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El suicidio de las universidades autónomas venezolanas y las equivocaciones de Picón Salas

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«Siempre hubo en la historia venezolana, a pesar de la prédica derrotista y desengañada de los sembradores de cenizas, un impulso de ascenso social y espiritual» (Mariano Picón Salas: https://gregoryzambrano.com/wp-content/uploads/2011/12/el-bien-del-intelecto0001.pdf)

En Venezuela, presumo que en el curso del  siglo XXI, todos los claustros académicos de las universidades autónomas están [conforme a leyes de la naturaleza] bajo la responsabilidad de mujeres y hombres cuyas edades no sobrepasan los sesenta años, lo cual no significa que los mayores tengan prohibido impartir  clases, investigar o sean excluibles cuando se trata de buscar quien ejerza importantes cargos de conducción institucional: porque, los proyectos siempre dictarán sentencia [excepto  que sean inhábiles  a  causa  de  interdicciones  o enfermedades como la senilidad].

En nuestras casas de estudios superiores son cuatro las autoridades  más notorias, empero no han desaparecido [ni lo serán] representantes de «consejos de facultades» y el gran Consejo Universitario. Pese a lo cual,  es  indiscutible  que  en ellas no  se aplica el principio del «voto universal» para elegir a quienes reciben mandatos académicos-administrativos. Si los «preceptos constitucionales» poseen la cualidad de prominente sobre  las  leyes, sin   menoscabo   de la  «Autonomía   Universitaria» que   igual consagrada en la carta magna de 1999 en Venezuela, hace años que las  autoridades  académicas-administrativas  debieron  permitir que toda la comunidad universitaria ejerciera el derecho a votar para elegirlas o revocarlas, tras reconocer que ello forma parte de nuestros derechos humanos. Cierto: el  Artículo  109  de la Constitución  Nacional Bolivariana destaca que «[…] las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y administración  eficiente  de  su  patrimonio  bajo el control o vigilancia que a tales efectos establezca la ley […]» Sin embargo,  el opúsculo «[…] se  darán  sus  normas  de  gobierno […]» no significa que sean omniscientes para redactarlas o no hacerlo,  de tal forma  que prosigan desconociendo que  todos  los  ciudadanos  de la república tenemos los  mismos   deberes  y  derechos. Desde  hace décadas, los sucesivos «jefaturales» de las  universidades caricaturescamente autónomas se impusieron la costumbre [especie de absurdo «derecho adquirido»] de permanecer impenitentes en cuanto a la aplicación general de los derechos humanos, y no sólo en materia electoral. No es secreto de claustro superior la importancia principista que tiene «ver, oír y callar» asuntos de indudable trascendencia, relacionados con los quehaceres institucionales-universitarios.

La «extraterritorialidad» de las entre comidillas y comillas «universidades autónomas» es fantasiosa, estupidez de engreídos. Nuestra muy venerable Universidad de los  Andes, por  ejemplo, no  es «una casa  de  estudios con  una ciudad por dentro» (http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/21517/025documento4.pdf?sequence=2&isAllowed=y) sino organismo del Estado venezolano con más o  menos  virtudes y  defectos que  los  demás, cuya supervivencia está sujeta a envíos de situados  constitucionales. En ella, «ver, oír y callar» establece la diferencia entre: inamovilidad en funciones laborales, ser execrado, subvalorado, degradado, destituido, excluido. Los conocimientos y las habilidades de un obrero, funcionario administrativo, investigador o profesor están por debajo de la lealtad hacia determinado jerarca. El trato «digno» es reservado a quienes creen formar parte de la Plutocracia    Académica-Administrativa en funciones de un gobierno «extraterritorial».

Aun  cuando,  sin  violencia,  el poder académico que representaron los «clérigos fundacionistas» fue gradualmente  sustituido por el actual de plutócratas caricaturescos o imitación, que sólo admiten por democracia una  forma  de gobierno instaurado fuera de los claustros universitarios, porque ellos, en campus donde se imparte la docencia e investiga, están extraterritorialmente exentos  de  cumplir  y hacer  cumplir la cartas magnas. Los plutócratas de la Antigüedad poseían heredadas fortunas,  los  de  nuestro  tiempo urden  para obtenerla del Erario Público mientras  sus  comportamientos  son  ostentosos  y  soberbios. No  intenten refutar lo que experimenté. Me consta, soy testigo en palco  de coliseo: en las casas que no vencen sombras hay  admirables  excepciones. Mariano Picón Salas fue un docente cuyo prestigio no le impidió equivocarse. Las universidades autónomas se suicidaron al tomar decisiones que las distanciaron lesivamente de quienes representan al Estado de Justicia y Derecho.

Les confirieron potestad para darse normas de gobierno. Pero, deberían entender que no conforman tropas extraterritoriales de ocupación en instalaciones académicas: con humildad y aceptación de la justicia, tienen la expedita obligación de redactar estatutos que promuevan y fortalezcan la participación [mediante el voto universal] de todos los ciudadanos a los cuales concierna la escogencia de autoridades.

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