Encarcelar la soberanía

“Esposo, padre y abuelo. Diplomático. Servidor público. Candidato presidencial unitario. ¡La tarea es de todos, contamos contigo!”. No necesita muchas palabras Edmundo González Urrutia, de 75 años, para presentarse. Las de un hombre justo y equilibrado, al que su país ha colocado en la corajuda tarea de liderar, junto a María Corina Machado, la recuperación democrática de Venezuela. 

Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, como lo atestigua el 83,5% de las actas del escrutinio público difundido de las elecciones del 28 de julio que el Consejo Nacional Electoral desconoció y que el Tribunal Supremo de Justicia avaló en un fraude monumental y descarado. La dictadura de Nicolás Maduro ha desatado contra la voluntad libre de los venezolanos la más feroz represión de período político alguno que aterra la conciencia de los demócratas del mundo.

Contra ese hombre, ajeno al insulto y a la descalificación, la fiscalía de bolsillo de Maduro ha ordenado su captura bajo los supuestos delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistema, asociación”. Delitos todos de los que pudiera tipificarse la conducta de la cúpula responsable de la destrucción física e institucional de Venezuela.  Y se quedarían cortos ante los procesos que cursan contra el régimen venezolano en la Corte Penal Internacional y serían minucia ante el más mayúsculo crimen fraguado en la madrugada del 29 de julio contra la soberanía popular.

Es cierto que la soberanía venezolana ha sido entregada desde hace más de una década a los intereses de la dictadura castrista, que controla los servicios de inteligencia, diseña los métodos de la represión que ha aplicado sobre su herido pueblo por más de 60 años, protege las espaldas de sus socios entreguistas locales y saquea aún los menguantes recursos económicos de nuestra nación, que solo deja miseria para los suyos.  

Encarcelar a Edmundo González es encarcelar la soberanía que el pueblo venezolano conquistó y defiende desde el 28 de julio. Las actas del escrutinio electoral, las únicas que se conocen y que han sido verificadas por instituciones y medios de prestigio mundial, son la expresión de la convicción extendida de los venezolanos en la urgencia del cambio político, de desalojar del poder a una tiranía impropia de estos tiempos que mancilla la dignidad humana. 

Maduro ha sido proclamado presidente sin una sola acta que lo demuestre. Maduro ha arremetido contra la población -expulsa, persigue, apresa y asesina venezolanos- que protesta y rechaza su continuismo ilegítimo en el poder y ahora Maduro, su círculo de poder y sus organismos de cartón, dan un último paso de desvarío total –“han perdido toda noción de la realidad”, advirtió María Corina Machado- para provocar una desestabilización política que justifique aún una mayor represión. Solo hay que recordar la expresión soez del supuesto número dos del régimen, el teniente Diosdado Cabello: “Los vamos a joder”.

La conducta de los venezolanos estará marcada por las palabras que Machado ha reiterado una vez más: serenidad, coraje y firmeza. Ahora más que nunca. Porque no es una prueba de fortaleza, sino de vileza, el comportamiento del régimen. Porque están dominados por el miedo a perder el poder, sostén de sus atropellos y su corrupción económica y moral. 

La comunidad internacional tiene que actuar con urgencia. Tiene la responsabilidad de proteger la independencia y soberanía de una nación en decidida lucha por su democracia, que deposita su fuerza en el veredicto mayoritario, pacífico y paciente de su gente como lo demostró la elección del 28 de julio. El fiscal de la Corte Penal Internacional deberá ordenar medidas coercitivas contra Maduro y la cadena de mando. Los países democráticos del mundo, de cualquier signo, tendrán que hacer una clara y determinante manifestación de repudio que ayude a detener a un régimen insensato, cruel y fuera de sí.