“Quien sabe resolver las dificultades las resuelve antes de que surjan. El que se destaca en derrotar a sus enemigos triunfa antes de que se materialicen sus amenazas”. Sun Tzu
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha desplegado una serie de estrategias que revelan no solo la profundidad de su desesperación por mantenerse en el poder, sino también la gravedad de la crisis política en la que se encuentra el país. Estas tácticas, al margen de cualquier pretensión democrática, se articulan en cuatro frentes principales que, en conjunto, buscan suprimir la voluntad popular y neutralizar la competencia política.
En primer lugar, el régimen emplea lo que puede denominarse «terrorismo de Estado», una práctica que se manifiesta en la intimidación y represión cotidiana tanto de líderes opositores como de la ciudadanía en general. Organismos como el Seniat y cuerpos de inteligencia tales como el Sebin y la Dgcim, actúan coordinadamente con la Fiscalía para cerrar negocios y hostigar a la población. Este enfoque busca infundir un miedo paralizante, con el objetivo claro de desmotivar la participación electoral y, en última instancia, asegurar una menor movilización en contra del gobierno en las urnas.
Desde la perspectiva de la teoría de juegos, esta táctica se puede ver como un movimiento preventivo para desalentar cualquier oposición organizada. Al infundir miedo, el régimen disuade a los actores de los factores democráticos de tomar medidas que podrían amenazar su estabilidad, configurando un juego de disuasión.
La segunda estrategia consiste en maniobras judiciales que pueden equipararse a un «golpe de Estado» técnico. La eliminación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y la invalidación de candidaturas opositoras como la de Edmundo González Urrutia a través de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son ejemplos claros de cómo el Poder Judicial, alineado con el Ejecutivo, se utiliza para bloquear efectivamente cualquier desafío electoral significativo.
Aquí, Maduro utiliza el Poder Judicial, el TSJ, como una herramienta para alterar las reglas del juego político, lo que en teoría de juegos se describe como un cambio en la estructura de pago para disuadir a otros jugadores (opositores) de participar, asegurando que las acciones legales sean percibidas como costosas o fútiles.
Una tercera táctica implica la postergación de elecciones. Mediante dictámenes del TSJ que condicionan la realización de elecciones a la eliminación de sanciones internacionales, o a través de decretos que instauran estados de excepción basados en supuestos incidentes externos, el gobierno busca ganar tiempo y desarticular la organización y el ímpetu opositor.
Este movimiento se puede interpretar como una estrategia de «comprar tiempo», típica en la teoría de juegos cuando uno de los actores busca mejorar su posición o esperar una coyuntura más favorable para actuar. Aplazar la elección puede desmoralizar a la oposición y disminuir su efectividad y organización.
Finalmente, el día de las elecciones apelaría a lo que se ha denominado un «megafraude». Este no solo involucra la manipulación de resultados, sino también la cooptación de sectores de la oposición, quienes bajo presiones y promesas de reconocimiento se ven impulsados a validar los resultados electorales, independientemente de su legitimidad. Este es el colofón de una serie de estrategias que buscan perpetuar el statu quo a costa de la integridad democrática.
En términos de la teoría de juegos, esto se considera una estrategia de compromiso, en la que el régimen busca asegurar que cualquier resultado electoral lo favorezca, independientemente del verdadero voto popular. Este acto finaliza el juego garantizando el mantenimiento del poder, sin importar la voluntad del pueblo.
Estas cuatro estrategias del régimen de Maduro no solo socavan los principios democráticos fundamentales, sino que también profundizan la crisis humanitaria y económica en Venezuela. Cada una conlleva a escenarios que conducen a más incertidumbre y potencialmente a una escalada de violencia, lo cual desestabilizará aún más a la nación.
La situación en Venezuela es un recordatorio crudo de que la lucha por la democracia a menudo enfrenta obstáculos abrumadores, especialmente cuando un régimen como el de Maduro está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Sin embargo, ante un cambio eminente, la esperanza de alcanzar una transición pacífica del poder es a través de una salida negociada que garantice la seguridad y garantías para los que han estado en poder durante veinticinco años. Este es el único camino viable hacia una resolución que evite el derramamiento de sangre y restaure la estabilidad y la democracia en Venezuela
La comunidad internacional, así como los actores internos comprometidos con la democracia, deben reconocer y responder a estos desafíos con la seriedad y urgencia que merecen, buscando restablecer el orden democrático y el respeto a los derechos humanos en el país.
Sin embargo, para enfrentar las posibles estrategias del régimen bolivariano, se debe asegurar el compromiso de los actores nacionales e internacionales en un plan de acción integral que incluye actividades contra el terrorismo de Estado, las maniobras judiciales, la postergación de las elecciones y el megafraude.
En resumen, las estrategias del régimen de Nicolás Maduro no solo socavan los principios democráticos en Venezuela, sino que también exacerban la crisis humanitaria y económica del país. La manipulación judicial, el aplazamiento de elecciones, la represión estatal y el fraude electoral son tácticas que reflejan un intento desesperado por mantener el poder a cualquier costo. Frente a este panorama, la resistencia interna y la presión internacional son cruciales para contrarrestar la opresión y para promover el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Es imperativo que la comunidad internacional, junto con los actores democráticos dentro de Venezuela, implementen un plan de acción coordinado y decidido que aborde estos desafíos de manera estratégica. La solidaridad internacional, junto con una firme defensa de los principios democráticos, desempeña un papel fundamental en apoyar a los venezolanos en su lucha por recuperar su autonomía política y su integridad institucional. Este compromiso renovado hacia la democracia no solo es necesario para Venezuela, sino que sirve como un recordatorio vital de la importancia de la vigilancia y la acción proactiva en la defensa de los derechos humanos y la libertad en todo el mundo.