Los días que acaban de transcurrir desde la accidentada reelección de Juan Guaidó como titular de la Asamblea Nacional y su consecuente juramentación como encargado de la Presidencia de la República dejan sensación de bochorno entre los nacionales, además de incredulidad y enojo en el escenario extranjero. Todo lo que ha venido aconteciendo revela una vez más el axioma de que en materia política siempre se puede caer más bajo y sin embargo no tocar fondo.
Dentro de lo grotesco de la situación que estamos viviendo al menos se pueden identificar algunas pocas cosas positivas: la primera de ellas, el desenmascaramiento de un número considerable de traidores dentro de las propias filas de la oposición democrática quienes –cual Judas Iscariote– se dejaron comprar por “algunas monedas”, que en este caso parecen haber sido importantes pagos en divisas.
Los que habíamos puesto nuestra confianza en los legisladores que nos estaban “representando” hemos sido burlados por quienes, en aprovechamiento de su curul, habían venido trabajando tras bastidores para prestarse a una maniobra despreciable. Al mismo tiempo, algunos de ellos venían haciendo lobby en el exterior para lograr la limpieza del nombre de quienes han sido beneficiarios directos o testaferros de los privilegios del “enchufamiento”.
Quien suscribe estas líneas se declara culpable de “ingenuidad crónica repetitiva” al reconocer que en 1998 creímos en Claudio Fermín y hasta participamos activamente en su campaña presidencial. ¡Pensar que Claudio, colega docente en la UCAB y alguna vez dilecto amigo, hoy transita por la senda de la duplicidad…! ¡Pensar que en 2000 le dimos el voto a Arias Cárdenas, quien había proclamado a los cuatro vientos que Chávez era asesino y cobarde para hoy ser ficha relevante de la postración de nuestra patria…! Solo nos faltó caer en el error de confiar en Henri Falcón, pero de eso sí nos salvamos.
Hoy día esperamos no pecar del mismo mal cuando ponemos nuestra esperanza en la figura de Juan Guaidó, a quien apoyamos y en quien aún confiamos con sus aciertos y creciente dosis de errores que le vienen costando bastante caro.
Desde esta misma columna hemos abogado porque Guaidó se deslastre del tutelaje del G-4 que hasta ahora lo ha tenido limitado, tomando en cuenta y reconociendo que la naturaleza de su liderazgo es colectivo y dependiente de las fuerzas partidistas que componen la Asamblea de la cual deriva su legitimidad.
Afortunadamente, como se hacía antes, Juan Guaidó ha solicitado y se le ha concedido liberarse de la disciplina partidista, lo cual –al menos en teoría– le debe permitir dirigir el gobierno con mayor amplitud ejerciendo con menos restricciones las facultades y competencias que le otorga su condición de presidente (e). Sin embargo, no hay garantía de que a él le llegue sin filtración el clamor de la “sociedad civil” que, siendo un sujeto amorfo, sin duda reviste una amplitud y diversidad mucho mayor que la representatividad que creen tener los partidos políticos. Por tal razón, es conveniente y hasta casi necesario que exista alguna instancia que garantice que esa sociedad civil tenga la posibilidad de hacerse oír y desde su amplísima y plural perspectiva aportar asesoría en la toma de decisiones cuyo marco supera el mero alcance partidista que hasta hoy domina la toma de decisiones.
En tal sentido, varios grupos de connotada seriedad, tanto en Venezuela como de compatriotas desde el exterior, han intentado hacer llegar al escritorio presidencial propuestas e iniciativas destinadas a la creación de alguna instancia que pueda proveer asesoría en forma patriótica, experimentada, no vinculante, gratuita y sin agendas personales subalternas.
Pudiera ser un consejo consultivo designado por Guaidó (no por la Asamblea) e integrado por diversos sectores de la vida nacional compuesto por representantes de las iglesias, academias, universidades, colegios profesionales, sindicatos, ONG, etc., elegidos en forma transparente, sin participación de cuotas partidistas y con compromiso de no aspirar a puestos ni candidaturas políticas en lo inmediato.
Por lo que sabemos, tal iniciativa no ha podido ser materia de consideración seria por cuanto el entorno político que domina la agenda presidencial seguramente no ha de ser partidario de la creación de ningún cuerpo que aspire a influir en los asuntos que ellos consideran de su resorte exclusivo. Ratones no cuidan queso.
Es cierto que una experiencia previa ensayada por Carlos Andrés Pérez convocó un experimento similar en 1990 con ocasión de los graves sucesos de violencia social acaecidos entonces. El grupo se conoció como el de «los Notables” y lamentablemente resultó en un pasivo político adicional para el jefe del Estado, en parte por las agendas personales de algunos de sus integrantes, más centrados en debilitar al presidente que en apuntalar la institucionalidad. El resultado es conocido y bien puede concatenarse con los sucesos que desde 1992 vienen interfiriendo con la vida política venezolana.
En todo caso, sabemos de nuevas iniciativas a las que damos el beneficio de calificar como “bona fide”. Sería bueno que los cancerberos del despacho de Guaidó no las maten antes de nacer y que se les otorgue la oportunidad de un amplio debate nacional para que –de concretarse– sean fruto de un consenso amplio. La cosa hay que pensarla bien, pero no para el día de la pera sino en función de las urgentes necesidades que nos arropan.