Era septiembre de 2024 cuando Adrianyela Contreras llegó a México junto con su hija de 2 años de edad. Había pasado las semanas anteriores caminando en compañía de un grupo de migrantes venezolanos que, como ella, también cruzaron la selva del Darién. Sin embargo, el esfuerzo no le valió para conseguir establecerse en Estados Unidos.
Contreras pasó los últimos cinco meses tratando de conseguir una cita a través de la extinta aplicación CBP One para ingresar de forma regular a Estados Unidos como solicitante de asilo, contó a BBC Mundo. Sin embargo, sus planes y los de otros miles de migrantes se vinieron abajo el 20 de enero, cuando una orden ejecutiva del presidente Donald Trump dejó sin efecto las citas agendadas en los controles fronterizos y eliminó la aplicación.
Desde entonces, cruzar la frontera irregularmente hacia Estados Unidos se ha convertido en un reto de alto riesgo para cualquier migrante. Principalmente porque, de hacerlo, podrían ser deportados a otros países que suscribieron acuerdos con el gobierno estadounidense para recibir migrantes de regreso, como El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.
Incluso pudieran exponerse a ser devueltos a Venezuela, de donde huyeron. Aunque el acuerdo de deportación entre los gobiernos de Trump y Nicolás Maduro se suspendió el 26 de febrero.
Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Luis Alberto Castillo, que llegó a Estados Unidos el 19 de enero con la intención de “darle todo a su hijo”. Apenas días después de entregarse a las autoridades para solicitar asilo, a Castillo lo enviaron a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para luego ser enviado de vuelta a Venezuela. Si bien la administración Trump lo acusó de pertenecer al Tren de Aragua, la familia de Castillo lo negó y tampoco se mostraron pruebas que demostraran tal vinculación, de acuerdo con medios estadounidenses.
De esta manera, las opciones se han reducido para los migrantes venezolanos. Y muchos, como Adrianyela Contreras, han tomado la decisión de emprender el viaje de regreso por cuenta propia. Es así cómo el flujo migratorio comienza a correr hacia el sur del continente, muchas veces descartando el “sueño americano” pero con la esperanza de afianzarse en otro destino distinto a Venezuela.
Migrantes en la selva del Darién. Foto: Luis Acosta / AFP
Un limbo de angustia para miles de migrantes venezolanos
A la suspensión de las citas para pedir asilo y las amenazas de deportaciones se suma la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que afecta al menos a 340.000 venezolanos, y del parole humanitario, del cual se beneficiaron aproximadamente otros 110.000 migrantes venezolanos. Estas medidas, que entrarán en vigor el 7 de abril de 2025, afectan a todos quienes hasta ahora habían encontrado en esos programas una vía para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Originalmente, el TPS se otorgó a los venezolanos en marzo de 2021 como forma de reconocer la crisis humanitaria y política del país. Por otro lado, el programa de parole humanitario, implementado en 2023, ofrecía una vía para que venezolanos, junto con cubanos, haitianos y nicaragüenses, pudieran ingresar al país por razones humanitarias y obtener permisos de trabajo temporales.
La suspensión de estos beneficios migratorios radica en que, a juicio de la administración Trump, las protecciones ya no eran necesarias debido a «recientes mejoras» en las condiciones sociales y económicas en Venezuela. La decisión ocurre en un contexto de políticas migratorias más estrictas que buscan reducir la inmigración irregular y reforzar la seguridad fronteriza, según argumenta el presidente estadounidense.
Esta situación deja a los migrantes venezolanos en una condición de extrema vulnerabilidad, según la profesora en Bielefeld University María Gabriela Trompetero, investigadora de la migración forzada.
“Ante el clima de miedo e incertidumbre que generan las políticas de Trump, muchos venezolanos buscarán destinos alternativos, como Brasil, Colombia y España”, dice Trompetero en conversación con El Nacional. “A pesar de ello, algunos continuarán su ruta hacia Estados Unidos, lo que probablemente fortalecerá a los grupos al margen de la ley que ofrecen rutas más peligrosas”, advierte.
Un ejemplo reciente de ello es la presencia cada vez mayor de migrantes venezolanos entre los principales solicitantes de asilo en España. Del total de 167.366 peticiones de protección internacional realizadas en el país ibérico en 2024, los venezolanos tuvieron 66.134, de acuerdo con datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Richard Grenell y Donald Trump. Foto: Instagram Richard Grenell
El principio de no devolución y las condiciones en Venezuela
Contrario a los argumentos esgrimidos por la administración Trump para cancelar el TPS y parole humanitario, Trompetero es tajante al explicar que la crisis humanitaria en Venezuela está lejos de terminar.
Para ello, la analista cita los resultados del último informe de HumVenezuela, organización de la sociedad civil que estudia y proporciona información sobre la emergencia humanitaria compleja del país. Más recientemente, en 2024, aproximadamente 86,9% de la población venezolana vivía en pobreza por ingresos y 70,6% en pobreza extrema, según el reporte.
“Asimismo, la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela de las Naciones Unidas señala que, antes, durante y después de las fraudulentas elecciones presidenciales de julio de 2024, el gobierno venezolano, junto con las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados pro-Maduro, ha incurrido en numerosas y cada vez más graves violaciones y crímenes, siguiendo una conducta ya calificada como crímenes de lesa humanidad”, recuerda.
Estas condiciones, de acuerdo con los parámetros de la ONU, convierten a los venezolanos en potenciales refugiados. Eso quiere decir que sus vidas pudieran estar en peligro si regresan a Venezuela, donde sus derechos fundamentales están en riesgo. Esta condición incluye a los migrantes venezolanos bajo el principio de no devolución, que es un pilar fundamental en el derecho de protección internacional.
“Por ello, la deportación de venezolanos que requieren protección constituye una violación directa de este precepto, respaldado por el derecho internacional en materia de refugio al que Estados Unidos se adhiere. La capacidad de acción de la comunidad internacional se ve seriamente limitada si no actúa de forma unificada”, concluye.