No hay ninguna sorpresa en la decisión de ayer del Tribunal Supremo de Justicia que convalida el fraude más gigantesco ocurrido en la historia electoral del país, decreta la muerte del Consejo Nacional Electoral y eleva la degradación moral y política a un nivel del que no se tenía memoria.
Transcurridos 25 días de las votaciones presidenciales, 25 muertos después del temido día D en el que Nicolás Maduro fue literalmente barrido en la inmensa mayoría de las 30.026 mesas electorales, como símbolo de una desgracia política inimaginable e insufrible, la cúpula político-militar teledirigida desde La Habana concluye una farsa, adornada de personajes esperpénticos, para mantener en el poder a Maduro, sin votos, sin legitimidad, despreciado por el bravo pueblo y apestado por sus vecinos regionales.
Todas las instituciones públicas en Venezuela caben en el puño de Miraflores: la presidenta del TSJ y el presidente del CNE son miembros dóciles del partido de gobierno, igual que el fiscal general. La Asamblea Nacional, expresión de la soberanía popular, carece desde hace años de la más mínima legitimidad. Y los mandos militares, corrompidos y politizados, ordenan apuntar los fusiles contra quienes deben defender.
Lo que los venezolanos le han exigido a Maduro, lo que ha reclamado la comunidad internacional, es diametralmente distinto a lo perpetrado en el TSJ: que haya una verificación imparcial, independiente y calificada de las actas del escrutinio del 28 de julio. El gobierno se niega a hacerlo porque las actas en su poder certifican su derrota. El TSJ avala el robo descarado de la decisión libre de los venezolanos.
Los únicos documentos fiables de la elección del 28J son los que miles y miles de testigos electorales recopilaron la noche del escrutinio, protegieron con riesgo para sus vidas y fueron publicados para el conocimiento de todos los venezolanos y del mundo entero. Las actas de votación difundidas por la oposición democrática, contrastadas por medios de comunicación de prestigio mundial y organismos internacionales, son la evidencia del arrollador triunfo de Edmundo González Urrutia.
Ninguna decisión jurídica -y menos esta del TSJ que ni siquiera verifica que el material que le entregó el CNE se corresponda con su base de datos y las actas generadas el 28J- puede echar por tierra la decisión soberana de los venezolanos expresada fielmente en las urnas. La decisión solo certifica que Maduro es ahora más dictador de lo que lo era hace un par de días.
Junto con este fallo supremo, amañado y sin pies ni cabeza, el régimen amenaza a los líderes de la oposición, a María Corina Machado, la mujer de una sola pieza que los ha desafiado como nunca antes, y a Edmundo González Urrutia, el ganador incontestable de la elección del 28 de julio.
Fraude, golpe de Estado, farsa para bobos y represión. Esa es la receta de un régimen a la deriva, sin valores de ningún tipo, obcecado por el poder que ha sido su fuente de riqueza y el origen de su perversión.
Los venezolanos tenemos que persistir en nuestro necesario y justo reclamo. Tenemos que persistir en el sueño de liberar a Venezuela de este poder indolente y criminal. La comunidad internacional debe presionar con más vehemencia y eficiencia en favor de la recuperación democrática de Venezuela.
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