COLUMNISTA

El enjuiciamiento de Maduro

por Javier Vivas Santana Javier Vivas Santana

Que nadie se llame a engaño. Son muchas las denuncias que tiene Nicolás Maduro y toda la claque de zascandiles y panegíricos que le acompañan sobre hechos de corrupción. Acaso de verdad, piensan que los venezolanos somos tan vacuos, que mientras vemos como una empresa llamada Odebrecht logró sobornar a cientos de funcionarios en diversos gobiernos de América Latina, nos creamos el cuento de que aquí en Venezuela todos los maduristas son unos niños “honestos” que viven de sus salarios en bolívares.

Maduro siendo presidente de la República destruyó la economía del país, al punto de que el bolívar hoy no vale nada, razón por la cual, la reconversión monetaria que realizó Hugo Chávez hace una década no solo va a ser sustituida por su sucesor, sino que va aplicar semejante aberración monetaria en el medio de una espantosa hiperinflación,  que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebasará el 13.000% con una caída del 15% del producto interno bruto, durante este 2018, irónicamente esto ocurre,  cuando  los precios del petróleo se han situado en una media de 60 dólares por barril, lo cual también deja en evidencia que este gobierno asesinó la industria petrolera.

La cúpula madurista es tan insensible al caos que ocurre en Venezuela que mientras “constituyentes” o la presidente del Consejo Nacional Electoral se dan la dolce vita, viajando al exterior en las más afamadas aerolíneas, comiendo en los mejores restaurantes  y hospedándose en hoteles cinco estrellas, sin cobrar viáticos en “petros” (esos que nos quieren meter a troche y moche hasta para asaltar lo que queda de cajas de ahorro de los trabajadores) sino por el contrario, perciben los odiados dólares o euros sobre los cuales tanto despotrican en sus hipócritas discursos, lo cual además comprueba que esos individuos hace tiempo perdieron cualquier esquema del significado sobre la moral y la ética tanto pública como humana.

El presidente de Odebrecht en Venezuela declaró que hizo entrega a Nicolás Maduro de 35 millones de dólares para su campaña electoral en 2013. Verbigracia, con una acusación de tal magnitud, lo mínimo que debe hacer Maduro es separarse de su cargo y ser investigado. De hecho, no podemos obviar cuando para principios de los años noventa, José Vicente Rangel denunció a Carlos Andrés Pérez por la desviación de 17 millones de dólares de ese entonces, que al cambio eran aproximadamente 250 millones de bolívares, semejante hecho de corrupción significó no solo el enjuiciamiento de aquel presidente, sino su posterior destitución.

En consecuencia, si los hechos de corrupción que ha generado Odebrecht en la región han significado varias investigaciones, incluyendo la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia del Perú, no pueden venir ahora los maduristas a darse golpes de pecho, como si aquí nada hubiese pasado, máxime cuando el país no solo está prácticamente paralizado, sino incluso hundido en la miseria y la pobreza, con indicadores de educación, salud, empleo y delincuencia que demuestran el fracaso de un gobierno y sus nefastas políticas económicas y sociales, donde por cierto,  hasta se burlan de la población de tercera edad cuando se atreven a decir en el medio de la ignominia que han “pensionado” al 100% de esa población, pero sin decir que son humillantes ingresos menores a un dólar al mes los que perciben nuestros ancianos.

Sí Carlos Andrés Pérez fue enjuiciado por 250 millones de bolívares, Maduro también debe ser enjuiciado no solo por el hecho de graves acusaciones en su contra, sino porque también es corresponsable en la quiebra económica de Venezuela, y que hoy tengamos que ver a miles y miles de venezolanos comiendo de la basura o muriendo por falta de medicamentos.

Odebrecht es apenas el comienzo de una investigación en la que otros de esa cúpula, como Diosdado Cabello, Tareck el Aissami, generales y funcionarios de diversos niveles, más temprano que tarde, deberán rendir cuentas ante la historia y la justicia. Maduro debe ser enjuiciado conforme a la Constitución y las leyes, y que sea un tribunal del pueblo que dictamine sus responsabilidades en contra de la República. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.