En anteriores artículos publicados en El Nacional me he referido a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de deportar a El Salvador a 238 venezolanos por supuestamente pertenecer a una banda delincuencial declarada como organización terrorista por Estados Unidos, con fundamento en la Alien Enemies Act; y en cuanto al cuestionamiento de tal orden judicial referí que “( … ) la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, Washington DC, denegó la apelación del gobierno del presidente Trump a la decisión de suspender los envíos de migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, quedando suspendidas las deportaciones a este país”[1].
Como lo había anunciado, el gobierno recurrió de esa decisión y en el proceso el juez Boasberg -el de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia-, parece haber dudado de la buena fe de la administración al decir: “Si realmente creían que cualquier cosa que hicieran ese día podía sobrevivir a una impugnación judicial, me cuesta trabajo creer que hubieran actuado de la manera en que lo hicieron”[i].
Como se observa, la justicia funcionó y el asunto ha tomado el rumbo de los procesos en el que se debatirá si se trató de una orden legítima del Presidente Trump o si, por el contrario, se violó el debido proceso y derecho de defensa de los deportados e, incluso, que se determine si hubo o no mala fe por parte del ejecutivo.
Hoy me voy a referir a otro tema relacionado con la inmigración y particularmente con la orden del presidente Trump que acordó la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos y el papel que vienen desempeñando los jueces en Norteamérica que va en línea con la independencia que mostró la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en el caso de las deportaciones arriba citado y, en particular, me referiré a la reciente decisión del juez federal Edward Chen en San Francisco, California, que bloqueó esa orden ejecutiva, marcando un nuevo hito en el litigio que han iniciado miles de migrantes contra las políticas restrictivas de la administración del mandatario estadounidense. En efecto, el juez Chen expresó que la eliminación de la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 venezolanos, que expiraría el 7 de abril de 2025, «( … ) amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costará a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicará la salud y seguridad públicas en comunidades de todo el país».
Además de referirse a los posibles daños y perjuicios que la suspensión podría ocasionar tanto a los venezolanos como a Estados Unidos, el juez Chen consideró el impacto positivo de los beneficiarios del TPS en la economía estadounidense, enfatizando en que los venezolanos protegidos por este estatus tienen un nivel educativo más alto que el promedio de ciudadanos estadounidenses (entre 40% y 54%), registran tasas de empleo de entre 80% y 96%, y contribuyen significativamente en impuestos y seguridad social, entre otras ventajas[ii].
La aludida decisión, como bien advirtió el juez, no es definitiva, pues podría ser recurrida por el presidente, pero lo que sí demuestra es la independencia judicial y el funcionamiento del checks and balances, esencial para el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho, lo que ha sido confirmado por el juez federal Richard G. Stearns en Boston, Massachussets, quien si bien se abstuvo de dictar un fallo, ratificó la validez de la decisión de Chen al señalar que ya existía una orden que protegía a los venezolanos del intento de la administración presidencial de eliminar el TPS, resaltando que Boston es una de las ciudades que ha abogado por los migrantes venezolanos y haitianos, reflejando el apoyo de ciertas jurisdicciones locales a las comunidades inmigrantes[iii].
Como era de esperarse en un Estado de Derecho –rule of law-, el gobierno ha acatado la orden judicial y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración confirmó que, como resultado de esa orden, la designación del beneficio de 2023 se extiende oficialmente desde el 3 de abril de 2025 hasta la nueva fecha límite, lo que implica la extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo asociados al TPS, y los nuevos permisos de trabajo seguirán teniendo validez hasta el 2 de abril de 2026, a menos la orden judicial sea revocada antes de esa fecha[iv].
En este contexto, puede decirse que estas decisiones judiciales no sólo han demostrado su papel como freno a medidas ejecutivas controversiales, sino que también han resaltado la importancia de contar con un respaldo institucional fuerte para garantizar la protección de quienes han huido de crisis humanitarias. Así como lo he expuesto anteriormente, el camino de los migrantes venezolanos en Estados Unidos sigue dependiendo en gran parte de la respuesta de los jueces y organismos internacionales, quienes han demostrado ser un escudo ante políticas que, de otra manera, los dejarían en la incertidumbre absoluta.
Decisiones como las aludidas traen a la memoria dos situaciones que se dieron en distintos momentos. Una, en el siglo XVIII, cuando el rey prusiano Federico II, ante la resistencia de un molinero que poseía un viejo y ruidoso molino que no permitía al monarca conciliar el sueño, ordenó su demolición. El molinero afectado recurrió a un juez, resultando condenado el monarca al pago de daños y perjuicios. Se cuenta que éste, ante el resultado del fallo, pronunció: «Veo con alborozo que aún hay jueces en Berlín»; y dos, en el 2010, cuando se debatía en Colombia sobre la posibilidad de una segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República, la Corte Constitucional negó esa posibilidad, lo que se celebraba en Colombia parafraseando al prusiano un “Hay jueces en Bogotá”[v].
Por lo pronto, hay demostraciones ciertas de que los checks and balances funcionan en Norteamérica y permiten decir: “Hay jueces en Estados Unidos”.
[1] Ver: Carlos J. Sarmiento Sosa. https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/el-presidente-trump-y-los-238-venezolanos-orden-ejecutiva-justificada-o-violacion-de-derechos/ y https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/jueces-norteamericanos-organismos-internacionales-tienen-las-respuestas-ante-la-orden-ejecutiva-del-presidente-trump/
[i] Ver: Lindsay Whitehurst, Michael Kunzelman y Alanna Durkin Richer. AP.
Disponible en: https://apnews.com/article/deportaciones-venezolanos-el-salvador-boasberg-desacato-trump-946a2a887b1ceb2801ee169aff8df9e3. Consultado el 4 de abril de 2025.
[ii] Ver: Daniela León. «Los puntos clave del documento del juez que bloqueó la revocación del TPS para venezolanos». Disponible en:
https://eldiario.com/2025/04/01/te-explicamos-puntos-clave-documento-juez-bloqueo-revocacion-tps-para-venezolanos/. Consutado el 2 de abril de 2025.
[iii] Ver: Diario Versión final. «Juez federal en Boston respalda fallo de California sobre el TPS para venezolanos». Disponible en:
https://diarioversionfinal.com/mundo/juez-federal-en-boston-respalda-fallo-de-california-sobre-el-tps-para-venezolanos/#. Consultado el 2 de abril de 2025.
[iv] Ver. El Nacional. «TPS para venezolanos en Estados Unidos seguirá vigente hasta octubre de 2026». Disponible en: https://bitlysdowssl-aws.com/venezuela/tps-para-venezolanos-en-estados-unidos-seguira-vigente-hasta-octubre-de-2026/. Consultado el 4 de abril de 2025.
[v] Ver: Carlos J. Sarmiento Sosa. Hay jueces en Berlín. «En El clamor de la libertad ante la destrucción del Estado de Derecho en Venezuela». Disponible en: https://www.amazon.es/clamor-libertad-destrucci%C3%B3n-Derecho-Venezuela/dp/1719918066
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