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Disolución de la Asamblea Nacional y muerte del país

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Durante las diferentes participaciones que se escucharon en el I Foro Global sobre Refugiados de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, en el cual la voz del madurismo estuvo afásica, no solo Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos ratificó lo que mencionó en su primer informe. También se pudo ver cómo noticieros de los más prestigiosos en el mundo han presentado testimonios de venezolanos emigrantes, hasta en Bolivia, que cuentan cuáles fueron las razones que los llevaron a abandonar Venezuela¹, causas que el régimen se niega a aceptar: por boca de Maduro únicamente se han ido entre 300.000 y 700.000 nacidos en nuestro territorio², una cifra que contrasta con los 7 millones de connacionales que pudieran emigrar en 2020, según el organismo internacional, si no son encontradas soluciones políticas que puedan abrir espacios de encuentro ante los graves problemas económicos y sociales que atraviesa nuestra nación.

En tal sentido, no es casualidad que Bachelet haya ratificado con mayor intensidad que el madurismo continúa violando derechos humanos con ejecuciones extrajudiciales, persecuciones políticas, salarios miserables, complicada situación económica. Hizo mención a que 2020 será un año de elecciones parlamentarias, razón por la cual teme que se intensifiquen las presiones y violaciones de derechos de los integrantes del Poder Legislativo.

Por ello, no es casualidad cuando alertamos que el madurismo junto con una parte de la “oposición” buscaban retirar a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional³, y que posteriormente devino en la llamada «Operación Alacrán». Un hecho que al parecer sorprende a muchos, cuando la realidad es que estaba en el ambiente político. Al madurismo le urge cambiar como sea la actual directiva del Parlamento, para que esta sea vista al inicio de un año electoral como una enorme derrota política infligida a la oposición.

Además, el silencio que también se observa en la llamada “mesita” ante el reciente allanamiento de la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados –y que nuestras fuentes nos aseguran llegarán a 10 en los próximos días–, sin obviar la persecución de la cual ha sido objeto la legisladora suplente por Nueva Esparta, Yanet Fermín, una persona que solo ha ejercido por más de 25 años la docencia en la isla de Margarita y que acusan de “terrorista”. Son hechos que demuestran el estado de desesperación y pérdida de la sindéresis del régimen, al que poco le importa llevarse por delante lo muy poco que nos queda de institucionalidad democrática en contubernio con individuos como Timoteo Zambrano, quien ha sido el ungido candidato madurista para presidir la Asamblea Nacional, o Henri Falcón, que en vez de exigir a Maduro libertad para los presos políticos, salarios decentes para los trabajadores y respeto de los derechos humanos, viaja a Rusia para atacar a Trump. Es obvio que una “oposición” de este tipo no solo es permisiva y complaciente, sino cómplice de las desgracias que vivimos en el país.

Del mismo modo, otro sector de la oposición encabezado por la ultraderecha de María Corina Machado resulta igual o peor que quienes están sentados a la “mesita” y “derecha” de Maduro. En vez de aprovechar las debilidades del régimen en términos de apoyo popular y dirimir sus diferencias con el resto de quienes adversan al neototalitarismo, terminan de desmembrar cualquier acto de “unidad”, cuya palabra, al parecer, quedó en los albores de la historia de 2015. O sea, siendo minoría, el madurismo buscará con la complicidad de la fragmentada oposición y de las seudoinstituciones apoderarse de la presidencia de la Asamblea Nacional.

De hecho, la reforma al reglamento de funcionamiento del Parlamento que la mayoría opositora ha logrado, y que originó el retiro de los diputadillos oficialistas del hemiciclo, ya está decidida, pero en favor del madurismo, que ordenará al Tribunal “Socialista” de Justicia (TSJ) la anulación de tal acto político y jurídico argumentando el remoquete del “desacato” y ordenará que Henry Ramos Allup retome la presidencia el 5 de enero de 2020 para una nueva elección. Si este se niega le será allanada la inmunidad parlamentaria tanto a él como a los diputados que no acepten semejante decisión “judicial”, lo cual terminará en que los 52 integrantes del partido oficialista de ese malogrado poder, junto con la oposición construida al traje y medida del madurismo, voten por un “nuevo presidente” en la Asamblea Nacional.

Tampoco podemos ignorar que aunque el Parlamento llevara a cabo la sesión en condiciones de “normalidad” limitada para la reelección de su actual directiva, las redes y conexiones a Internet en ese espacio legislativo serán obstruidas, y por supuesto, será imposible que Juan Guaidó alcance los votos requeridos para su reelección. En este hipotético escenario de confrontación política, ¿qué hará toda la oposición, incluyendo el chavismo antimadurista que ya ha comenzado a verse en ese poder? ¿Se unirá o profundizará sus grietas políticas?

En consecuencia, solo hay dos respuestas. Si el madurismo logra su objetivo, habrá elecciones parlamentarias en el primer semestre de 2020 con un Consejo Nacional Electoral de “mutuo acuerdo” que no será aprobado por los avasallados, y concluirá con un arrase del régimen apenas teniendo como máximo 20% de apoyo popular, pues nuevamente la abstención será la protagonista de ese escenario electoral. La otra respuesta está en que esa misma oposición comprenda que aunque tengamos diferencias profundas con Juan Guaidó, se debe enfrentar al madurismo con sus propias armas y muchas de ellas, aunque están en la Constitución, no solo las han ignorado sino hasta saboteado.

En otras palabras, la oposición el 5 de enero deberá seleccionar entre la supervivencia o el suicidio, y solo ellos sabrán cuál camino transitar. Si el madurismo se apodera de la Asamblea Nacional, que sepa esa misma oposición que ahora es parte de la “mesita” o pide una “invasión” que tienen lista la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Así como el régimen escogió a sus representantes en la ilegal e ilegítima “constituyente”,  el nuevo Parlamento sería una fotocopia de la actual bazofia política que ellos llaman “supraconstitucional, plenipotenciaria y todopoderosa”,  solo que con menor número de integrantes, cuyos “votos” serán en elecciones de segundo grado, una manera de asegurarse más de 90% de los próximos “diputados”. Esto no solo terminaría de liquidar a la oposición, sino que para 2021 no tendríamos elecciones de gobernaciones ni alcaldías, porque se instauraría el llamado “poder comunal”.

Al parecer, no quedan muchas alternativas. La oposición tiene la palabra para evitar la muerte del país.

¹https://twitter.com/dw_espanol/status/1206907588153085953

²https://www.elimpulso.com/2019/09/20/maduro-solo-han-salido-entre-300-y-700-mil-venezolanos-19sep/

³ https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/columnista/timoteo-zambrano-quiere-la-presidencia-de-la-an/

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