Desde tempranas horas comienzan a escucharse los gritos de venezolanos indocumentados en Bogotá que, desesperados, piden ayuda, algo de comida o dinero para evitar que los desalojen de donde viven. En medio del ahogo económico por la pandemia del covid-19, muchos connacionales regresaron al país.
La Alcaldía de Bogotá tuvo que decretar recientemente una nueva cuarentena por zonas que estará vigente hasta el 23 de agosto debido a un aumento vertiginoso de los contagios.
«Las consecuencias serán dramáticas», dijo el economista Luis Álvaro Pardo, profesor de la Universidad Nacional en Bogotá al medio Deutsche Welle. Señaló que el gobierno no subsidia a las familias más pobres y advirtió que hay riesgo de que hambruna, que aumente la violencia y que se profundice la emergencia social.
«Padre, madre, ayúdenme. Tenemos hambre. Soy un padre de familia buscando algo de comida o colaboración para pagar un arriendo», gritaba Jesús Enrique Cuba, de 19 años de edad, a las 9:30 am en una de las calles de Bogotá.
El joven pone sus manos en posición de súplica y, a medida que avanza, mira hacia las ventanas de los exclusivos edificios de los barrios ricos.
Es uno de los cientos de venezolanos que han aguantado la pandemia gracias al apoyo que han recibido desde las casas o en los supermercados, en donde algunos bogotanos les dan un paquete de arroz, pan, ropa o dinero.
Antes de la pandemia, Jesús sobrevivía vendiendo bolsas para la basura. Conseguía alrededor de 8 dólares diarios que le alcanzaban para pagar el alquiler, los servicios públicos y comprar alimentos para sus dos hijos, de 1 y 2 años de edad.
Pero, además, deben sortear la persecución de la policía.
Lisbeidi Paola Carrasquero, de 23 años de edad, ingresó a Colombia por las trochas hace dos años. Contó a Deutsche Welle que ha sido víctima de golpes en los pies y manos por parte de algunos policías que utilizan la fuerza para sacarlos de los barrios acomodados.
«Nos maltratan con groserías o nos llevan a estaciones policiales en donde nos pegan», dijo. Una vez, contó, la dejaron retenida hasta el amanecer para asegurarse de que no volviera a molestar a los vecinos que se quejan.
Carrasquero también afirmó que los oficiales los amenazan con quitarles a sus hijos.
Un policía, consultado por el medio y que prefirió mantenerse en el anonimato, manifestó que algunos vecinos presionan para que se controle el espacio público. Sobre los maltratos por parte de la autoridad, alegó que a veces los migrantes se ponen agresivos y que deben recurrir a la fuerza.