Rafael Correa, ex presidente del Ecuador reclamado por la justicia de su país, presentó en junio una solicitud de asilo en Bélgica, país donde reside junto a su familia desde 2017.
Correa presentó una solicitud de asilo en Bélgica en junio, días antes de que la justicia de su país emitiera una orden de arresto nacional e internacional contra él, indicaron a AFP dos fuentes próximas al caso.
Una fuente cercana al caso aseguró que la solicitud se presentó el 25 de junio y la Comisaría General para los Refugiados y Apátridas (CGRA) la examina desde el mes de agosto.
Otra fuente afirmó que el ex presidente ecuatoriano fue escuchado una primera vez para defender su solicitud a finales del verano. La CGRA no confirmó la información y explicó que el tratamiento de una solicitud toma en general «tres meses de media, aunque hay algunos que pueden tomar mucho más tiempo».
El ex mandatario en una entrevista con AFP dijo que todavía no había tomado una decisión acerca de un pedido de asilo en Bélgica y se señaló como víctima de «un acoso judicial terrible» en su país.
En Bélgica, país de donde es oriunda su esposa y donde realizó parte de sus estudios universitarios, existen dos tipos de protección internacional: el estatuto de refugiado y el de «protección subsidiaria».
Este segundo estatuto es para aquellas personas que están en una «situación en la que el regreso a su país de origen representaría un riesgo real de daños graves», subraya en su página web la Agencia Federal para la Acogida de los Solicitantes de Asilo (Fedasil).
La justicia ecuatoriana decidió el miércoles llamar a juicio a quien fue presidente de 2007 a 2017 por su presunta vinculación en el intento de secuestro del ex diputado suplente Fernando Balda en Colombia en 2012, que la policía colombiana frustró. Correa negó cualquier implicación en los hechos y acusó a su vicepresidente de 2007 a 2013 y actual jefe de Estado, Lenín Moreno, de orquestar un complot en su contra.
Sus consejeros jurídicos en el país europeo denunciaron en septiembre ante el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados, el peruano Diego García-Sayán, una «persecución judicial contra Correa por cuestiones políticas».