Este lunes 24 de marzo, tres abogados de la firma privada Grupo Ortega presentaron 30 demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) por la detención que consideran “ilegal” de 30 migrantes venezolanos deportados el 16 de marzo.
Aunque la demanda es a favor de 30 personas, los resultados beneficiarían a los otros 71 migrantes y 137 supuestos integrantes del Tren de Aragua, aseguraron los abogados.
Estamos pidiendo en el habeas corpus que, ante el vacío legal – jurídico en el cual están estas personas por no haber causa justa a este momento, que se pongan inmediatamente en libertad. Esa es la finalidad del habeas corpus”, indicó uno de los abogados demandantes.
#ÚltimaHora | Abogados privados en representación de 30 migrantes venezolanos deportados recientemente a El Salvador y que guardan prisión en el CECOT, presentan un habeas corpus porque aseguran que han sido detenidos «ilegalmente». pic.twitter.com/Zp1fD9UPsg
— LPGJudicial (@LPGJudicial) March 24, 2025
Además, se refirió a que el traslado de los venezolanos fue un “acto político” y dijo que fue un acto “peyorativo” y “desordenado”.
Migrantes debían ir a Venezuela
Manifestaron que por ser una deportación, las leyes de inmigración de los Estados Unidos debían enviarlos a su país de origen, en este caso Venezuela. No a otro lugar.
“Por esa razón es que lamentablemente tenemos un vacío o un limbo legal, porque no hay convenios internacionales para receptar a las personas. Consideramos que es menester que se legisle sobre ese punto para establecer un convenio internacional o de reciprocidad para efectos de que si una persona viene ya juzgada, puede venir a cumplir una pena a nuestro país”, indicaron.
Destacaron que se debe respetar los acuerdos políticos entre ambos países. Sin embargo, consideraron que en este caso se debe hacer con principio de «reciprocidad, cordialidad y de legalidad».
“El acuerdo ha sido discutido en los Estados Unidos y todavía han calificado ese acuerdo de ilegal las autoridades federales norteamericanas. Es decir, estamos cargando desde los Estados Unidos con una reverenda ilegalidad contra estos ciudadanos venezolanos. Ellos fueron deportados y tenían que estar en su país. Así tenía que ocurrir”, aseguró Salvador Ríos, otro de los abogados.
El abogado citó el artículo 8 del Código Penal de El Salvador. Detalló que los venezolanos no pueden ser detenidos en cárceles salvadoreñas porque no han cometido delitos en el país.
“La Ley Penal salvadoreña se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio de la República o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Es decir, la Ley Penal salvadoreña es eminentemente territorial. Aquí los venezolanos no han cometido ningún delito. O sea, se está violando flagrantemente y evidentemente el artículo 8 del Código Penal”, indicaron.
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