En nuestras dos anteriores entregas hemos sugerido el cómo en América Latina y Venezuela debemos planificar políticas públicas las cuales pasan desde un grupo de acciones metodológicas valorando sus espacios y formas de interrelación social.
Ahora bien, nada se puede hacer mientras no haya un consistente instrumento jurídico en cada país y región que garantice y fortalezca los avances logrados en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes derivados de la I Convención internacional sobre Derechos del Niño. Es decir, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Unicef hay que promover una nueva convención que centre sus aspiraciones en este contexto, y que nunca el dinero invertido en la atención directa de la infancia será menor entre un rango del 10% y 20% de los presupuestos ordinarios, y estos a su vez, tengan modernas plataformas tecnológicas en donde cada ciudadano, pueda ejercer contraloría de la inversión de los recursos financieros. Solo así tendríamos una Convención Internacional sólida, abierta y sobre todo orientada a brindar seguridad a nuestra infancia latinoamericana.
La inversión de los presupuestos para los niños, niñas y adolescentes, como el resto del dinero público, es casi que secreto de Estado de cada país. Ello, además de atentar contra la pulcritud del manejo y distribución de los recursos financieros, devela el atraso jurídico y tecnológico de América Latina. Si efectivamente, se habla de prioridad absoluta y de que los niños son sujetos se derechos, nuestros países no pueden seguir en una enorme desconexión social. Por ejemplo, se dice que se atiende a las comunidades indígenas, y estas ni siquiera llegan a conocer el monto de las inversiones que se ejecutan para «proyectos» en su favor. O sea, además de ser una aberración financiera, resulta otra clara violación al derecho de la información. Aquí pareciera que solo basta que lleguen un grupo de profesionales y personas hasta determinada comunidad, los doten de comida, ropa y medicinas y la misión queda «cumplida». ¿Eso es realmente válido y conforme con una doctrina de protección integral?
Las políticas públicas integrales van más allá de ser expresadas en un programa con el cumplimiento de una serie de pasos y objetivos. La praxis que estamos ejecutando es insuficiente, retrógrada y hasta violadora de los derechos de los niños. La educación, la salud y la alimentación como un oxigonio esencial para el derecho a la vida y de los derechos humanos, tienen que estar consustanciados con una pedagogía del amor, pero también con una orientación y ejecución de transparencia. Los programas y proyectos pueden ser eficientes y dirigidos hacia los más vulnerables, pero si éstos no pueden ser verificados y controlados por sus comunidades, no estamos a la altura de la auténtica verdad del bien, y nos convertimos en instrumentos de los agentes políticos de turno, que son en definitiva quienes asignan y destinan los recursos.
Tenemos muchas cosas que cambiar y mejorar. Las autoridades internacionales de protección a los niños, niñas y adolescentes que realizan un extraordinario trabajo por la infancia más abandonada y vulnerada en el mundo, también desde adecuarse y acercarse hasta el centro de su propia praxis. Y si bien se atienden millones y millones de niños a escala mundial, los recursos nunca serán suficientes mientras lo jurídico y lo tecnológico no estén en manos de las comunidades y sus entornos sociales. Solo así podremos conocer el fondo de hasta dónde podemos llegar y hemos llegado como ejecutantes de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Vamos hacia nuevos esquemas. Las naciones de América Latina tienen que comprender que el verdadero y auténtico desarrollo lo tenemos en nuestra infancia. Lo demás es entelequia y nos coloca en un constante ejercicio de errores y sumisiones históricas que siguen marcando la contemporaneidad. Tenemos un enorme reto por delante.
@vivassantanaj_