El presidente de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, suspendió una investigación por corrupción contra el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro. Dias Toffoli tomó la medida debido a una cautelar en que aceptó el argumento del investigado de que el proceso está viciado.
La cautelar, concedida el lunes y que luego tendrá que ser analizada por el pleno del Supremo Tribunal Federal, detuvo provisionalmente los procesos no solo contra el senador, sino contra otras personas cuyos movimientos financieros fueron considerados como sospechosos, informó la Corte este martes.
A petición de la defensa de Flavio Bolsonaro, el presidente de la Corte Suprema —como único magistrado de turno durante el receso judicial— suspendió todas las investigaciones que, al igual que en el caso del hijo del gobernante, la Fiscalía abrió con base en datos fiscales, sigilosos, que los organismos gubernamentales, que vigilan los movimientos financieron sospechosos, cedieron voluntariamente.
La decisión judicial se extiende a todos los procesos que la Fiscalía ha abierto, pero sin autorización judicial y a partir de datos que fueron cedidos por la Administración Federal de Impuestos o por el Consejo de Control de Actividades Financieras, ambos órganos del Ministerio de Economía.
«Considerando que la Fiscalía viene adelantando procesos de investigación criminal sin supervisión judicial, lo que es temerario desde el punto de vista de las garantías constitucionales de cualquier acusado, se hace prudente suspender esos procedimientos», alegó Toffoli en su cautelar.
«Debe quedar registrado, sin embargo, que esta decisión no afecta las investigaciones en los casos en que los datos cedidos por los órganos administrativos de fiscalización y control fueron compartidos (con la Fiscalía) con la debida supervisión del Poder Judicial y con su previa autorización», agregó la sentencia.
Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del líder ultraderechista y quien fue elegido senador por el estado de Río de Janeiro en octubre pasado, está en la mira de la Fiscalía desde el año pasado por movimientos financieros atípicos, los cuales fueron identificados por el COAF en su cuenta bancaria y en la de 74 ex colaboradores suyos en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
La investigación comenzó debido a sospechas sobre movimientos bancarios irregulares de Fabricio Queiroz, un ex asesor de Flavio Bolsonaro. El COAF detectó dichos movimientos y llevaron al organismo a ceder la información a la Fiscalía, ente que abrió una investigación por oficio y sin pedir la autorización de un juez.
De acuerdo con el organismo, por la cuenta bancaria de Queiroz pasaron 1,2 millones de reales (hoy alrededor de 320.000 dólares) durante el periodo de un año. Dicha cifra contrasta con sus ingresos mensuales, pues en la época eran de poco más de 20.000 reales (unos 5.500 dólares).
La Fiscalía ha intentado interrogar a Queiroz y al hijo de Bolsonaro, pero ninguno de ellos se ha presentado pese a haber sido convocados varias veces para declarar.
En el recurso que presentó ante la Corte Suprema para pedir la suspensión de la investigación, Flavio Bolsonaro alegó que, en su caso y en el de los demás investigados, la Fiscalía se aprovechó del COAF para crear un atajo y huir del control del Poder Judicial.
«Sin la autorización de la justicia fue realizada una auditoría general de movimientos bancarios y financieros del acusado por más de una década, lo que constituye una flagrante burla a las reglas constitucionales que garantizan el sigilo bancario y fiscal», según cita el recurso de la defensa.
Tan solo en mayo, es decir, varios meses después de que se empezara la investigación, un juez autorizó el levantamiento del sigilo bancario y fiscal del senador y de varios de sus entonces auxiliares en el Legislativo regional, incluyendo a Queiroz.
La decisión permitió a los fiscales acceder a las cuentas bancarias del senador entre enero de 2007 y diciembre de 2018, y a sus datos fiscales entre 2008 y 2018, varios de los cuales estaban en poder de los fiscales, pues el COAF los había cedido.
Flavio Bolsonaro ha argumentado en varias oportunidades que la investigación es ilegal y que los fiscales responsables tan solo buscan perjudicar al gobierno de su padre.
En su opinión, la Fiscalía solo solicitó el levantamiento del sigilo para darle una pintura de legalidad a la investigación debido a que los fiscales ya habían obtenido acceso a todos los datos sin autorización judicial.
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