El presidente Pérez y los gobernadores de la descentralización

Foto: Juan Diego Avendaño Rondón

El pasado 27 de octubre se cumplieron cien años del nacimiento de Carlos Andrés Perez, 5° presidente de los tiempos democráticos (R. Gallegos fue el primero). Se han escrito muchos libros y ensayos  sobre su vida y su obra como político y gobernante. En estos días han aparecido buenas notas periodísticas, reivindicativas o de redescubrimiento unas, críticas otras. Siempre se podrá revelar algo no conocido u ofrecer nueva interpretación sobre cualquier aspecto de su actividad. Estas notas no pretenden ser una reseña biográfica. Intentan, más bien, aportar un testimonio sobre una experiencia gubernamental compartida de significado especial para Venezuela.

En enero de 1988, animada la campaña para elegir  el presidente del 7° período de la era democrática, Carlos Andrés Pérez, candidato de Acción Democrática, manifestó su disposición a adoptar las reformas políticas propuestas por la Comisión para la Reforma del Estado, Copre, entre ellas la de adelantar un proceso de descentralización.  Suponía la elección de los gobernadores de Estado por votación popular, como lo preveía el artículo 22 de la Constitución de 1961. Era una aspiración de las entidades regionales, a las que se había arrebatado, desde las dictaduras centralizadoras, esa competencia (que “ejercieron” con métodos diversos durante el siglo XIX). No la recuperaron al implantarse el sistema democrático: lo impidieron los temores a la disgregación caudillista y la creencia capitalina en la incapacidad (o minusvalía?) de la Provincia. Pero, a finales de los ochenta parecía conveniente restablecer aquel mecanismo de participación como señal de voluntad de renovación del sistema.

No hubo en 1947 acuerdo sobre la materia; y se dispuso la celebración de un referéndum que no se realizó (debido al golpe militar de 1948). Como se dijo, en 1961 se previó que por ley podía establecerse la elección de los gobernadores. El proyecto correspondiente debía ser admitido en sesión conjunta de las Cámaras, “por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. Entre tanto, serían designados por el Presidente. Suponía, pues, un convenio difícil de lograr entre los partidos de gobierno y oposición. Con su declaración, Pérez lo facilitó. En efecto, el 24 de enero, los candidatos de AD y Copei se comprometieron a incluir en sus programas las propuestas de la Copre. Pero, ante la presión de la opinión pública y para demostrar su voluntad reformadora, adelantaron el cumplimiento de la promesa. Así, se dictó la Ley de Elección y Remoción de los Gobernadores (agosto 1988).

La exposición de motivos del texto de 1961 explicó que en Venezuela la federación tenía un significado específico (diferente al desarrollado en las ciencias políticas), resultado de circunstancias históricas propias: “sistema peculiar de vida, conjunto de valores y de sentimientos”. Por eso, la República (llamada federal) era realmente una entidad centralizada en extremo. Al mismo tiempo, el proyecto recogió el sentimiento general favorable a la descentralización, con sólido fundamento histórico: las Provincias coloniales eran autónomas, como lo fueron durante las décadas que siguieron a la Independencia. Por eso, la Constitución de 1961, producto de un consenso nacional, aunque mantuvo la organización centralizada, dejó abierta la posibilidad de realizar en momento oportuno la federación, que “sigue siendo en el espíritu de la mayoría un desideratum hacia el cual (se) debe tender”. En 1988, ante la inconformidad frente al sistema, se creyó llegado el momento de iniciar el camino hacia ese objetivo.

Desde finales de los años setenta se sintieron los efectos de la estabilidad democrática y los mayores precios petroleros. Cuando se creía avanzar hacia el desarrollo (pues mejoraban las condiciones de vida) asomó la crisis económica. Para entonces se había perdido el espíritu republicano. Beneficiario de la riqueza estatal y secuestrado por partidos y organizaciones de intereses parciales, el sistema político, cerrado y excluyente, era insensible ante la pobreza, incapaz para resolver problemas, ineficiente en el manejo administrativo. Ante la preocupación general, en 1984 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Ese organismo, que consideró el centralismo entre las causas de aquella situación, fijó la descentralización como un “eje de la reforma” y aprobó los “Lineamientos Generales” para su realización. Se pretendía revertir el proceso iniciado casi un siglo antes. Para fortalecer la legitimidad democrática, los dos grandes partidos aceptaron transformar el estado centralizado en una federación descentralizada.

La aceptación de las propuestas de la Copre por Carlos Andrés Perez significaba la reducción de sus futuras facultades. Gesto similar había tenido Eleazar López Contreras cuando en 1936 consintió limitar su período de gobierno a 5 años. En ambos casos, se trataba de renuncias reales. En cuanto a Pérez, pocos dudaban de su triunfo electoral (efectivamente obtuvo 52,89% de los votos, con 12,49% de ventaja) y le habría correspondido la designación de los mandatarios regionales. Lo hacía el presidente desde 1925 (primero por delegación de las Asambleas Legislativas y desde 1953 como competencia propia). Por los hechos que conozco, en 1989 durante la campaña para la primera elección popular de gobernadores y alcaldes. mantuvo una neutralidad formal (conducta que no siguieron muchos de sus funcionarios); y aún antes de anunciarse los resultados oficiales ofreció a los elegidos apoyo para el cumplimiento de sus funciones. No faltó a esa promesa.

Elegido gobernador de Mérida, el presidente me invitó a Miraflores. Ya lo conocía y siempre se mostraba cordial. Además, Nicolás Rondón Nucete (su anterior jefe de Prensa) facilitaba la relación. Me ratificó su voluntad de colaborar para que realizara una gestión positiva. Como le hiciera referencia a programas cuya ejecución requería autorización del poder central, se ofreció a tramitarlas ante el ministro correspondiente, lo que efectivamente hizo después. Me aseguró que no se tomaría decisión en asuntos que interesaran especialmente a la entidad sin consulta con el gobierno regional (como era el caso de las minas de Bailadores). Igualmente, me informó que había ordenado que en las leyes de inversiones (con recursos provenientes del crédito público) se incluyeran las obras y programas que recomendaran los mandatarios regionales. Al final me habló de los Andes y me aconsejó, como buen “gocho”: “Venga lo menos posible a Caracas. Así tendrá mayor autonomía”.

Desde 1990 se adelantó en Mérida un programa de desarrollo regional (coordinado con los planes nacionales). Para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de la educación y de participación de la comunidad en los servicios de salud se requirió la intervención del presidente, pues debían ser autorizados por organismos nacionales. En ambos casos recomendó a los despachos correspondientes facilitar su realización. Pero, igualmente, se interesó en otras iniciativas, que más allá de la ley, permitían avanzar en la descentralización: la creación de la Corporación de Turismo, del Instituto de la Vivienda y de la Comisionaduría para el desarrollo científico, de la red de centros y casas culturales y de complejos deportivos en cada región. Quiso estar informado sobre los planes para impulsar la economía: el financiamiento de la pequeña industria y la construcción de obras de infraestructura en áreas recién incorporadas a la producción agrícola (como los Pueblos del Sur).

En esos años Carlos Andrés Pérez visitó tres veces el estado. En febrero de 1991 en ocasión de las Ferias del Sol. En julio de ese mismo año, al comienzo del año centenario de El Vigía; y en febrero de 1992 para reiniciar las obras del complejo de Santa María de Caparo. Siempre el programa fue elaborado conjuntamente con la Casa Militar y utilizó para sus reuniones de trabajo la residencia oficial. En la segunda, asistió a la firma del convenio de transferencia a la Gobernación de la administración de los aeropuertos de Mérida y El Vigía e inauguró este último. Era una obra paralizada, que entró en funcionamiento con aportes de ambas partes. Esas visitas permitían el contacto personal. Pero, el presidente utilizaba también la Convención de Gobernadores para compartir ideas, proyectos y problemas. Confieso que me sorprendió la atención que prestaba a los problemas de todos los mandatarios.

Como otros venezolanos que desempeñaron papel determinante en la historia, Carlos Andrés Pérez gozó alternativamente del apoyo y del rechazo popular (no siempre cuando uno u otro correspondían). Como buen demócrata, aceptó ambas manifestaciones, incluso cuando se le alejó del poder: era un personaje que cumplía su “ananké”. Pero, el balance de su presencia es positivo. Fue una voluntad de acción, movido por la pasión de servir, siempre –afirmó– en atención a los intereses nacionales. Sin duda, en ese balance, entre otras ejecutorias, cuenta el impulso que dio a la descentralización. Sin importancia ahora, será fundamental en el futuro.

Twitter: @JesusRondonN