La práctica de la “toma de rehenes desde el poder” es una conducta ignominiosa que ha sido ejecutada por regímenes condenables como el de Rusia o el de Corea del Norte, entre otros, es la que parece inspirar al régimen venezolano en su deriva hacia un sistema totalitario en donde no hay respeto alguno por la integridad y dignidad humana.
El Diccionario de la Real Academia define al rehén como la “persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones”. La Convención Internacional contra la toma de rehenes define esta infracción como el hecho de apoderarse de otra persona (rehén) o detenerla, y amenazarla con matarla, herirla o mantenerla detenida para obligar a un tercero a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén. Es lo que estaría haciendo el régimen tiránico de Maduro al detener, procesar y castigar para elevar su precio, a dirigentes políticos opositores y a otros para obtener a cambio perversos “beneficios” que sólo tienen un fin personal, el de la cúpula ilegítimamente administradora del país y, por supuesto, el de mantenerse en el poder para seguir promoviendo la destrucción del país y un orden autoritario en el mundo, acompañando a países divorciados de la democracia y de los valores occidentales que regulan el funcionamiento de nuestras sociedades.
El intercambio de rehenes en conflictos armados y durante la Guerra Fría fue y ha sido una práctica normal entre las partes en el conflicto. Lo que es novedoso es que un gobierno convertido por su ilegitimidad en un grupo delictivo transnacional, aprese rehenes, los procese, los castigue y luego los presente como moneda de cambio.
Así lo hizo la tiranía con la negociación y entrega de varios presos políticos, incluso varios ciudadanos estadounidenses, a cambio de los delincuentes sobrinos de Cilia Flores y también con la entrega por compromisos políticos, que no respetaron después, del “empresario” colombiano y ministro del régimen Alex Saab, procesados y sentenciados por tribunales, engañando descaradamente al gobierno de Estados Unidos. Ahora lo hace con los asilados políticos en la Embajada de Argentina en Caracas a los que acusan injustamente de terroristas; y con un gendarme argentino que venía al país a visitar a su esposa y a su hija.
La política del chantaje y del intercambio de rehenes es absolutamente inaceptable. Es contrario a todo, más cuando se trata de un régimen que ejerce el poder como un grupo conectado con el crimen transnacional: un precedente muy peligroso que afecta la seguridad de las relaciones internacionales. Se está violando el orden jurídico y la confianza entre los gobiernos establecida en la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución mundial, que recoge los principios que permiten la convivencia entre todos los países por encima de sus creencias ideológicas.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a las poblaciones y no es solamente una responsabilidad moral o política, sino que jurídicamente así debería actuar. Es el momento de determinar que la protección de la persona, de sus derechos, de su vida, está por encima de todos los principios incluso el de soberanía y el de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.