El presidente de EE UU, Joe Biden. Foto: Ken Cedeno /POOL/ EFE
Ya ha pasado mes y medio desde la toma de posesión de la administración Biden. El jefe del Estado norteamericano, sus ministros y demás altos funcionarios están ya acomodándose en sus escritorios en Washington y tomando el pulso a la situación nacional e internacional.
En materia de política exterior hasta ahora casi todas las nuevas orientaciones quedan dentro del marco de las competencias del Poder Ejecutivo sin que el Congreso, de difícil manejo, haya sido involucrado en materias que requieran su concurrencia.
En general se puede afirmar que lo actuado hasta el momento se alinea con las promesas electorales ofrecidas durante la campaña. Pero… hay una cosa que no viene resultando de conformidad con los cálculos: el tema Venezuela.
Cuando en general se suponía que Mr. Biden y su equipo se iban a decantar por suavizar las sanciones al régimen venezolano y a los capitostes del mismo, ha resultado que las primeras declaraciones y decisiones no se han inclinado por hacerle la vida más fácil al clan Maduro & Co., sino todo lo contrario.
En efecto, la primera medida concreta ha sido la prórroga por un año adicional de la “declaración ejecutiva” que califica a Venezuela como peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ello conlleva la continuación de las negativas consecuencias aplicables a quienes por ahora detentan los resortes y recursos de la administración pública y –por qué no decirlo– también al colectivo en general. Naturalmente, ya se han dado a conocer las declaraciones oficiales condenatorias de esa medida.
Coincidiendo con lo anterior se produce la conversación telefónica entre el flamante secretario de Estado norteamericano y el presidente (e) Juan Guaidó en la que se reafirma la decisión norteamericana de continuar sin cambio alguno con el reconocimiento exclusivo a este como representante legítimo del país ante el mundo. No es poca cosa teniendo en cuenta que tal decisión traerá aparejada seguramente la renovación de las sanciones de la lista OFAC de la Secretaría de Comercio cuya normativa impide el acceso al sistema bancario norteamericano, la prohibición de hacer ningún negocio con la canalla y la continuada determinación -al menos momentánea –de quien es el que tiene el derecho a administrar y disponer de las actividades y resultados de los negocios de Pdvsa, Citgo y empresas relacionadas que operan en Estados Unidos.
Lo anterior no solo tiene efecto práctico inmediato sino que contrasta con la actitud más declarativa que ejecutiva de la Unión Europea, que apenas ahora ha mostrado los dientes imponiendo sanciones personales a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Falta ver hasta qué punto esas personas tienen bienes o negocios en Europa para saber la medida en que resultarán afectados.
Las ya múltiples alusiones al equipo usurpador calificándolo de dictadura, violador de derechos humanos, cómplice del terrorismo y otros cumplidos, en lugar de diluirse como esperaban muchos, más bien se han reafirmado con suficiente énfasis como para no dejar dudas siendo que son pronunciadas no solo en declaraciones del vocero del Departamento de Estado sino por el propio secretario Blinken y el presidente Biden.
La reciente conversa entre Guaidó y el “embajador” norteamericano para Venezuela, Mr. Story, tampoco dejó dudas acerca de lo que piensa Washington al menos en esta primera etapa. Algunos se habrán caído de la mata, aun cuando no se descarta que en su momento se adopte un enfoque de diálogo siempre y cuando sea serio y conducente a cambios sustanciales. La etapa de dialogar como sinónimo de dar oxígeno a la usurpación debe ser definitivamente dejada atrás.
A lo anterior agréguese el actual viaje del “canciller” Julio Borges a Washington, desde donde ya se da cuenta de sus reuniones con influyentes autoridades y legisladores de ambos partidos políticos (Bob Menéndez y Marco Rubio) a los que presentó pormenorizado informe situacional, además de entregarles pruebas de las piruetas que lleva a cabo Miraflores para robar, transportar y cambiar el “oro de sangre” que hasta ahora viene permitiendo el funcionamiento casi agónico del aparato estatal de la usurpación.
Cierto es que los usurpadores cuentan con el apoyo de China cuya importancia no se puede soslayar, más el de Rusia, de los Emiratos, de Turquía, de México, Argentina, Corea del Norte y otros “chicos malos”, además del zigzagueante comportamiento de algunos países de Europa que –como España– tienen situaciones internas que requieren consideraciones en las que el pragmatismo a veces se impone a los principios. Tampoco se debe dejar de lado la previsión de posibles cambios de orientación en países de nuestro continente en los que venideras elecciones puedan desembocar en cambios de frente político (Ecuador, Perú, etc.).
Sean cuales fueren las consideraciones que podamos hacer, ninguna de las gestiones que se hacen en favor de la regularización de la situación venezolana tendrá la menor posibilidad de éxito si no se emprenden en un marco de unidad. Allí es donde este columnista expresa su escepticismo.
@apsalgueiro1
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