En medio de la dura batalla para encontrar una vía legislativa que proteja a los beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) en EE UU antes del 5 de marzo, el servicio militar se muestra como uno de los pocos caminos viables y seguro para que los «soñadores» puedan salvarse de la deportación.
Aunque el Senado abrió las puertas para discutir una legislación que permita proteger a unos 800.000 «soñadores» de la deportación, y un tribunal de Nueva York puso freno hoy a eliminar el programa DACA, el futuro de las negociaciones se muestra desalentador sobre un acuerdo que favorezca a estos jóvenes sin perjudicar a otros inmigrantes.
«Si la propuesta lleva a la deportación y al encarcelamiento a nosotros o nuestros amigos y familiares, nos opondremos y llamaremos a los demócratas y republicanos moderados a hacer lo mismo», advirtió hoy a Efe Greisa Martínez Rosas, de la agrupación cívica United We Dream (Unidos Soñamos).
Bajo este panorama y cuando solo faltan 20 días para que se cumpla el plazo que dio el presidente Trump para rescindir el programa, la única voz de la Administración que ha asegurado que protegerá a algunos «soñadores» es el secretario de Defensa, James Mattis.
El general advirtió que su departamento había llegado a un acuerdo con el de Seguridad Nacional para evitar la deportación de aquellos beneficiados del programa que formen parte de las Fuerzas Armadas.
Según datos del Pentágono, unos 900 amparados por DACA prestan servicio en las filas estadounidenses.
El camino que abrió Matis a los «soñadores» militares no es nuevo. En el pasado, funcionarios de gobiernos republicanos han hablado a favor de los inmigrantes indocumentados que quieran servir al ejército.
EN 2006, cuando se debatía un proyecto de reforma migratoria, varias voces de la administración de Gerorge W. Bush se apuntaron para proteger a este sector, incluyendo la del General Colin Powel, que fue presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense y Secretario de Estado durante el mandato de Bush.
En el Senado, John McCain lideró el llamado para proteger y regularizar a estos jóvenes que querían comprometerse con el ejército.
En 2014, el Representante republicano Mike Coffman (R-CO) patrocinó la Ley de Oportunidades de Alistamiento Militar de 2013, una ley independiente para los inmigrantes indocumentados servir en el ejército.
Todos los esfuerzos fracasaron, solo el programa DACA firmado en 2012 les permitió a los jóvenes cumplir el sueño de pertenecer a las fuerzas militares.
Actualmente, estos soldados respiran tranquilos por la intervención de dos jueces federales.
El juez federal de California, William Alsup, que evalúa cinco querellas contra el gobierno por poner fin a DACA, dio el primer paso para detener las intenciones de la administración Trump.
Hoy, el juez Nicholas Garaufis, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, también bloqueó la decisión del gobierno republicano de Trump aduciendo que los demandantes tienen opción de demostrar la ilegalidad de la decisión.
El próximo viernes, los altos magistrados tendrían la primera oportunidad en su calendario de evaluar si detiene el fallo de la corte del estado dorado.
Organizaciones como Foro Nacional de Inmigración y FWD.us han querido incorporar a los militares «soñadores» en el frente de la batalla y demostrar cómo éstos hacen aportes valiosos al país.
«Debemos mantener los valores familiares y asegurarnos de que los inmigrantes que necesitamos para mantener próspera a nuestra nación tengan los sistemas de apoyo familiar que les permitan contribuir a su máximo potencial», instó Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.
Las historias de «soñadores» como la de los gemelos James y John Anthony Sena, de la ciudad californiana Covina, han resonado en el público estadounidense.
Los jóvenes de 21 años están enrolados desde 2016 en las fuerzas militares y enfrentan la posibilidad de ser separados de las filas cuando pierdan DACA, a finales de este año.
Los inmigrantes pertenecen al programa Military Accessions Vital to the National Interest (MAVNI), una iniciativa diseñada para intercambiar la ciudadanía, acelerada por habilidades médicas y de idioma, cruciales entre los reclutas nacidos en el extranjero.
«Somos las personas indocumentadas más investigadas en el país», dijo John Sena, refiriéndose a las repetidas verificaciones de antecedentes para DACA y las autorizaciones de seguridad requeridas para MAVNI.
El programa ha incorporado a 10.400 soldados en el ejército desde 2009.
«En estos momentos, en cuanto a la situación del DACA, o en otras palabras, sobre cómo afecta a nuestros chicos en servicio activo, hay que aclarar que no corren peligro», aseguró el secretario de Defensa, James Mattis.
Sin embargo, el general no explicó si existía alguna vía legal para que los soldados puedan permanecer en EE UU y si las fuerzas recibirán a «soñadores» que quieran alistarse en las filas en estos momentos, ya que, según dijo, él no es «especialista» en temas migratorios.
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