Golpes cruzados

La orden de detención —caza y captura— emitida contra el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia (74 años), diplomático de bajo perfil y alto designio, es la imagen rutilante de un régimen que sigue dando (y empezando a recibir) golpes cruzados, mientras el resto del mundo se desentiende del horror y una cuarta parte de la población huye de la pobreza y la represión.

El país con mayores reservas de petróleo del mundo perdió sus libertades, por el alto grado de corrupción enquistado en la democracia de Carlos Andrés Pérez, al decantarse por líderes «populistas» que hicieron de la violencia y la opresión asideros inexpugnables con los que aferrarse al poder.

El declive del sistema ofrece evidencias: democracia ineficiente, autoritarismo implacable, corrupción exponencial y una impudicia que va destruyendo la fibra moral que pervive agonizando. Cortejadas por sanciones económicas, cargos orwellianos de «incitación al odio» (¿le suena, estimado lector?) y fraudes sucesivos… que truncan cada día nuevas vidas. De ahí, el éxodo.

Esa conjunción ratificaría que, tras un cuarto de siglo en el poder, los sucesivos gobiernos han cocinado a fuego lento la peor de las crisis imaginables, sin asumir responsabilidades.

Al pueblo venezolano le ha llegado la hora de ajustar cuentas. Y lo ha hecho votando masivamente, sin equidistancias. La oposición tiene pruebas que acreditan su victoria y el grosero fraude electoral de quien se autonombró presidente, sin que todavía se hubieran publicado los resultados.

Cuando un régimen que tiene el monopolio de las armas de fuego, la policía y los militares, practica terrorismo de Estado y se niega a aceptar los resultados de elecciones democráticas ¿qué más pruebas necesita la comunidad internacional, para abandonar esos vaporosos comunicados?

El denuedo de los venezolanos merece su apoyo incondicional ante dos escenarios que se contraponen:

Una salida negociada, que facilite un cambio pacífico y duradero, con la oferta firme de Washington de que no se procesará a la nomenclatura del chavismo; enfrentada a sanciones y acusaciones penales, si se reconoce la derrota electoral y abandonan el cargo.

En este delicado e incierto proceso, el presidente brasileño, Lula da Silva está en una posición impar para mediar y el fiscal jefe de la CPI

para suspender la investigación de la Corte Penal Internacional -CPI- sobre crímenes contra la humanidad, como parte de un acuerdo entre una oposición que ha ganado las elecciones y la administración saliente.

Esta transición acordada —susceptible de infundir un lógico escepticismo en quienes no se muestran dispuestos a aceptar una escapatoria que blanquee abusos de derechos humanos y corrupción generalizada— comportaría beneficios prácticos: la restauración de las instituciones democráticas y el Estado de derecho y la recuperación económica.

Una ofensiva en toda regla. Para buena parte de los venezolanos —— la inclinación natural sería la inmediata rendición de cuentas, incluida la venganza. Golpes cruzados.

Sin anunciar medidas concretas de penalización, la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunciando el fraude y apuntando como ganadores al opositor y su carismática escudera, equivaldría al reconocimiento formal del legítimo presidente de Venezuela.

Para un respetado analista venezolano, factoría Harvard, crítico con lo que llama una fiesta orgiástica en la que dice está inmersa la oposición —actas para probar el fraude, convocatoria de marchas—es una terrible pérdida de tiempo “probar lo probado es una forma cantinflérica de llover sobre mojado”.

Su planteamiento consistiría en que el primer acto de gobierno debería consistir en dar luz verde a la Administración de Control de Drogas (DEA) para materializar las órdenes de captura —que hizo Interpol— a quienes controlan las principales rutas del narcotráfico.

Al ser la DEA un grupo policial de élite, con equipo militar, la responsabilidad recae en el Ejecutivo nacional; de tal manera no se podría denunciar injerencia de potencias extranjeras.

Hasta que eso ocurra, en cualquier caso no antes de las elecciones de noviembre, todos los venezolanos deben protegerse del fuego de la calle. Es sabido que “en pelea de grandes pierden los chiquitos…»

Esta no es tarea fácil, Estados Unidos tiene un currículo que no lo convierte en árbitro objetivo en América Latina. Desde que Hugo Chávez (¿por qué no te callas?) fue elegido presidente en el 98, la potencia imperialista entrometida apoyó intentos de golpe de Estado, en dos ocasiones (2002 y 2018)

Ningún Estado miembro de la Unión Europea ha reconocido «la farsa». Con esa vaporosidad dialéctica con la que tratan de ponerse de acuerdo entre sí, mientras paren ratones, los 27 se resignan a que el dictador se mantenga en el poder como presidente de facto, sin la «legitimidad democrática» que da ganar elecciones.

Como estrambote, la petición al gobierno bolivariano de que «ponga fin a la represión», tras haber detenido injustamente a «más de 2.400 personas», por haber apoyado a la candidatura vencedora.

El Centro Carter —con sede en Atlanta y más de 100 elecciones observadas en todo el mundo— envió a Caracas una delegación de 17 personas, que se reunieron con la autoridad electoral, candidatos, partidos políticos y fuerzas armadas. En un demoledor informe, el único observador electoral independiente al que el chavismo permitió entrar en el país, denunció el incumplimiento de las normas internacionales, reprobando al tiempo que el gobierno no hiciera público el recuento de votos.

Cuando el presidente de la República (62 años) salió a las puertas del majestuoso Palacio de Miraflores, exigiendo a la comunidad internacional respeto al fraude electoral e instando a “no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela” no podía imaginar que, poco después, se le iba a confiscar un “Falcon” de contrabando. Todo un hito en materia penal.

El avión comprado ilegalmente, por 13 millones de dólares, a una empresa fantasma con sede en el Caribe, se encontraba, para mantenimiento, en la República Dominicana, cuyo gobierno cooperó con la Fiscalía General de Estados Unidos, para incautarlo y llevarlo de vuelta a Florida.

El exordio del jefe del Estado traía a la memoria lo que dijo su padre putativo y maestro, Fidel Castro, cuando el gobierno de Kennedy quiso inspeccionar en territorio cubano a los barcos soviéticos que regresaban a Rusia los misiles nucleares: «A este país no lo inspecciona nadie». Palabra de cubano.

La clave podría estar en quienes se han hecho con el “núcleo duro” del régimen: policía, ejército, agencias de inteligencia y medios de comunicación que, a cambio de recibir incentivos por parte de la oposición y la comunidad internacional, entendieran que su mejor opción es la contraria. Sin ese potencial caladero ¿el castillo de naipes del chavismo se derrumbaría?

De momento, 31 expresidentes han denunciado al régimen que practica terrorismo de Estado, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el avión presidencial ha sido incautado en la República Dominicana. Golpes cruzados.