Gobierno de facto

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«Es preciso vengar la patria cuantas veces intenten los pérfidos sepultarla en la anarquía y arruinarla; y no debemos desmayar jamás, aun en medio de las dificultades». SIMÓN BOLÍVAR

Un gobierno de facto es aquel que, si bien en la práctica ejerce como tal, no está reconocido oficialmente por alguna norma jurídica. Se establece en violación del ordenamiento constitucional del Estado ejerciendo su poder efectivo, cuyo reconocimiento internacional por parte de terceros, es un acto voluntario y discrecional que atiende generalmente a la efectividad de la situación creada.

Un gobierno de facto suele referirse a un gobierno sin aprobación electoral, se aparta de la legalidad, usurpa la autoridad, no se ajusta a la ley y solo ostenta el poder. Puede haber diversos motivos para que exista un gobierno de facto, tales como:

• El gobierno que se forma luego de haber tomado el poder tras un golpe de Estado. En este caso, durante un tiempo, y hasta que se restablece el orden institucional u otro gobierno lo reemplaza, el gobierno que se forma está en funciones, y no es oficial.
• Por ocupar un vacío de poder. En este caso, el gobierno oficial no es operativo por algún motivo, exilio forzado, incompetencia, etc. y, por necesidades prácticas, surge algún sistema de gobierno no oficial que toma las riendas.

Otro sentido del término es aquel que designa a una persona que ejerce el mando efectivo del poder, aunque oficialmente no tenga un título de gobierno formal.

El «Manual de operaciones» del Fondo Monetario Internacional indica que un «gobierno de facto» entra o permanece en el poder por medios no previstos en la Constitución del país, como un golpe de Estado, revolución, usurpación, abrogación o suspensión de la Constitución.

Cabe señalar que el reconocimiento internacional a un gobierno de facto es un acto discrecional, es decir, que ningún país o Estado está obligado a reconocer a un gobierno irregular ni tampoco a mantener relaciones diplomáticas con un gobierno, que ha nacido a causa de una ruptura del orden interno estatal, constitucional y legal, como es el caso venezolano.

La pretensión del régimen de Maduro de continuar aferrándose al poder, ilegítimamente a partir del 10 de enero de 2025, no brinda ninguna posibilidad de garantizar a los venezolanos que el país disfrutará de todos sus derechos previstos en la Constitución Nacional, tantas veces pisoteada por quienes se ufanan de ser hijos de Bolívar, el Padre de la Patria, cuyo ideario, pensamiento y postulados, contradicen a más no poder.

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