Los policías que vigilan la Embajada de Argentina impiden la llegada de camiones de agua, de medicinas y de alimentos
En varias oportunidades hemos comentado cómo es que el mundo de hoy parece estar al revés y es así como ahora resulta que los de Miraflores se han convertido en vociferantes defensores de los derechos humanos de aquellos compatriotas maltratados o deportados de Estados Unidos, mientras en casa se peca desde hace muchos años con la misma moneda. Hace apenas pocos días que el dirigente opositor Omar González Moreno (diputado a la Asamblea Nacional 2015) relató en esta misma página (https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/drama-de-la-embajada-de-argentina-en-caracas/) cómo es que transcurren los días para los conciudadanos que están en la Embajada de Argentina, situada en la Urbanización Valle Arriba de nuestra capital, quienes habiendo recibido ya la concesión de asilo por ese país son privados de electricidad, agua, alimentos, etc., mientras cuerpos -se supone de seguridad- bloquean el ingreso y egreso de personas o bienes hacia el inmueble.
Lo interesante es que el propio presidente Lula, quien conoce en carne propia los rigores de la privación de su libertad, y quien además, hasta ahora, ha sido leal acompañante de la “revolución bolivariana” justificando automáticamente las prácticas dictatoriales de su aliado Maduro, no haya tenido a bien siquiera insistir en un gesto destinado a obtener que Maduro conceda los salvoconductos que permitan a esa gente salir del país, donde están en prisión virtual desde hace ya mas de un año.
El propio cuerpo diplomático acreditado en Caracas tampoco ha dado señal alguna de preocupación. Cierto es que, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, los representantes diplomáticos no pueden adoptar posiciones colectivas; pero ello no les impide hacer gestiones extraoficiales u oficiosas en la medida en que sus respectivos gobiernos así lo instruyan.
En este mundo de hoy no es extraño que los apoyos se reduzcan a declaraciones de mayor o menor énfasis, las cuales no suelen ser acompañadas por acciones concretas.
Que sepamos, solamente Argentina a través de su presidente Milei ha hecho lo posible por conseguir los salvoconductos, pero tales gestiones han sido siempre empañadas y edulcoradas con gruesos epítetos pronunciados por ambos jefes de Estado que poco ayudan a este objetivo.
Paralelamente, Caracas denuncia las posibles violaciones de los derechos humanos de quienes son deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, como también de los que regresan a Venezuela donde, como es de esperar, son recibidos como héroes por el señor Cabello, quien de esa manera nos permite deducir que tales “joyitas” son acreedores del aprecio de la dirigencia chavimadurista. Entendemos que puede haber -y han habido- algunos errores en la atribución de membresía del Tren de Aragua a quienes no lo son. Ello debe ser corregido y subsanado bajo parámetros de “debido proceso”, que es una garantía universal.
De allí seguimos a la comisión del delito de desaparición forzosa de personas, que es una reiterada práctica en el país. Tal delito expresa su más visible protuberancia en el reciente secuestro -en presencia de sus pequeños hijos- del ciudadano Rafael Tudares, cuyo único delito es el de ser yerno del presidente electo de la República, Edmundo González Urrutia.
Las diligencias diarias de su esposa Mariana, acompañadas del relato de las humillaciones de las que es objeto mientras recorre sin éxito centros de posible reclusión, conmueve profundamente, tanto más cuanto este servidor tiene antiguo conocimiento de esa familia, lo que permite atestiguar su honorabilidad y suponer su inocencia.
En este punto no podemos dejar de mencionar los casos de la doctora Rocío San Miguel (muy distinguida exalumna nuestra en el posgrado de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela) o del colega Perkins Rocha o de Roland Carreño y otros que llevan meses o años privados de su libertad sin que se les permitan visitas ni la marcha normal de sus expedientes.
Aunque exista -como en efecto existe- escepticismo en cuanto a la efectividad de la justicia penal internacional (y de la interna también), es bueno que el lector venezolano esté enterado de que hay personas e instituciones que mantienen una presencia constante y activa en la denuncia y defensa ante esas estas instancias de las conductas que podemos englobar genéricamente como delitos de lesa humanidad.
Quien esto escribe, y otros venezolanos cuyos nombres preferimos preservar, hemos venido cumpliendo gestiones y actuaciones ante la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya) en busca de la aplicación de la justicia internacional. Eso lo hacemos desde Ciciven (Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela). Desde esa plataforma, con nuestros propios recursos, hemos presentado miles de casos, con todos los detalles y confiamos en que tarde o temprano la justicia prevalecerá aunque -justo es advertirlo- detectamos que en la propia Fiscalía de ese Tribunal existen atrasos injustificados y negligencias cuya intención es prematuro calificar.
Las severas sanciones impuestas por el presidente Trump aún requieren el análisis que permita descifrar si el duro ajuste propinado al gobierno, cuyo efecto en el pueblo ya se siente, tendrá algún efecto en el resultado final de esta lucha.
En su momento habrá que evaluar si el importante cambio geopolítico que se está gestando en el mundo culminará en el reforzamiento de la democracia o en una mayor consolidación del autoritarismo. Creemos que Venezuela no tiene la fuerza como para influir decididamente en esa pulseada, pero sí estamos seguros de que su rumbo es y seguirá siendo determinante en nuestro continente.
apsalgueiro1@gmail.com
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