La fluidez de los acontecimientos y las presiones para solicitar o facilitar una intervención de fuerzas extranjeras ha ido tomando distintas variantes. Primero se mencionó la invocación del artículo 187.11 de la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el país. Guaidó prefirió prudentemente no transitar esa vía. Posteriormente se consideró el tema de la R2P (Responsabilidad de Proteger), que consiste en reconocer que la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los pueblos desasistidos cuyos gobiernos no quieren o no pueden hacerlo. Ahora se activa el procedimiento legislativo para reingresar a Venezuela como miembro del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) del cual nos habíamos retirado en 2012. Ello abriría el marco jurídico necesario para una intervención militar basada en el principio de “uno para todos y todos para uno”.
El TIAR es un acuerdo suscrito en 1947 por 24 Estados del continente americano, de los cuales 6 (los del ALBA Cuba y México) se retiraron. Ello quiere decir que en este momento son parte apenas la mitad de los miembros de la OEA de hoy. Ese tratado cuando se firmó se presentaba como una alianza de solidaridad automática continental, pero en realidad se trataba del ejercicio de la influencia norteamericana para protegerse de la expansión soviética desatada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que en las muchas circunstancias en que su marco normativo fue invocado nunca se consiguió la aplicación concretada en una asistencia militar toda vez que no se trataba de amenaza comunista sino de otros factores. Así pues el tratado siguió –y sigue– nominalmente vigente pero tan solo apenas contenido en los libros.
La iniciativa puesta en marcha en la Asamblea Nacional apuntaría a restituir a Venezuela como parte del TIAR (del cual Estados Unidos también lo es) y de esa manera se abriría la posibilidad jurídica de invocar el espíritu de “los tres mosqueteros” expresado en la obligación de todos los Estados parte de acudir en la defensa del que lo necesita.
En opinión de quien esto escribe la iniciativa es interesante porque en efecto abre una ventana legal a la intervención militar, siempre que haya algún Estado que desee tomar la iniciativa de atender esa obligación. ¿Habrá quién?
Nos imaginamos que el presidente (e) posiblemente haya sondeado o conversado con otros Estados del continente para asegurarse de que una vez preparada la estructura jurídica habrá quienes acudan a hacerse cargo. Si así no ocurriera, Guaidó quedaría colgado de la brocha tal como ya ha ocurrido cuando el intento de ingresar la ayuda humanitaria el 23 de febrero.
Analizando el perfil de quienes pudieran intervenir, lo primero que debemos considerar es su capacidad, posibilidad y disposición para hacerlo. En cuanto a capacidad militar son muy pocos, en cuanto a posibilidad económica menos aun por cuanto toda América Latina tiene prioridades internas apremiantes y en cuanto a disposición ya venimos viendo que el Grupo de Lima (muchos importantes países) ha expresado reiteradamente su oposición al uso de la fuerza. Ello deja como único posible candidato a Estados Unidos, en cuyos círculos políticos (salvo los asesores de la Casa Blanca) no parece existir un consenso determinante.
Es cierto que hasta ahora han sido las sanciones norteamericanas las que han puesto al usurpador y su combo contra las cuerdas en forma exitosa. También es evidente que el interés en hacerlo se fundamenta tanto en la defensa y rescate de la democracia en Venezuela, pero en función de la “seguridad nacional” de Estados Unidos.
El presidente Trump viene buscando la manera de liquidar los conflictos internacionales que ocupan actualmente fuerzas militares norteamericanas (Afganistán, Siria, Irak), por lo cual luce poco probable que quisiera abrir un nuevo frente. Además, en estos días la evolución de la situación conflictiva con Irán plantea retos de altísima prioridad que ya mismo han generado desplazamiento de fuerza naval en el Mediterráneo para atender posibles contingencias.
Adicionalmente, en el prestigioso periódico The Washington Post se ha comentado en los últimos días –sin confirmar– que Mr. Trump parece no estar muy conforme con el tono belicista hacia Venezuela de su principal asesor (Bolton) y otros más.
Otro punto que se debe considerar es la aspiración reeleccionista de Trump para 2020, la cual parece marchar con viento a favor después de haber sido medianamente reivindicado por el Informe Mueller. De ser así no parecería probable que el casi seguro candidato del Partido Republicano quisiera enfrascarse en una aventura militar decididamente impopular para su base de votantes y el público norteamericano en general poco dispuesto a invertir recursos en defensa de democracias lejanas, a menos que la amenaza sea muy creíble.
Así, pues, aun cuando la muy repetida expresión de que “todas las opciones están sobre la mesa”, la interpretación pragmática nos lleva a dudar de que la fase militar tenga muchas posibilidades, salvo alguna operación quirúrgica puntual que no requiera el empleo de tropas regulares sino por algunos días .