El pasado 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su tercer informe. Cumpliendo el mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en 2019, el rol de la Misión se centra en investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014” con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
En su primer informe presentado en 2020, la Misión no dejaba lugar a dudas sobre la situación de los derechos humanos en el país: en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad como “asesinato, encarcelamiento, tortura, violaciones y desaparición forzada”. El informe concluía afirmando que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y que “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
Aunque la Misión denunciaba la participación directa del Estado y reiteraba en su segundo informe publicado en septiembre 2021 un clima de total impunidad y ausencia de independencia judicial que animaba a los agentes estatales a seguir cometiendo posibles crímenes contra la humanidad, no fue hasta hace unos días que la Misión señaló con nombres y apellidos a quienes forman parte de la cadena de mando criminal que ha causado tanto dolor y sufrimiento entre los venezolanos.
Dichos nombres, algunos conocidos y otros protegidos bajo el anonimato que les da la impunidad, ahora figurarán junto a los peores criminales de la humanidad tras ser señalados de ser participes de uno de los crímenes -junto con el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión- de “más graves trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. Dada su gravedad, no es de extrañar que sean precisamente estos cuatro crímenes los que integren la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Quizás sea por esta razón que la dictadura se ha encargado de desaparecer del espectro mediático nacional el último informe de la Misión. Ningún canal de televisión ni emisora de radio osa informar sobre el tema. Quienes no lo hacen por complicidad y autocensura, reciben serias advertencias para que mejor no se atrevan. En la Venezuela donde ha desaparecido el interés por la política, lo que verdaderamente desapareció fue la información. La urgencia del día a día y la ausencia del debate público colocan a las grandes mayorías merced de lo que los censores decidan que miren y escuchen.
Usted, por ejemplo, no verá en ninguna televisión ni escuchará en ninguna radio nacional que los funcionarios de la Dgcim y del Sebin recurrían métodos de tortura, como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión contra sus detenidos. Tampoco que agentes pertenecientes a dichos entes represores perpetraron actos de violencia sexual o de género contra militares y civiles detenidos durante los interrogatorios para obtener información, degradarlos, humillarlos o castigarlos. Mucho menos que la Misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes al servicio de la dictadura.
Dichos crímenes siguen ocurriendo. En medio de tanta cosmetología, nada ha cambiado en materia de derechos humanos y solo hace falta que la población despierte de su largo letargo para que el aparato de represión se active nuevamente de manera masiva. De allí que Venezuela necesita que la Misión continúe su trabajo y que en consecuencia su mandato sea renovado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En medio de tanta impunidad, hoy más que nunca la Misión es la voz de quienes no tienen justicia.
@BrianFincheltub