Penas de hasta 5 años y medio por «extremismo» fueron impuestas por Rusia a tres abogados del difunto opositor ruso Alexei Navalny, reseñó la agencia AFP.
Alexéi Liptser fue condenado a 5 años de reclusión, Igor Sergunin a tres años y medio, y Vadim Kobzev a 5 años y medio.
En un comunicado, el tribunal indicó que Igor Sergunin se declaró culpable de los cargos presentados, contrariamente a Alexéi Lipster y a Vadim Kobzev.
Los tres habían sido detenidos en octubre de 2023, cuando el opositor más conocido al presidente Vladimir Putin seguía con vida.
De acuerdo a la agencia, el trío fue acusado de participar en la organización de Navalny, el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), considerada como extremista en Rusia desde 2021.
Concretamente, estaban acusados de haber transmitido a Navalni, encarcelado en Rusia desde enero de 2021 hasta su muerte en prisión el 16 de febrero de 2024, informaciones susceptibles de permitirle «planificar, preparar (…) y cometer crímenes extremistas» desde su celda, según los investigadores.
Juicio de los abogados a puerta cerrada
El proceso se celebró desde mediados de septiembre ante un tribunal de Petushkí, en la región de Vladimir, al este de Moscú, donde se encuentra igualmente una de las cárceles por las que pasó Navalni.
Tras el inicio de la primera audiencia el 12 de septiembre, las sesiones se desarrollaron a puerta cerrada por pedido de la fiscalía, y pese a las protestas de los abogados de la defensa.
Según uno de los abogados de la defensa, Roman Karpinski, el sumario estaba basado en escuchas realizadas durante las reuniones de Navalni con sus letrados cuando ya estaba en la cárcel.
Según él, esto constituye una «violación del secreto profesional» por parte de la administración penitenciaria, que transmitió esas grabaciones a los investigadores del caso.
La exiliada opositora rusa y viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, afirmó en la red X que estos abogados son «prisioneros políticos y deben ser liberados de inmediato».
Al pedido de liberación se sumaron los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Países Bajos.
A su vez, Amnistía Internacional denunció una «tentativa vergonzosa de silenciar a quienes se atrevieron a defender a Alexéi Navalni».
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