En Venezuela en estos momentos vivimos un superficial debate acerca de quien debe ser el abanderado de derrotar al nefasto y fracasado régimen presidido por Maduro. Los partidos políticos y movimientos políticos disfrazados de sociales se han lanzado a la arena, unos como acólitos del inútil régimen, otros para pescar algo. Asumo que, al igual que el partido gobernante, han olvidado que existe la sociedad civil (pueblo). Sus cálculos se dirigen al logro de prebendas y un espacito de poder. Hay un desprecio a la sociedad civil, ideología que se entronizó más cuando uno de los políticos que apoyaron al inicio al cóctel chavista dijo, ante la protesta social, “¿la sociedad civil qué es? ¿con qué se come? Marcado menosprecio a la sociedad civil, que ha intensificado el deshonroso régimen actual.
Pensé en ese momento que se repetía lo dicho por el neoliberalismo radical cuando Margaret Thatcher pronunció en una entrevista su famosa sentencia: “There is no such thing as society (No hay semejante cosa como sociedad)”. Esta idea la han practicado los socialistas en sus gobiernos, empeñados en la tarea de conseguir desmantelar la sociedad civil, convertirnos en una sociedad frágil, individualista y sumisa, Los extremos se tocan. La diferencia es que en uno el mercado nos aplasta, en el otro el Estado.
Entiendo que en el pensamiento político y de filosofía social ha sido profundo el debate cuando se ha tratado de precisar el contexto de la sociedad civil (pueblo). A mi entender, sin pretender dar una lección sobre el tema, parto de la idea que la sociedad civil es la agrupación natural de personas, que se organiza para auspiciar la consecución de determinados fines. Así, es posible afirmar que la sociedad civil alcanza a todos, en cuanto persigue el bien común, del cual es justo que participen todos y cada uno según la proporción debida. Se caracteriza por su capacidad de iniciativa, orientada a favorecer una convivencia social más libre y justa, en la que los diversos grupos de ciudadanos se asocian y se movilizan para elaborar y expresar sus orientaciones, para hacer frente a sus necesidades fundamentales y para defender sus legítimos intereses.
Por otra parte, debemos aceptar que la comunidad política (Estado) surge como un instrumento para alcanzar fines sociales. La comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, de la cual deriva. El Estado es, y debe ser en realidad, la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular e instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales tiene la posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común. El pueblo, como expresa el Papa Francisco “vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales… es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones”.
Cónsono con esa idea de pueblo, nuestra Constitución en su artículo 2º establece como valores superiores “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.” No obstante, los ineficaces y malandrines usufructuarios del poder han pisoteado esos principios, pero, lo lamentable es que esa ideología y tarea de demoler la moral han contagiado a diversas instituciones, tanto oficiales como privadas, incluyendo parte de la dirigencia política no oficialista.
Por ello, considero que en el debate actual sobre el destino de la Patria debe clocarse como idea central que la sociedad civil (pueblo) tiene primacía en la formación de la opinión y decisión política. Actualmente, ese poder del pueblo está secuestrado. Comparto lo que expone Ramón Escovar León en EL NACIONAL del 2 de abril “El poder no está en manos del pueblo, sino de un reducido grupo que ejerce el control de las instituciones y de la burocracia estatal”.
En este sentido debe entenderse que el Estado y la sociedad civil, aun cuando estén recíprocamente vinculadas y sean interdependientes, no son iguales en la jerarquía de los fines. El Estado está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen. La sociedad civil, por tanto, no puede considerarse un mero apéndice o una variable de la comunidad política: al contrario, ella tiene la preeminencia, ya que es precisamente la sociedad civil la que justifica la existencia de la comunidad política. Aceptar esta preminencia debe ser la base para la unidad en el camino al rescate del Estado y las instituciones, pues implica ceder los intereses personales o partidistas en función del interés nacional. En la sociedad civil está la fuerza.
El autor es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional