El argumento de que todas las autoridades surgidas de la elección organizada por Nicolás Maduro carecen de legitimidad y que sus actos son nulos encuentra respaldo en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este principio constitucional se fundamenta en el artículo 138 de la carta magna, que establece con claridad que:
“Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Dicho precepto implica que cualquier persona que ejerza funciones públicas sin una base legal y democrática carece de validez jurídica en sus actos. En este sentido, Nicolás Maduro, al no haber ganado legítimamente las elecciones presidenciales, ostenta el cargo de manera ilegítima, lo que lo convierte en un usurpador del poder. En consecuencia, todas las designaciones, decretos y decisiones emanadas de su administración carecen de validez jurídica, ya que derivan de una autoridad ilegítima. Esto incluye la designación de jueces, fiscales, miembros de organismos electorales y cualquier otra estructura de gobierno derivada de su mandato.
La ilegitimidad de Maduro se ha evidenciado a través de los procesos electorales viciados que han sido denunciados tanto por la oposición interna como por organismos internacionales. La falta de transparencia, la manipulación de resultados y el control sobre las instituciones electorales han convertido las elecciones en un simple mecanismo de perpetuación del poder, carente de respaldo popular genuino. Bajo esta premisa, cualquier elección organizada por su régimen está viciada de nulidad desde su origen y no puede generar autoridades legítimas.
En conexión con lo anterior, el artículo 333 de la Constitución faculta a los ciudadanos y a cualquier autoridad legítima para restablecer el orden constitucional cuando este haya sido violado:
“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Esta norma establece una obligación para los ciudadanos y para las instituciones que todavía conserven legitimidad en Venezuela o en el extranjero. La propia Constitución reconoce que, en caso de ruptura del orden constitucional, es deber de los ciudadanos y de los organismos internacionales desconocer a las autoridades usurpadoras y trabajar en la restauración de la legalidad. Esto implica que cualquier elección, nombramiento o acto administrativo realizado bajo la usurpación de Maduro es nulo de nulidad absoluta y no puede generar efectos jurídicos válidos.
La jurisprudencia constitucional en el derecho comparado ha establecido que la ilegitimidad de origen de un gobierno invalida sus actos en la medida en que no pueden considerarse emanados de la voluntad soberana del pueblo. En países con tradición democrática, se ha observado que los gobiernos surgidos de fraudes electorales o de procesos no democráticos son considerados regímenes de facto, cuyos actos pueden ser declarados nulos retroactivamente por un gobierno legítimo posterior.
El problema ético y legal se amplía a aquellos políticos que se suman al fraude. Los que se presentan como candidatos en elecciones organizadas por el régimen de Maduro o que colaboran en la consolidación de estos procesos se convierten en cómplices de la usurpación. No solo están participando en una farsa electoral, sino que están dando legitimidad a un proceso que claramente carece de base democrática. No es excusa decir que quien quiera participar es libre. Un líder se debe a su gente y no es libre para vulnerar el derecho de todos. O estás con Dios o estás con el diablo; no puedes servir a dos señores. Esto no solo cuestiona su integridad ética, sino que también refleja sus verdaderas intenciones: intereses particulares y no la vocación de servicio y la mayordomía que debe caracterizar a un verdadero líder político. La historia será implacable, y cuando Venezuela recupere su libertad, estos seudopolíticos deberán enfrentar a un pueblo que no olvidará que, por ambición o por conveniencia, dieron la espalda a la necesidad de libertad manifestada por la gente en las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se robó unas elecciones que indiscutiblemente ganó Edmundo González Urrutia.
Este acto de complicidad revela una falta de compromiso con el bienestar colectivo y la justicia, mostrando una clara desconexión con la verdadera vocación de liderazgo político que debe priorizar el interés común sobre los beneficios personales. El pueblo, al recobrar su soberanía, se enfrentará a una memoria histórica que no perdonará a quienes se hayan subordinado a la dictadura, contribuyendo a la perpetuación de un régimen injusto. La traición a la libertad y la democracia será un recuerdo imborrable para quienes, por intereses personales, no defendieron el derecho de los venezolanos a decidir su futuro de manera libre y transparente.
El reconocimiento internacional refuerza la ilegitimidad del régimen de Maduro, y numerosos países y organismos internacionales han rechazado las elecciones fraudulentas. La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varios gobiernos han denunciado la falta de garantías democráticas, subrayando que cualquier autoridad emanada de estos procesos carece de legitimidad. Esto confirma que quienes se suman a estos procesos no solo participan en un fraude, sino que se alinean con un régimen que ha sido desconocido por la comunidad internacional.
El principio de nulidad absoluta de los actos de una autoridad ilegítima tiene implicaciones concretas en el ámbito internacional. Por ejemplo, los acuerdos, tratados o contratos firmados por funcionarios designados por Maduro podrían ser impugnados en tribunales internacionales bajo el argumento de que fueron suscritos por un régimen de facto sin representación legítima del Estado venezolano. Esto podría generar un conflicto legal en el futuro, en el que un gobierno democráticamente electo podría reclamar la invalidez de los compromisos adquiridos por la dictadura.
Si no nos erguimos con firmeza frente a la dictadura, dejando de lado nuestros intereses particulares, Nicolás Maduro continuará manipulando al pueblo y a una dirigencia política que, al aceptar sus reglas, demostrará su incapacidad para afrontar el compromiso histórico que representa la lucha por la libertad de Venezuela. Es imperativo respaldar con confianza y determinación a la líder de este proceso, María Corina Machado, y a nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, pues la duda representa una debilidad que será aprovechada por el enemigo para perpetuar su régimen y someter a la nación. La unidad y la firmeza son esenciales para garantizar la libertad y la justicia que Venezuela necesita.
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