23 personas han sido arrestadas por el magnicidio, entre ellos 18 exmilitares colombianos
Aún está en un terreno muy turbio el esclarecimiento del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Möise, pero ya se tejen todo tipo de teorías y complicidades sobre el origen del plan urdido para ejecutarlo. Una empresa de seguridad establecida en Miami y encabezada por un venezolano habría sido el instrumento utilizado por los cerebros del magnicidio. Los pasos que se han dado hasta el presente por los órganos de seguridad de Haití, junto con una comisión puesta a su disposición por Estados Unidos, apuntan ya hacia tesis concretas. El responsable más notorio sería el doctor Christian Emmanuel Sanon, médico haitiano residente en Estados Unidos con interés aún no comprobado en suceder al mandatario.
Un sórdido rompecabezas está siendo armado y ya se ha emprendido por parte del país caribeño la custodia policial y los arrestos de quienes estuvieran eventualmente implicados en el acto. La empresa CTU Security habría contratado a un contingente de mercenarios a quienes se les habría confiado una tarea auún no descrita en el detalle que comprendía la eliminación del jefe del Estado. Algunos de ellos aseguran haber ido a la capital haitiana sin tener una idea precisa de la tarea encomendada. El financiamiento podría haber venido de miembros de la oligarquía de negocios de la isla.
Un primer paso fue dado en el sentido correcto por el gobierno de Colombia, que no vaciló en ofrecer su concurso para determinar los móviles de tal desaguisado. La razón es simple: un grupo numeroso de mercenarios de nacionalidad colombiana había sido empleado por quienes planearon intelectualmente el atentado y ordenaron su muerte. Como la cuerda siempre se rompe por su lado más débil, las autoridades del país vecino se hicieron útiles al proceso iniciado en Haití por los órganos de seguridad locales, de manera de dejar claro que la participación de algunos de sus nacionales en actividades delictivas, como la que nos ocupa, en nada atañe a la jerarquía militar colombiana ni mucho menos a las autoridades nacionales.
No deja de ser cierto, sin embargo, que Colombia es una fuente socorrida para el reclutamiento de expertos de guerra. De ello dan cuenta Irak, Yemen y Afganistán, países en los que actúan ciudadanos neogranadinos debidamente entrenados para la guerra de guerrillas. Los motivos para incluirse en la nómina de estas agencias internacionales de seguridad son únicamente pecuniarias. Así lo describe una investigación del medio español La Razón: “A partir de 2005, muchos militares que recibieron entrenamiento de Estados Unidos por cuenta del Plan Colombia empezaron a pedir la baja. Poco después se haría público que muchos de ellos estaban viajando hacia Oriente Medio a trabajar, contratados por empresas de seguridad de Estados Unidos, para cumplir tareas de vigilancia y escolta en países como los Emiratos Árabes Unidos…Con salarios superiores a los 5.000 dólares mensuales (superior hasta cuatro veces al que recibe un suboficial con 2 décadas en servicio), para muchos militares colombianos esa es una oportunidad dorada”.
Sin duda que pocos países cuentan como Colombia, después de 50 años de guerra interna, con un contingente humano tan numeroso entrenado en la teoría y en la práctica en técnicas de combate. Muchos de ellos son antiguos militares formados por el Ejército de Estados Unidos para el enfrentamiento contra los alzados en armas. Pero no es un secreto que también los desmovilizados colombianos de grupos guerrilleros y los integrantes de grupos paramilitares se transforman en una atractiva mano de obra para estas empresas que se ocupan de proyectos tanto legales como al margen de la ley.
Así las cosas, mientras aún Haití se debate dentro de una crisis política y social, la investigación sobre el asalto a la casa presidencial avanza y Colombia se ha lavado la cara frente a cualquier género de inculpación. 23 personas han sido arrestadas, incluidos 18 exmilitares colombianos y 5 ciudadanos haitianos de origen norteamericano.
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