Los países de la Unión Europea aplazaron este martes la decisión sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, como pidió el gobierno español, informaron a EFE fuentes europeas.
«Las discusiones continuarán», confirmó la fuente, al término del primer debate que mantuvieron los ministros europeos sobre la propuesta que España planteó el pasado 17 de agosto en medio de las negociaciones sobre la investidura.
Según explicó otra fuente diplomática, en total fueron 21 países los que tomaron la palabra, todos ellos con la «voluntad de seguir adelante», si bien pidieron «más tiempo» para analizar la medida.
A su llegada a la reunión, el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Anders Adlercreutz, ya señaló, en catalán, que hoy era «muy pronto» para aprobar la oficialidad de las lenguas.
«Yo soy un gran amigo de las lenguas de España. Soy un gran amigo de la cultura catalana. Juntos tenemos que defender la diversidad lingüística de la UE, pero también tenemos que conocer las consecuencias de nuestras decisiones. Es muy pronto para tomar una decisión hoy», dijo el ministro.
También su colega sueca, Jessika Roswall, afirmó que hoy era «demasiado pronto para pronunciarse».
Representantes de países como Croacia o Eslovaquia reconocieron tanto la «sensibilidad» de la propuesta para el gobierno español como la importancia de «salvaguardar» la riqueza de las identidades culturales europeas, pero insistieron en que una solicitud como la española amerita un estudio de sus consecuencias.
La secretaria de Estado de Asuntos Europeos francesa, Laurence Boone, diferenció entre la Constitución de Francia y el marco jurídico europeo a la hora de afirmar que «nunca tiene miedo» del impacto que la propuesta española pueda tener en su país y se mostró partidaria de ver la manera de «acomodar a España en este asunto».
A su llegada a la reunión, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, defendió la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE porque no son lenguas minoritarias, sino que «las hablan millones de personas».
También mostró la predisposición de España a sufragar los costes.