Foto GABRIEL BOUYS / AFP
Estamos ante una realidad innegable: la crítica situación colombiana se extiende a Venezuela y a su vez esa crítica situación venezolana derrama sobre Colombia, lo cual se presta muy favorablemente para desatar consecuencias nada deseables para ninguno de los dos lados.
A la hora de escribir estas líneas reina aún la confusión tanto en el tema Apure como en el tema Santrich. Tal como suele suceder, la verdad es la primera víctima en estos casos toda vez que no sabemos a ciencia cierta ni el número de muertos, heridos o prisioneros venezolanos en poder de quienes incursionaron en Apure ni los pormenores de la «neutralización» de Santrich, cuyo escenario parece ser la sierra de Perijá con participantes aún por aclarar (¿Ejército colombiano, cazarrecompensas, irregulares?).
En Colombia la crisis también ha alcanzado proporciones casi incontrolables cuando unas manifestaciones inicialmente pacíficas originadas por el rechazo a una reforma tributaria han derivado en desórdenes vandálicos cuya represión a su vez ha generado excesos inaceptables que al mismo tiempo han atraído la crítica internacional que era de esperar.
A nosotros como venezolanos nos importa y afecta mucho que en nuestro territorio se produzcan episodios que alteren la tranquilidad, generen migración de miles de refugiados, asesinatos, posibles «falsos positivos» etc. De igual manera nos preocupa que los conflictos entre irregulares y delincuentes colombianos tengan que decidirse en nuestro territorio. Todo eso demuestra contundentemente que las situaciones reinantes en ambos países están irremisiblemente conectadas, lo cual hace que su solución requiera ser conjuntamente atendida.
A lo anterior debemos agregar la delicadísima realidad económica y política interna de Venezuela potenciada por situaciones como la crítica escasez de combustible que dificulta la siembra, cosecha y movilización de alimentos, por lo que necesariamente debemos llegar a la conclusión de que vivimos un momento de tal dificultad que definitivamente requiere de una solución concertada. Entendemos que ese es el fundamento que ha de sustentar el posible diálogo o negociación que en la actualidad se ha planteado. Quienes en esta circunstancia busquen tan solo ganar tiempo para mantenerse en el poder como aquellos que se sienten con agendas grupales o personales de corto plazo no estarán a la altura de lo que el conjunto colectivo –la patria– reclama.
También es hora de que los venezolanos sepamos con certeza de cuál lado está el grupo que detenta los recursos del gobierno nacional (Miraflores). Necesitamos saber con claridad si apoyan al gobierno colombiano, a los irregulares de la «Segunda Marquetalia» (aquellos disidentes que no quieren acatar los acuerdos de paz de La Habana) o a los «disidentes de la disidencia», cuyo principal objetivo es la preservación de espacios de territorio y poder que les permitan aprovechar la continuidad de negocios ilícitos.
Situaciones como la descrita las hemos visto en Medio Oriente, en África, en Yemen y hasta en América Central, sin que nunca pudiéramos sospechar que tales eventos pudieran trasladarse a nuestra latitud. Hoy vemos que las causas estructurales de la desigualdad y la exclusión, hábilmente explotadas por quienes albergan otras ideologías y recurren a diferentes medios, ya están en nuestro territorio y en plena efervescencia. ¿Será que el probado espíritu democrático de nuestra sociedad podrá ser el muro de contención que impida que sea la violencia la que se convierta en el medio de solución? Está en nosotros probarlo y es nuestro derecho exigirlo tanto a quienes ejercen el gobierno –aunque sea usurpado– como a quienes dicen arroparse con la opción democrática aún tan atomizada como hoy la constatamos.