OPINIÓN

Estado esquizofrénico

por Ovidio Pérez Morales Ovidio Pérez Morales

Ante todo, una definición de términos. Por Estado se entiende aquí el cuerpo político, la estructura jurídica de la nación, tal como la Constitución trata de identificarla en sus principios y normas fundamentales. Esquizofrenia es del ámbito psicológico y equivale a disociación, discordancia de las funciones psíquicas con alteración de la unidad de la personalidad y de su puente con la realidad.

Lo primero que salta a la vista en el análisis de la situación nacional es el divorcio patente entre el funcionamiento del Estado y la letra de la Constitución, lo cual aparece evidente ya en una simple hojeada del Preámbulo y los Principios Fundamentales. Un ejemplo bien concreto lo ofrece el artículo 55 sobre la protección del Estado a las personas. Y hay casos en los cuales la letra constitucional se queda en el mundo de la fantasía por el “nominalismo” o vaciedad de sus determinaciones, como cuando trata de los derechos sociales (75ss). Por un lado marcha la carta magna y por otro la realidad concreta. El síndrome de Estocolmo ha venido acostumbrando a los venezolanos a la aceptación de lo ilegal como normal, de lo violatorio de derechos humanos como ordinaria administración, de lo abusivo como inevitable. Ha sido efectiva en gran medida la sistemática pedagogía del amaestramiento y la sumisión, característica de los regímenes tiránicos y totalitarios. Así el “bravo pueblo” se transforma en manso súbdito; de libertador de otros en la Patria Grande se convierte internacionalmente en motivo de lástima.

La contraposición es evidente entre la Constitución y el Plan de la Patria con todo el andamiaje normativo ilegítimo de este, que se viene montando en asambleas, constituyente, TSJ, Diktat ejecutivo… hacia un sacralizado socialismo del siglo XXI y el menjurje del Estado comunal.  Esta dualidad viene de lejos; era la propuesta de reforma constitucional hacia un Estado socialista, presentada a la nación el 15 de agosto de 2007 por el presidente de la República, la cual fue negada, pero introducida ulteriormente de modo progresivo por caminos verdes. Cuando el Episcopado plantea la urgencia de una refundación el país, es porque esta implica como uno de sus elementos fundamentales, poner en claro qué tipo de Estado se maneja y se debe manejar en la República de Venezuela.

La esquizofrenia se manifiesta también en el plano internacional por el doblaje existente en cuanto a la representación oficial del Estado. El reconocimiento de este no es uniforme, con la confusión y consecuencias negativas que son de prever, aparte del vergonzoso espectáculo que ofrecemos como país. Además del desastre material y moral, padecemos de una minusvalía jurídica global.

En esta línea de disociación ha de subrayarse una sumamente dañina en el campo ético-cultural y es la relativa a la verdad. Se trata de una institucionalidad de la mentira, que es la ruptura entre lo que se piensa y lo que se dice; cuando se la exhibe de modo calculado y burlón se torna en cinismo. ¿Consecuencia? Desconfianza a priori respecto de los mensajes que vienen del mundo oficial, lo cual que tiende a minar también la comunicación en el ámbito político y social. No olvidemos: columna fundamental de un progreso humano consistente es la confianza en “el otro”. Recordemos la clara enseñanza de Cristo “la verdad los hará libres” (Jn 8, 32), así como la calificación del diablo como “padre de la mentira” (Ibid. 44).

Venezuela no ha entrado todavía en el III milenio. Peor aún, ha involucionado y caído en un desastre global por la persistencia de la actual dictadura militar social comunista en imponer un sistema contrario a la refundación de la República, que la Constitución de 1999 explicitó en su Preámbulo. Por ello, urge que el soberano, con su poder constituyente originario (CRBV 5), tome a Venezuela en sus manos y la encamine, a doscientos años de Carabobo, hacia una convivencia realmente democrática, solidaria, productiva, fraterna, de calidad ética y espiritual, en la línea de sus mejores valores identitarios nacionales.