La Fiscalía General del Estado trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la denuncia presentada contra el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos Martínez, por presuntamente permitir amenazas al opositor Edmundo González.
La Audiencia Nacional deberá estudiar y valorar los hechos, y en su caso realizar las acciones legalmente procedentes.
Así consta en una carta de la jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana Isabel García León, a la que tuvo acceso Europa Press.
Será la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que decida si los hechos denunciados por Hazte Oír son constitutivos de los delitos de amenazas y coacciones, tal como sostiene la plataforma, al entender que el diplomático permitió la reunión celebrada en la Embajada española en la que, tras ser amenazado -dicen-, Edmundo González abandonó el país.
Esa denuncia fue presentada simultáneamente en la Fiscalía General del Estado y en la Audiencia Nacional, si bien el primer trámite al respecto llegó del órgano dirigido por Álvaro García Ortiz.
«Para evitar que lo detuvieran y silenciaran»
En esa denuncia, que recogió también Europa Press, Hazte Oír explica que tras las elecciones venezolanas celebradas a finales de julio, el opositor solicitó asilo político en la Embajada de España entre los días 4 y 5 de septiembre «para evitar que lo detuvieran y silenciaran».
La plataforma destacaba que la confianza del opositor en el embajador español era plena, «pero no era consciente de la colaboración entre este y el régimen chavista».
Así, relataba la denuncia, el 7 de septiembre el embajador facilitó la entrada en la propia Embajada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, «con el claro fin de lograr que estos intimidasen al ganador de las elecciones para lograr el propósito del régimen chavista: su salida del país».
Hazte Oír sostiene que tras amenazar al opositor, el encuentro concluyó con la firma por parte de Edmundo González de un documento «en el que renunciaba a ejercer como presidente electo». Tras ello se produciría su exilio y salida del país, cumpliéndose el objetivo del régimen bolivariano, indica la denuncia.
Coautor o colaborador
El escrito de esta plataforma recogía que el propio González aclaró con posterioridad a su salida del país que el documento que firmó con su renuncia «está viciado de una nulidad absoluta» y que por tanto se negaba a cumplirlo una vez fuera de territorio venezolano.
«Es decir, lo sometieron a amenazas y coacciones para firmar un documento dirigido a facilitar la continuidad del régimen chavista a pesar de haber perdido este las elecciones», explicaba Hazte Oír.
Sumaba a esto que existen «informaciones» que apuntan a que el embajador «estuvo presente» cuando se produjeron las amenazas, «incluso sería posible que él mismo hubiese tomado parte directa en la emisión de las mismas».
Por eso consideran necesario investigar lo ocurrido para «depurar responsabilidades».
«El denunciado participa, al entender de esta parte, como coautor o colaborador necesario, tanto al dejar entrar a los visitantes, si conocía su intención; como al no desalojarlos inmediatamente, en cuanto empezaron a desarrollar sus comportamientos delictivos, de presión, coacción y amenazas, impidiendo así que consumaran estos comportamientos con la obtención de una firma fruto de la coacción», asevera la denuncia.
Hazte Oír considera que los hechos deben investigarlos la Audiencia Nacional, dado que se está ante «potenciales delitos cometidos fuera del territorio nacional de los cuales sería criminalmente responsable un español».
Y añade que si bien sería necesaria la interposición de querella por parte de la Fiscalía, ellos albergan «legítimas dudas sobre la politización» del Ministerio Público, por lo que decidieron presentar su escrito ante la Audiencia Nacional.
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