Mientras el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami se regodeaba anunciando los planes de una célula terrorista que operaba en Caracas y que se proponía tomar por asalto la base aérea de La Carlota, para –según la rojita agencia de noticias AVN– “incendiar helicópteros y aeronaves militares” y con ello “generar una conmoción internacional, y tratar de imponer la matriz de opinión de que hay una rebelión o alzamiento militar en Venezuela”, desde Brasil le enredaban la jugarreta al señor El Aissami con una denuncia tan impresionante y tan bien fundamentada, que dejaron sin vista ni respiración a Tareck y a su acompañante, el general Néstor Reverol.
A este gobierno no solo se le está acabando la pólvora a la hora de inventar conspiraciones y magnicidios que se evaporan en segundos, sino que a la vez está saliendo a la superficie una larga historia de raterías, negocios sucios, pagos de comisiones y complicidad en extracción de minerales y falsificación de documentos para favorecer a regímenes dictatoriales, hasta llegar al máximo error de romper las sanciones tomadas por las Naciones Unidas en cuanto a restricciones de comercio y compra de armamentos.
No pasa un día sin que Maduro, Jaua, Cabello, Reverol y El Aissami inventen un nuevo y grosero embuste para ocultar sus atropellos contra los ciudadanos que salen a manifestar. Las muertes causadas por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, (que ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República) no pueden ser ocultadas ni lanzadas al olvido. Nadie cree necesario tomar por asalto La Carlota para llamar la atención de lo que pasa en Venezuela, del hambre y la carencia de medicinas, de los asesinatos a cada hora, de los niños comiendo de las bolsas de basuras y de los hospitales destruidos y abandonados.
Tampoco hay que recurrir a un asalto a una base aérea militar para que se conozca el papel que juega el narcotráfico en la estructura política y económica nacional.
Lo cierto es que el escándalo montado con La Carlota se desplomó ante una bomba noticiosa llegada desde Brasil: “Una publicista brasileña dice que Maduro le pagó 11 millones dólares sin declarar”, es decir bajo cuerda. La agencia Efe, desde Río de Janeiro, reveló que “Mónica Moura, responsable con su marido de varias campañas electorales en América Latina, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pagó 11 millones de dólares en metálico no declarados para la campaña electoral para la reelección de Hugo Chávez en 2012”.
Moura hizo estas afirmaciones ante la Fiscalía brasileña, cuyo contenido fue divulgado ayer y que consta de pruebas y detalles. “Moura aseguró que Maduro, en la época canciller, le entregó en persona el dinero en la sede de la Cancillería venezolana”.
“Maduro recibía a Mónica Moura en su propio gabinete, le entregaba carpetas con dinero y le garantizaba escolta para darle seguridad en el recorrido de la Cancillería a la productora”, según el texto de la delación.
Moura también citó a los ex ministros brasileños José Dirceu (Presidencia) y Franklin Martins (Secretaría de Comunicación Social), ambos durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) como partes importantes en la campaña de Chávez.
Los dos ex ministros viajaron al menos tres veces a Caracas junto con el matrimonio Santana-Moura en un avión de la constructora Andrade Gutiérrez, que también habría pagado el hospedaje en Caracas. La publicista brasileña aseguró que Franklin fue contratado para llevar “la parte de Internet” de la campaña, “también sin contrato formal” porque “Nicolás Maduro era siempre muy desconfiado, no quería entregar dinero en metálico para más de una persona, por el riesgo de negociación” y por ello “entregaba todo el valor a Mónica Moura, que lo enviaba a la mujer de Franklin Martins”, según la delación.
Joao Santana y Mónica Moura fueron detenidos en febrero de 2016 al desembarcar en Brasil procedentes de la República Dominicana, donde trabajaban para la campaña electoral del presidente Danilo Medina, quien buscaba la reelección. Los dos fueron condenados a ocho años de prisión por su participación en la trama de corruptelas en Petrobras, aunque pactaron con el Ministerio Público destapar la red de desvíos a cambio de una rebaja en su condena.
La publicista aseguró que la empresa fue contratada para la campaña electoral venezolana a petición del entonces embajador de Venezuela en Brasil, Maximiliano Arbeláez.