Rivera, quien además afirma con desparpajo que los fondos así cobrados fueron utilizados para financiar a políticos de la “oposición venezolana” y sus actividades contra Maduro. Esta fase del escándalo  está apenas en sus inicios, por lo que sus consecuencias y entretelones en la política local de Florida y Washington seguramente se harán sentir más adelante aunque –lamentable es tener que reconocerlo­– estas cosas no son ya una novedad en la vida pública de muchas sociedades, como la norteamericana, pero que aún rechazan mayoritariamente esas prácticas y crucifican a quienes las llevan a cabo.

En Estados Unidos –donde las instituciones funcionan con sus pesos y contrapesos (cheks and balances) estas cosas no pasan lisas ni la justicia se imparte desde un asqueroso programa de televisión donde un caporal da la pauta y los jueces no tienen otra opción que atenderla.