La epopeya de la diáspora 

Foto: Ezequiel BECERRA/ AFP

Fue probablemente el magistrado y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio Miguel Angel Martín el primero que calificó como un autogolpe de Estado el fraude cometido por el régimen de Nicolás Maduro, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Alto Mando Militar, para desconocer la voluntad popular expresada de manera incontrovertible en la elección presidencial del pasado 28 de julio. No es trivial el cambio de terminología. Hay una diferencia fundamental entre un fraude de dimensiones variables y un autogolpe de Estado, o golpe de estado electoral, con el que el gobierno viola las normas constitucionales para perpetuarse en el poder. 

En retrospectiva puede ahora reconocerse que el primer paso del fraude, que eventualmente se transformaría en un autogolpe, fue el violar masivamente los derechos humanos de la diáspora, integrada por cerca de 8,5 millones de venezolanos, para impedirle votar.

La enormidad de ese despropósito contra su propio pueblo se expresa en una simple y demoledora estadística: de 4,5 millones de venezolanos residentes en el exterior que en principio habrían tenido derecho a votar según el Registro Electoral vigente, si se les permitía actualizar sus datos, solamente se autorizó el voto a poco más de 60.000 venezolanos. Es decir, podía votar 1,33% de la diáspora y, en algunos países, como Estados Unidos, ninguno de los que podían teóricamente votar lo pudieron hacer porque no existían sedes consulares. 

Quedan pocas dudas, vista la conducta del régimen en todo este proceso, que tal arbitrariedad y violación descarada de la Constitución y las leyes estaba fundamentada en la convicción del régimen de haber perdido el respaldo popular, especialmente en la diáspora. 

Debe entenderse con claridad que el impedirle a la diáspora expresar su voluntad en la elección presidencial constituye una violación expresa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la cual en su artículo 21 reza:

1. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
   2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
   3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Es decir que esta actuación del régimen venezolano de violación de derechos políticos debe también entenderse como un atentado contra los derechos humanos, un hecho que tiene consecuencias muy importantes en el ámbito de la justicia internacional.

La intención del régimen de Maduro de silenciar a la diáspora ha tenido dos efectos íntimamente conectados. Por un lado, una cierta medida de entendible frustración y desánimo, que termina por traducirse en un alejamiento de los venezolanos sobre el tema Venezuela y que los lleva a concentrarse esencialmente en sus propias vidas en los países de acogida. Pero esa reacción no resume, ni de lejos, la respuesta de una diáspora que se ha venido estructurando en organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, o que se ha incorporado a actividades políticas en los países de acogida. 

Esta voz organizada de la diáspora ha sido fundamental en provocar la reacción de varios gobiernos y organizaciones internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea. Cabe también mencionar el entramado de conexiones entre la diáspora y el Comando del binomio formado por Edmundo González Urrutia y la líder de la resistencia constitucional María Corina Machado, que permitió que la diáspora tuviera voz en Venezuela y que ese refuerzo fuera excepcionalmente significativo en la recolección de información temprana sobre las elecciones.

A pesar del perverso intento del régimen por fracturar la unidad de su propio pueblo se ha venido articulando una red de experiencia, liderazgo y conexiones entre los venezolanos en la diáspora y los que están en el país, que atiende tanto necesidades económicas de las familias a través de las remesas, como contactos intelectuales y profesionales que jugarán un rol fundamental en la refundación de Venezuela. En otras palabras: el cruel intento del régimen por silenciar a la diáspora se ha revertido en su contra de manera irreversible. Pronto vendrán los  tiempos de calibrar la fortaleza de los lazos que hacen de los venezolanos un solo pueblo, dondequiera que estén, como lo enuncia nuestro egregio poeta Rafael Cadenas.