Un estudio presentado este lunes por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) sugiere que la comunidad internacional «tiene que acompañar» a El Salvador en su «lucha» contra la corrupción, un fenómeno que «distintos gobiernos abrazan y prometen combatirla, pero la historia demuestra que estos compromisos no son serios, ni sinceros».
En el documento, cuya investigación fue denominada «Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador» y dado a conocer de forma virtual, se señala que «la corrupción es un fenómeno estructural en El Salvador, que ha logrado alcanzar las más altas esferas de la gestión pública en gobiernos de distinta orientación político».
Apunta que «la lucha contra este fenómeno ha experimentado retrocesos significativos recientes».
En el informe, de acuerdo con la organización no gubernamental, se documenta cómo reformas legislativas y decisiones gubernamentales «dificultan, e incluso impiden directamente, el acceso a la información pública necesaria para detectar actos de corrupción, así como la posibilidad de denunciarlos y sancionarlos».
«La comunidad internacional tiene que acompañar a El Salvador a retomar el camino de la lucha contra la corrupción y apoyar políticas públicas de transparencia, integridad y rendición de cuentas de las instituciones públicas, además de respaldar a la sociedad civil y al periodismo investigativo que denuncian actos de corrupción», enfatiza.
DPLF es una organización dedicada a fortalecer el Estado de Derecho y a promover el respeto de los derechos humanos en América Latina.
Contra la corrupción
La entidad señala que «quienes investigan la corrupción en El Salvador enfrentan diversos obstáculos para acceder a información que permita señalarla, denunciarla y sancionarla».
«Distintos Gobiernos abrazan la bandera de la lucha anticorrupción y prometen combatirla, pero la historia demuestra que estos compromisos no son serios ni sinceros si no están acompañados de acciones concretas, incluso si ello implica separar a funcionarios en ejercicio y afectar a grupos cercanos al entorno del poder», señaló Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de DPLF.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente que su gobierno llevará a cabo una «guerra frontal» contra la corrupción y señaló que se construirá una cárcel para «los corruptos».
Para la abogada Ruth López, jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, la corrupción «siempre ha sido parte de una estrategia de campaña electoral» en El Salvador y el anuncio del presidente Bukele de combatirla responde a un «interés político».
«El anuncio encaja perfectamente en este encuadre de la propaganda gubernamental del momento, donde además necesita (el presidente) revertir las críticas que hay a nivel interno e internacional sobre las vulneraciones a derechos humanos», expresó López en una conversación con EFE.
El Gobierno Bukele y la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzaron a inicios de septiembre de 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicies) que se encargaría de realizar investigaciones administrativas en casos de corrupción en las 105 entidades del Estado, pero el acuerdo se terminó en junio de 2021.
La Cicies avisó a la Fiscalía de 12 casos de «posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras del Estado».
Dichos avisos dieron pie en noviembre de 2020 a una serie de allanamientos a diferentes instancias del gobierno como parte de las investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos destinados a la atención de la pandemia.