El pronto desenlace de la situación política del país genera razonables ilusiones y no pocas preocupaciones. Para algunos –tal vez los menos–la restitución del orden democrático sea lo que más les alienta. Para otros –tal vez los más– sea la ilusión de que se reduzcan o terminen las ya largas privaciones y crisis que han venido asolando al país. Así, pues, no parece irreal decir que del 85% que hoy quisiera que termine la usurpación, no haya una razonable proporción de chavistas que, pese a su preferencia política, rechace la situación que hoy se vive. Unos y otros seremos quienes heredaremos lo que viene y por ello es totalmente legítimo preguntarnos cuál será nuestra herencia y cómo se administrará.
Suponemos –y tenemos razones para afirmar– que para el día D+1 (la jornada después del cese de la usurpación) el presidente Guaidó, ya instalado en Miraflores, tendrá determinados quiénes serán los ministros de su gabinete ejecutivo. Sería deseable también que con anticipación sepa quién será el mesonero que le servirá el café, el portero y su guardia de seguridad, no sea que le pase como a Carmona, que por no cuidar ese detalle vio cómo desde dentro del propio palacio se fraguaba su salida y destitución.
Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca del escenario que quienes asuman las riendas de la República irán a encontrar y los recursos con los que contarán para enderezar el caos que seguramente han de enfrentar.
No es irreal asumir que quienes van de salida puedan optar por la política de la “tierra arrasada” que se traduciría en la quema y/o desaparición masiva de documentos con el objeto de imposibilitar o dificultar la obtención de pruebas incriminatorias o la simple gestión administrativa que ha de seguir. Lo segundo que ha de preguntarse es con que recursos humanos se irá a asumir la tarea de dar continuidad a la administración con el mayor grado de eficiencia y transparencia posible, tal como se viene prometiendo.
Dicen los que saben que se requerirían no menos de 3.000 personas de nivel decisorio para poder llevar adelante la marcha de la administración central, empresas del Estado, asesorías, etc. ¿Quiénes son? ¿De dónde los van a sacar? Deseamos fervientemente que estas interrogantes ya hayan sido abordadas y al menos parcialmente resueltas por las máximas instancias de los que vendrán.
Vistas experiencias anteriores tanto en Venezuela como en otras latitudes en las que no se ha respetado el concepto de “carrera administrativa”, existen altísimos números de funcionarios fichas del PSUV, simpatizantes o activistas que tendrán poco interés en cooperar con las nuevas autoridades por razones obvias. Despedirlos a todos pudiera ser una solución rápida en apariencia, pero seguramente generadora de numerosas injusticias toda vez que se generaría una crisis social de proporción mayúscula en la medida en que la posibilidad de encontrar nuevos empleos será inicialmente reducida dada la crisis que se vive.
Otro riesgo que ha de tenerse en cuenta es el de que la designación de funcionarios –en cualquier nivel– se efectúe con criterio de repartición de cuotas políticas en lugar de méritos. Es a esto a lo que este columnista tiene más miedo . ¿Y usted?
Tenemos entendido que desde los círculos cercanos a Guaidó & Cía. se han hecho y continúan haciendo bases de datos en las que se trataría de identificar a las personas que pudieran ocupar inicialmente los cargos más relevantes lo cual –de ser cierto– es relevante. Sabemos que una parte importante del talento que se precisa se ha marchado al exterior con motivo de la crisis. ¿Se sabe cuántos estarían dispuestos a regresar dejando otra vez atrás los esfuerzos realizados para insertarse en el exterior? La patria lo exige pero… ¡la familia necesita comer todos los días!
¿Se ha determinado el rumbo que va a seguir la economía? Es evidente que quienes constituimos determinante mayoría nos pronunciamos por la restitución de la libertad de empresa, el respeto a la propiedad privada, etc. Pero ojo,: ello no equivale a dar rienda suelta al capitalismo salvaje toda vez que existen importantes corrientes de opinión que favorecen también la intervención del Estado en la regulación de las fuerzas del mercado.
En la medida en que entre 3 y 4 millones de compatriotas han emigrado en los últimos tiempos, será también prioritario prestarles servicios consulares, etc., al tiempo en que la República requerirá de agentes diplomáticos comprometidos con la democracia (no con los partidos políticos) y con la versación profesional requerida para esos menesteres. La diplomacia no equivale a saber comer educadamente en una mesa distinguida sino que el énfasis hoy está en saber conseguir y aprovechar contactos con el objetivo de ponerlos al servicio del interés del país. Quienes sabían hacer eso han sido diezmados y quienes hoy han asumido temporalmente esas delicadas tareas lo vienen haciendo con mucha mística y diverso grado de competencia, además de la carencia de recursos con que se mueven.
En resumen, proponemos que se piense que el día D+1 no es tan solo el final de una etapa sino más bien el principio de otra, la reconstrucción, que requiere mayor cuidado y esfuerzo que la destrucción que la antecedió.