La ONU pidió hoy a los países miembros más dureza en el Consejo de Derechos Humanos para los Estados que cometen las mayores atrocidades, lo que debe incluir su posible exclusión de este órgano, a la vez que enumeró graves abusos en naciones como Birmania, Yemen, Venezuela y Burundi.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, animó hoy en su discurso de apertura de la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos al presidente de este foro, el salvadoreño Joaquín Alexander Maza Martelli, y a los países miembros «a levantar su voz de manera más fuerte y unida en asuntos internacionales, en nombre de los derechos humanos».
En este sentido sugirió para los casos en los que ni condenas, ni informes regulares, mecanismos de supervisión o comisiones de investigación consiguen revertir la situación o se topan con oídos sordos, adoptar la medida más extrema que puede tomar la ONU.
«Sugiero que se considere la necesidad de excluir de este órgano a los Estados implicados en las violaciones más atroces de derechos humanos», dijo el diplomático jordano.
En círculos diplomáticos entorno al Consejo se está barajando la posibilidad de pedir la suspensión como miembro del organismo a Burundi, dado que una comisión de investigación independiente del propio ente concluyó que el gobierno burundés cometió delitos contra la humanidad.
Una suspensión debe ser decidida por la Asamblea General de la ONU, pero el Consejo podría solicitarla argumentando que un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo no puede ser garante de las leyes fundamentales.
La violencia, de carácter político, estalló tras el anuncio en 2015 del presidente burundés, Pierre Nkurunziza, de que se presentaría para optar a un tercer mandato presidencial consecutivo.
EE UU ha criticado duramente el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos y ha pedido que se reforme ante la «hipocresía» de los países en este foro cuando señalan a unos países por los abusos, especialmente Israel, e ignoran atrocidades en otros lugares del mundo.
«Con frecuencia una emergencia particularmente crítica exigirá la atención centrada de este Consejo y en esas circunstancias, cuando toma medidas rápidas, hay que alabarlo. Pero cuando no lo hace con la urgencia y la magnitud que requiere la crisis, la selectividad se convierte en un veneno que acaba con la credibilidad de este órgano», recalcó Zeid.
El alto comisionado, a pesar de que no pidió la suspensión de ningún país del Consejo en su discurso, solicitó a los países miembros del Consejo que salvaguarden los más elevados estándares en la promoción y la protección de los derechos humanos.
Además, aprovechó la ocasión para pedir a este órgano de la ONU que tome durante la actual sesión medidas en varios Estados, como en Venezuela y en Yemen.
En el primer caso pidió una «investigación internacional» sobre las violaciones de derechos humanos cometidos en el país andino, dado que considera que en Venezuela pueden haberse cometido «crímenes contra la humanidad» en el marco de las protestas antigubernamentales.
Zeid además no ve adecuado la actual Comisión de la Verdad y Reconciliación salvo que se remodele y cuente a partir de entonces con el apoyo y la implicación de la comunidad internacional.
El diplomático jordano también consideró «extremadamente alarmante» la situación en Yemen, por lo que urgió «por tercera vez» al Consejo a establecer un ente investigador internacional e independiente para verificar y documentar los abusos en ese país, inmerso en una guerra civil.
Zeid se mostró además especialmente duro con Birmania (Myanmar), al afirmar que en ese país puede estar produciéndose una «limpieza étnica» de la minoría musulmana rohinyá, además de posibles crímenes contra la humanidad.
El alto comisionado, que recordó que en menos de tres semanas han huido del estado de Rakhine a Bangladesh unos 300.000 rohinyás por la brutal operación de seguridad en esa zona en respuesta a un ataque de un grupo insurgente perteneciente a esta minoría étnica el pasado 25 de agosto, instó a las autoridades birmanas a permitir a su oficina «acceso sin restricciones al país».
Igualmente instó al gobierno birmano «a poner fin a sus crueles operaciones militares actuales, a rendir cuentas por todas las violaciones ocurridas y a revertir el patrón de la severa y extendida discriminación contra la población rohinyá.