
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cubanas e internacionales criticaron este martes el proceso de excarcelación de presos en Cuba, que las autoridades dieron por concluido el día anterior, y lo calificaron de «opaco, incompleto, injusto y fraudulento».
Las autoridades judiciales cubanas anunciaron el lunes que terminaban el proceso de liberación de 553 personas «sentenciadas por diversos delitos», menos de dos meses después de que el Ministerio de Exteriores de Cuba informó sobre el plan, que surgió después de que Estados Unidos decidió excluir temporalmente a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Amnistía Internacional (AI) dijo a Efe que este proceso estuvo «lleno de irregularidades», careció de «transparencia estatal» y no ofreció «garantías» a los liberados de que «no serán objeto de nuevas detenciones».
Human Rights Watch (HRW) calificó el proceso de «opaco, arbitrario e injusto» en declaraciones a Efe.
Tildan de injustas e incompletas las excarcelaciones
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emitió un comunicado en el que calificó el proceso de «injusto e incompleto» y acusó al gobierno cubano de falta de transparencia y de tratar de «engañar a la comunidad internacional».
Prisoners Defenders (PD) consideró la iniciativa como un «intento de fraude» que, según su opinión, ha fracasado porque la sociedad civil y los afectados han «logrado contrarrestar» la «opacidad» y la «propaganda» del gobierno.
La plataforma Justicia 11J (J11J) también condenó a la «falta de transparencia», «opacidad» y «arbitrariedad» en la selección de los beneficiarios, y manifestó que el proceso «no representa un avance real en materia de derechos humanos, sino una maniobra de manipulación política».
Más de la mitad no eran presos políticos en Cuba
Las ONG hicieron hincapié en que más de la mitad de los excarcelados eran reclusos comunes, y no presos políticos. Según PD, 229 de los liberados fueron detenidos por razones políticas, mientras que el OCDH habló de 212 y J11J contabilizó 202.
A pesar de las expectativas, declaraciones de Washington hicieron pensar que la medida beneficiaría principalmente a los presos políticos. Cuando Estados Unidos anunció la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, la Casa Blanca indicó que el acuerdo -mediado por el Vaticano- implicaba que Cuba liberaría a muchos presos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla.
El gobierno cubano, sin embargo, no reconoce que haya presos políticos en sus cárceles.
760 presos políticos aún en la cárcel
Según el OCDH, en las prisiones cubanas aún permanecen «al menos 760 presos políticos». El observatorio también indicó que el gobierno cubano priorizó la excarcelación de presos por delitos comunes, mientras que «centenares de prisioneros políticos» siguen detenidos, especialmente aquellos arrestados durante las protestas de 2021 y 2022.
Amnistía Internacional lamentó que las autoridades cubanas no hayan reconocido «la existencia de personas detenidas por razones políticas» y que no hayan publicado una lista de los beneficiados por este proceso.
La investigadora regional de AI, Johanna Cilano, agregó que las autoridades deben liberar de manera «inmediata e incondicional» a todas las personas injustamente encarceladas, incluidas personas presas por motivos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Saylí Navarro.
Cilano también alertó sobre la «extrema vulneración» de derechos que afrontan los presos políticos y denunció casos de «acoso, amenazas y detenciones arbitrarias» contra algunas personas liberadas. Entre estos casos mencionó la citación del opositor José Daniel Ferrer y los arrestos temporales de Félix Navarro en los últimos dos domingos.
Exigen liberaciones en Cuba
El subdirector de HRW para las Américas, Juan Pappier, insistió en que «todavía quedan cientos de presos políticos en las cárceles de Cuba» y exigió la «liberación inmediata».
J11J instó a la comunidad internacional a «fiscalizar la lista de beneficiados y exigir que se cumpla el compromiso que el Estado cubano parecía haber asumido: la excarcelación de personas presas por motivos políticos».
PD expresó satisfacción porque por «primera vez» el gobierno cubano no haya obtenido beneficios «políticos» o «económicos» de un proceso de excarcelaciones, algo que atribuyó a la «decadencia» y «debilidad del régimen».
Cuba anunció las excarcelaciones el 14 de febrero, horas después de que Estados Unidos, en los últimos días del mandato de Biden, excluyó a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El gobierno cubano afirmó que el proceso fue una medida unilateral y soberana, aunque Washington indicó que se trataba de un acuerdo mediado por el Vaticano.
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Cuba volvió a ser incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo y las excarcelaciones cesaron casi por completo, lo que llevó a ONG a denunciar que el proceso se había pausado.
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