Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia durante 2007-2012, será juzgado por la presunta financiación irregular de su campaña de 2012. Ello, después de que el Tribunal Supremo desestimó este martes el recurso presentado para evitar sentarse en el banquillo.
La investigación del llamado caso «Bygmalion» fue abierta en 2014. Ese año la prensa reveló que el ex mandatario superó el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que era de 22,5 millones de euros.
El juez instructor consideró en febrero de 2017 que Sarkozy debía comparecer ante un tribunal junto con otros 13 acusados. Aunque el político conservador recurrió esa decisión, el Supremo la validó este martes.
Según la acusación, para ocultar los sobrecostes de los actos electorales y de los viajes, los imputados recurrieron a los servicios de la empresa de comunicación Bygmalion, que emitió facturas falsas.
Su abogado, Emmanuel Piwnica, hizo notar en la cadena BFM TV que lo único que se le reprocha a su cliente es haber sobrepasado los límites de financiación.
Pero que no estaba implicado ni conocía la supuesta trama de falsificación de facturas.
La investigación concluyó que se ocultaron unos 20 millones de euros de gastos que debían haber figurado en las cuentas de la campaña de Sarkozy.
Esta acabó costando al menos 42,8 millones.
Un año de prisión y multa
Las cuentas de esa campaña, en la que salió derrotado frente al socialista François Hollande, fueron invalidadas en julio de 2013.
Eso motivó el pago de más de 360.000 euros de multa y devolver la subvención pública, de casi 12 millones de euros.
Esa multa no impidió que se abriera una investigación judicial y que en febrero de 2016 fuera inculpado.
La imputación mermó sus opciones de victoria en las primarias de la derecha de noviembre de ese año, en las que quedó tercero en la primera vuelta.
El cargo de financiación ilegal de campaña electoral podría acarrearle hasta un año de cárcel y 3.750 euros de multa.
Sarkozy tiene pendiente además otro proceso por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas.
Los magistrados sospechan el ex presidente recibió un financiamiento del régimen libio de Muamar el Gadafi durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo.