Dos reformas imprescindibles

En los dos artículos anteriores señalé la necesidad de convocar al soberano primario para modificar el acuerdo de paz Santos-Timochenko, dada la imposibilidad que se haga vía reforma en el Congreso. Otras dos reformas imprescindibles que se deben hacer vía referéndum también son las del Poder Judicial y la política.

Es muy loable la intención del presidente Duque de intentar lograr estas dos reformas por medio de un gran acuerdo nacional que incluya todas las fuerzas políticas y a los magistrados de las altas cortes en el caso de la reforma a la justicia, y a todos los sectores de opinión en el de la reforma política. Pero con una oposición de izquierda retrógrada cuyos métodos de discusión son enviar ratas a la bancada del CD e incendiar el país utilizando las marchas estudiantiles para realizar actos vandálicos y terroristas no se puede llegar a ningún acuerdo. Lograr una reforma al Poder Judicial con la anuencia del cartel de la toga y de los magistrados “compagnons de route” del narcoterrorismo es otro imposible.

Dada la gran importancia de estas reformas para el equilibrio institucional, en estos dos casos, como en el de las FARC, se requiere que Duque llame a referéndum y si no lo hace él pues se tendrá que convocar vía recolección de firmas a referéndum, pues el país no puede seguir bajo la amenaza de mafias narcoterroristas enquistadas en el seno mismo del Estado.

La reforma judicial debe tener como norte la simplificación del Poder Judicial, para lograr una justicia imparcial y eficiente. De manera pues que en realidad las propuestas son muy sencillas, pero imposibles de lograr por otra vía que no sea el referéndum, dada la terca oposición de los magistrados que obedecen órdenes de las mafias narcoterroristas y corruptas que se adueñaron del Poder Judicial.

El pueblo debe aprobar básicamente las siguientes reformas:

1. Simplificación del sistema con una sola Corte Suprema de Justicia, con las salas Constitucional, Contencioso Administrativa, Civil, Penal, Laboral, Electoral y de Justicia Transicional. Eliminándose así la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la JEP y el CNE.
2. Creación de una gerencia del sistema judicial, eliminándose el Consejo de la Judicatura.
3. Eliminación de todas las funciones electorales a esa CSJ.
4. Digitalización de todas las actividades del Poder Judicial.
5. Establecimiento de términos máximos de duración de todos los juicios, por ejemplo, 6 meses en primaria instancia, un año en apelación y 3 en casación.
6. Establecimiento de requisitos más rigurosos para la designación de los magistrados: mayor de 55 años, abogado con mínimo de 30 años de experiencia laboral, con estudios de maestría o doctorado.
7. Los magistrados serían 21 elegidos por 15 años, por las 2/3 partes del Senado de 3 ternas: una del presidente de la República, una de las facultades de Derecho con acreditación de alta calidad y la última por ONG y demás representantes de la sociedad civil.
8. Aseguramiento constitucional de un mínimo de aumento anual del presupuesto de la rama.

En cuanto a la reforma política, sucede el mismo problema: una reforma que corte privilegios y obligue la democratización del sistema de partidos jamás será aprobada por parlamentarios corruptos que gozan de esos privilegios; se requiere una vez más recurrir al referéndum y las reformas a aprobar serían:

1. Lista cerrada a todos los cuerpos legislativos.
2. Volver a la lista departamental en el Congreso.
3. Reducción de los parlamentarios: Senado con 2 senadores por departamento , o sea 66 (incluyendo Bogotá), Cámara de Representantes con 100  curules.
4. Unificación de la administración en el Congreso, y no las administraciones separadas por Cámara.
5. Obligación de que los partidos tengan 2 convenciones democráticas en cada período presidencial.
6. Obligación de elección de los candidatos a puestos electivos, vía una votación de todos sus militantes.
7. Obligación de 50% de puestos a mujeres en las listas a cuerpos legislativos.
8. Un umbral de 5% para la elección de cargos en cuerpos legislativos.
9. Financiamiento público de las campañas.
10. Un número mínimo de militantes para poder ser acreditado como partido (25.000 a nivel nacional y  2.000 a nivel departamental).

Con estas reformas se aseguraría un Poder Judicial imparcial y eficiente y unos sistemas de partidos y electoral democráticos y pulcros.

Para concluir, repito, para lograr verdaderas reformas que garanticen un mínimo de eficiencia, y no procedimientos gatopardianos, es requisito indispensable que los involucrados no participen en ella, por lo tanto, es menester llamar a referéndum.