Para nada debe extrañarnos o causar algún sesgo de perplejidad las recientes declaraciones del Dr. Irfaan Ali, quien asume la presidencia de Guyana para el período 2020-2025.
A quién nos estamos refiriendo: a un civil, profesional universitario formado más en el campo de la planificación de políticas públicas, “distante” del saliente David Granger.
Este último, un brigadier cuya experiencia –afortunadamente, ya pasada- en la administración en los asuntos de Estado la percibimos basada en confrontaciones; aliñadas con frases altisonantes, cuya marcada intención se dirigía a llamar la atención de los medios internacionales.
Recordemos aquella infeliz expresión: “Venezuela vive perturbando nuestra frontera. Agravan las pobres relaciones. Se nos ha convertido como un mono en la espalda”.
Ni más ni menos: palabras gañanes de un vil militar.
Sin embargo, en apariencia, Granger e Irfaan sostienen dos trayectorias lo suficientemente separadas. Estrategias divergentes y opuestas en el manejo de las altas responsabilidades en esta excolonia británica; la cual se perfila, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, como una de las naciones que generará inmenso crecimiento de su producto interno bruto, al finalizar el presente año; luego de esquilmar nuestros recursos.
Hemos dicho en los medios, en las conferencias universitarias, en los artículos en las redes sociales lo siguiente: hay que dejarse de baboserías; que nadie se engañe, en cuanto a establecer distinciones serias o estructurales entre uno y otro de los dos personajes que caracterizamos en el párrafo anterior.
Ambos, aunque se nutran y asienten ideológicamente en organizaciones políticas mutuamente excluyentes, tienen absoluta coincidencia en el trato, procedimientos y metodologías para intentar perpetrarnos una nueva tropelía jurídica; esta vez signada en tanto alevosa maniobra, para quedarse definitivamente con la séptima parte de nuestra extensión territorial.
Escuchamos y leímos en varias ocasiones a incuestionables compatriotas defensores de la Guayana Esequiba exponer que bajo la presidencia del musulmán Irfaan Ali nos irá mucho mejor en el citado asunto litigioso. Ya que su gestión se basará en acuerdos económicos con nuestra nación, sin hurgar demasiado en la controversia de la Guayana Esequiba.
Al respecto, hicimos la debida advertencia: Mohamed Irfaan Ali ha respaldado siempre el recurso interpuesto por su país en la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela, sin modificar en lo más mínimo la pretensión procesal que en tal escrito se estipula.
La demanda, que no es una nimiedad, el ahora presidente de Guyana la avala y alienta plena y completamente.
Cuando Granger, hace dos años, conformó el equipo de coagentes guyaneses: Sean D. Murphy, de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y asesor jurídico de la Embajada de Estados Unidos en La Haya; Paul Reichler; Payam Akhavam (iraní), profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y Shridath Ramphal (guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país; Integralmente, todos los sectores guyaneses dieron su aprobación, sin excepciones.
Habilitada esa delegación, para que actuara en la Corte Internacional de Justicia, recibió entonces el visto bueno de los representantes de la oposición, incluidos Bharrat Jagdeo e Irfaan Ali.
Algo más recientemente. En el acto de toma de posesión presidencial, Irfaan Ali no mencionó en su discurso lo más mínimo de la controversia con Venezuela por la Guayana Esequiba; no obstante, una de las primeras reuniones que sostuvo fue con el equipo de juristas, ya mencionado, para que intensificaran la ratificación del recurso, ante el Alto Tribunal de La Haya, con los alegatos conocidos de su demanda, contra nuestro país.
Además, han incorporado, con su consentimiento, un acta addendum, como instrumento coercitivo.
Las expresas instrucciones de Irfaan a su delegación es como sigue: “Si Venezuela insiste en la No Comparecencia, hagan valer el artículo (53) del estatuto de la Corte. Pidan que sea juzgada en ausencia”.
Solicitan, con tal actitud atrabiliaria, que la Corte se lleve por delante –decimos nosotros– su propia normativa interna; por cuanto, el Alto Tribunal está obligado a revisar y examinar primero si posee la debida competencia y jurisdicción para actuar de forma y fondo.
Prestemos atención a lo siguiente: la interposición de acciones, que no es poca cosa, la conocemos, en su totalidad. La hemos leído con precisión, analizado y estudiado académicamente. Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899, documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.
Guyana pide en su pretensión procesal que la CIJ ratifique que el citado Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza. En otras palabras, aspiran que Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada, con base en los hechos que narra en su escrito.
Nosotros invocamos la negociación directa de las partes, conforme al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. No hay por qué judicializar la contención.
Ellos nunca han querido la figura del Buen Oficiante para que resuelva este caso. Destacamos que la presión que tiene el gobierno guyanés es económica. Se nos informa que continúan incrementándose las sumas dinerarias aportadas por las empresas transnacionales con marcado interés de exploración y explotación de la multiplicidad de recursos que hay en la zona.
La compañía Exxon es la encargada de realizar las recaudaciones para cancelar los honorarios y “otros gastos” que ocasione este asunto litigioso, de lo cual el nuevo presidente guyanés está perfectamente enterado y conteste.
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