Esta semana los venezolanos fuimos testigos de la conclusión del nuevo hombre revolucionario. Aquel que diseñó y que tanto anunció el comandante eterno, cuando a principios de su revolución llamaba a armar a la población civil, a convertir malandros en «buelandros» y a dividir las ciudades en zonas de paz, espacios en donde los organismos de seguridad no pueden hacer su trabajo; lugares que se convirtieron en la expresión del desgobierno, que no podemos permitir en nuestro país.
De los múltiples audios y videos, uno en especial me llamó la atención. Un malandro le decía al policía, que lo estaba buscando y que lo escuchaba por una radio decomisada, que se enfrentaba a la muerte por un sueldo mínimo. Esa afirmación es una gran verdad, que padecen miles de venezolanos. También es parte de la misma crisis general a la que están sometidos los trabajadores públicos del país y que hace que recurran a otras fuentes de ingreso: la matraca.
Cuando pensaba en este tema, venía manejando y conversando con un amigo, mientras dos motorizados y un carro se comían la luz. En mi cabeza daba vuelta la idea de cómo unos funcionarios se enfrentan a una balacera, como la que vimos recientemente, por un sueldo mínimo y que con este también deben hacerse responsables de su dotación. Estoy seguro de que estamos de acuerdo en que eso no vale su trabajo, ni su vida. De la conversación vinieron ideas que se han aplicado en otros países y que pudieran ser parte de la solución en el nuestro.
Institucionalizar la matraca es volver a lo básico. La multa se deja de pagar porque no hay represalia y el policía no exige su cobro porque no tiene beneficio alguno.
Entonces, el problema está en el sistema, pero también la solución. Todo lo que está regulado puede formar parte de un sistema legal. Una tradición entre abogados es que las normas escritas parten de conductas cotidianas que se reglamentan.
Pensemos por un momento que un policía hubiera multado a los conductores de las motos y el carro que cometieron la infracción. Si un porcentaje de esa sanción se depositara de manera directa a fin de mes en su cuenta y el resto se destinara a un plan médico, uno de jubilación y otro de vivienda, el servidor público dejaría de ser víctima de un sistema ineficiente. Claro está, el responsable del cobro de la multa y de pagarle a los funcionarios sería el Estado.
Muchos dirán que no es el esquema ideal para acabar con la corrupción, pero realmente es la forma de iniciar la construcción de un nuevo modelo, uno que sirva para eliminar el miedo a las alcabalas y que fuerce al ciudadano a respetar las normas de tránsito para no ser multados. Este esquema no es nuevo en Latinoamérica. En México y Colombia se implementó hace ya varios años y los resultados han sido excelentes. Estos ejemplos nos muestran que es posible institucionalizar el cobro de una infracción y de esta forma evitar la mencionada matraca, esa conducta que se ha vuelto tan común entre nuestros funcionarios y que nos hace una sociedad anárquica y mucho más vulnerable.
Mis respetos y admiración para los policías de bien que, a pesar de sus precarios sueldos, trabajan para controlar la delincuencia en el país. A los buenos funcionarios los aplaudo, son el ejemplo de que la situación no nos obliga a ser parte del problema y que siempre tenemos una opción: hacer las cosas bien.
Estoy cansado de escuchar a una gran mayoría que solo critica y no aporta nada positivo. Debemos esforzarnos en lograr consensos, aquellos que apalancan cualquier posible solución a los problemas que tenemos.
Eso sí, actuando, no hablando boberías ni haciendo politiquería.
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