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Presidente de Haití acusado de dirigir un esquema de desvío de fondos

por Avatar EFE

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue acusado de dirigir una «esquema de desvío de fondos» por el Tribunal Superior de Cuentas, que difundió este viernes un informe de más de 600 páginas sobre la mala gestión de la ayuda enviada por Venezuela.

Los jueces descubrieron que en 2014 el Estado encargó la rehabilitación de los mismos tramos de una ruta a dos empresas que llevan nombres diferentes, Argitrans y Betexs, pero que tienen la misma matrícula fiscal y el mismo personal técnico.

«Las dos empresas realizaron las mismas obras de manera distinta en la misma fecha», señala el documento del tribunal, para el cual se trata «ni más ni menos que de un esquema de desvío de fondos».

Antes de su llegada al poder en 2017, Moïse dirigía Agritrans, que recibió más de 33 millones de gourdes (más de 700.000 dólares, al cambio de la época) para un proyecto vial, cuando su actividad consistía en la producción de bananas.

«El estado de este tramo de ruta suscita cuestionamientos y demuestra que hay una distancia enorme entra las sumas gastadas y la realidad de los trabajos que deberían haber sido realizados», indica el informe, elaborado por los jueces tras una visita al lugar.

Agritrans también había recibido un adelanto de fondos casi dos meses antes de la firma del contrato, un dato que llevó al tribunal a concluir que hubo «colusión, favoritismo y desvío de fondos». 

Otro contrato de rehabilitación de rutas había sido atribuido a la firma de Moise en 2015 a pesar de la opinión contraria manifestada por el Tribunal de Cuentas.

Entre 2008 y 2018, Haití fue parte del programa Petrocaribe, lanzado por el fallecido presidente Hugo Chávez y que permitió a varios países latinoamericanos y caribeños adquirir productos petroleros a precios ventajosos. 

El uso de ese fondo dio lugar a dos investigaciones del Senado, en 2016 y 2017. En el verano boreal de 2018, el movimiento «Petrocaribe Challenge» comenzó a multiplicar las manifestaciones por todo el país para exigir al Tribunal Superior de Cuentas la realización de una auditoría.