Donald Trump invocó el 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a miembros del Tren de Aragua porque amenazaban con “una incursión depredadora contra el territorio”, aunque este parece el pretexto del presidente para vincular a la banda criminal con la migración venezolana en Estados Unidos.
Su gobierno dice que los tatuajes son un factor de identificación, pero tal vez la peor marca en la persecución contra migrantes venezolanos sean los propios tatuajes de Trump, relacionados con su condición humana indeleble de mitómano y xenófobo.
Hay razones para suponer que el mandatario, que el 20 de marzo declaró al Tren de Aragua grupo terrorista, no ha querido aprender de Chile cómo se combate a esa organización del crimen organizado que se hizo fuerte en la cárcel venezolana de Tocorón bajo el amparo del régimen chavista.
La nación del Cono Sur, que viene asestando duros golpes a la banda del Niño Guerrero -utilizada en 2024 en el asesinato por encargo desde territorio venezolano del teniente opositor Ronald Ojeda-, proporciona desde hace más de un año a las autoridades estadounidenses información para derrotarla.
“Si hoy Estados Unidos tiene mejor visibilidad sobre la forma en que opera el Tren de Aragua es en buena parte por la información policial que le ha compartido Chile”, ha dicho el ex subsecretario del Interior Luis Cordero, actual ministro de Seguridad, citado en enero por Valentina Fuentes, de Bloomberg.
La inteligencia suministrada por Chile indica por ejemplo que a diferencia de los carteles mexicanos, la banda actúa más como un holding, proporcionando franquicias a sucursales regionales para operar en áreas criminales. Por eso, la dispersión de su jerarquía y estructura puede hacer muy difícil rastrearla.
Sin embargo, esto parece importarle muy poco a Trump, más interesado en su política antiinmigratoria reñida con todos los principios democráticos.
El viernes montó en cólera porque la Corte Suprema frenó su desaforada expulsión de migrantes venezolanos bajo la ley del siglo XVIII.
El uso de esa facultad presidencial en tiempos de paz o contra países no beligerantes es muy controvertido y jurídicamente discutido, sin contar con que bajo la ley estadounidense vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.
“La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que me han elegido”, se quejó el republicano, que a menudo acusa a los migrantes de delincuentes y los tacha de criminales por haber entrado ilegalmente al país o por llevar tatuaje. “¡Este es un día malo y peligroso para Estados Unidos!”, opinó.
Pese al revés del magnate, el fallo del viernes es provisional y la batalla legal en torno a la ominosa facultad presidencial para ir contra las migrantes venezolanos continúa en los tribunales federales del país. Y Trump sigue mostrando con desparpajo sus tatuajes indelebles de mitómano y xenófobo.
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