El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su gobierno no persigue a la oposición ni interviene en procesos judiciales, en una aparente referencia al caso del exmandatario Álvaro Uribe, que será llamado a juicio.
«Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia», manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.
El mandatario añadió: «La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia».
La Fiscalía formuló ayer una acusación contra Uribe «como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal», en un caso que comenzó en 2012 con una querella contra el senador de izquierdas Iván Cepeda.
Con la acusación, Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, será llamado a juicio, siendo el primer exmandatario que se sienta en el banquillo de los acusados ante la Justicia común, en una fecha aún por determinar.
La demanda de Uribe contra Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que hoy hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, pretendía demostrar una supuesta manipulación de testigos en una denuncia que éste preparaba hace 14 años en el Congreso contra el expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra Cepeda y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos por supuestos pagos y ofrecimientos a dos presos para que testificaran en contra del senador de izquierdas.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, y entonces la Fiscalía, liderada en la época por Francisco Barbosa, amigo del entonces presidente uribista Iván Duque (2018-2022), decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
La acusación contra Uribe se produce dos semanas después de que la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, asumiera el cargo, lo que permitió destrabar el proceso contra el expresidente.