Con motivo del acercamiento y muy probable arribo de naves iraníes cuyo cargamento se dice es gasolina, se tejen distintas especulaciones y análisis que tienen a la población venezolana en estado de bastante crispación y también a la comunidad internacional toda vez que el asunto ha ido cobrando dimensión de confrontación que excede el marco de lo hemisférico para convertirse en preocupación global. No es la primera vez que esto pasa ni es tampoco la primera vez que Venezuela ocupa el centro de la escena. En efecto, ello había ocurrido ya en 1902 cuando potencias europeas aspiraron y lograron cobrar la deuda externa que Venezuela no podía cancelar apostando para ello buques de guerra frente a nuestros puertos en forma de bloqueo naval e interviniendo nuestras aduanas.
Sin embargo, para ese entonces no existían las tecnologías que hoy permiten la información masiva en tiempo real de tal manera que “urbi et orbi” estamos enterados de lo que va aconteciendo y una porción mucho más representativa de la humanidad se forma una opinión.
El evento próximo a ocurrir puede ser objeto de análisis desde muchos puntos de vista. Dada la condición de profesor jubilado de Derecho Internacional Público de quien esto escribe (45 años nada más) tiene cierta lógica que uno de nuestros ángulos de ataque sea desde el punto de vista jurídico. Lo interesante de este caso es que este mismo opinador pueda sostener –como en efecto lo hará– una opinión bastante diferente al considerar y privilegiar en las siguientes líneas la perspectiva política.
Así como se repite que la guerra es demasiado importante como para dejarla en manos solamente de los generales, igual podemos afirmar en el sentido de que la alta política internacional también es demasiado importante como para dejarla en manos únicamente de juristas o únicamente de políticos. Veamos.
Los buques que se acercan tienen bandera iraní, no tienen “bandera de conveniencia” como suele ser el caso en la industria del transporte de carga naval (Liberia, Grecia, Panamá, Bahamas, etc.). Dichas naves transportan carga que se supone lícita (combustible) como consecuencia de una operación comercial internacional amparada por el indisputado principio de la libertad de comercio que es norma en el mundo. En función de ello las embarcaciones atravesaron sin inconveniente alguno el canal de Suez para llegar al mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar para alcanzar el Atlántico que surcan ahora.
La operación comercial involucrada, aun siendo lícita, desata preocupaciones e intereses diferentes al menos entre tres países: Irán y Venezuela por un lado y por el otro Estados Unidos, que se opone a ella. Ninguno de los tres países está en guerra con los demás aun cuando juegan con fuego y escalan tensiones en un plan de peligrosa provocación ya vista recientemente en otros escenarios.
Como consecuencia las naves iraníes tienen todo el derecho de navegar hacia Venezuela aunque a los norteamericanos no les guste. De la misma manera Pdvsa, que compra el cargamento, tiene todo el derecho de hacerlo aunque a los norteamericanos tampoco les guste. Y los norteamericanos tienen todo el derecho dentro su territorio y con su legislación de imponer sanciones a quienes ellos crean que comprometen su seguridad nacional siempre que esas sanciones no sean extraterritoriales. Lo que no tiene derecho nadie es a imponer legislación que sea restrictiva o violatoria de los derechos humanos, ni aun en su territorio. Por la misma razón las naves de guerra de Estados Unidos que actualmente surcan las aguas del Caribe en misión anunciada como antinarcóticos no pueden legalmente impedir el paso de las naves mercantes iraníes a menos que sospechen que se están cometiendo delitos de esa índole y ello solo porque existen tratados internacionales que así lo permiten en esa materia.
Es cierto que hace varios meses la armada británica detuvo e internó por varias semanas en el puerto de Gibraltar al petrolero iraní Grace 1, pero ello fue en cumplimiento de una sanción internacional válidamente impuesta por la Unión Europea en contra de Siria y no por decisión unilateral británica.
Dicho lo anterior, que es tan solo la visión jurídica, es menester sopesarla en combinación con el enfoque de seguridad nacional de Estados Unidos y de la región que se ve indudablemente amenazada por un operativo de provocación creciente pergeñada por Irán y Venezuela por motivos que ellos estiman de su conveniencia. Irán –que ya viene causando tensiones en el Medio Oriente– tiene marcado interés en penetrar en América Latina y esta circunstancia le brinda la oportunidad de hacerlo igual como lo han hecho ya Rusia y China. Venezuela, por su parte, tiene la necesidad imperiosa de surtirse de combustible así sea Lucifer quien se lo venda. El “doble play” está cantado.
Por su parte, Estados Unidos en su condición de potencia dominante de la región –guste o no– y ante la clara evidencia de que Irán no busca nada bueno para sus intereses necesita también sopesar los argumentos jurídicos con la necesidad de preservar sus intereses y la paz. Elije lo segundo y –que quede claro en estas líneas– este autor está de acuerdo porque lo que se juega es demasiado relevante para norteamericanos y demás habitantes del hemisferio. La dificultad reside en querer meter un problema político crucial para la región en la camisa de fuerza de un marco jurídico diseñado para escenarios donde no sea la paz regional y mundial la que esté en juego.
Queda también por considerar las consecuencias para el pueblo venezolano cuya alimentación y servicios públicos dependen de la disponibilidad del combustible que pudiera llegar y cuya estabilidad emocional en medio de una pandemia depende del entretenimiento que puede proporcionar la televisión recientemente restringida. Sería interesante –si no se ha hecho ya– promover una amplia encuesta que arroje cuál es la preferencia del soberano en estos momentos cuando las necesidades primarias son tan acuciosas que impiden apreciar las bondades de la democracia, la independencia de los poderes y demás valores fundamentales que sostienen la filosofía de Occidente a la cual pertenecemos oficialistas y también opositores.